Editorial

Parches y no soluciones para las víctimas de la crisis

Con el récord histórico ya de cuatro millones de parados en España, las administraciones buscan soluciones de urgencia debajo de las piedras. Gobiernos regionales y ayuntamientos se han lanzado a la vorágine de crear empleo, sobre todo para el millón de españoles que no cobra ya prestación alguna. En algunos casos dando prioridad a los que les son ideológicamente afines, lo que dista mucho de ser un comportamiento moral.
Escalona no es una excepción. Los planes se centran en empleos más o menos productivos o con más o menos lógica económica. Pero el denominador común es que con esas iniciativas, los políticos se limitan a poner parches en vez de tomar medidas de fondo para crear y cimentar la auténtica economía nacional del futuro. Y para dar auténticas soluciones a las víctimas de la crisis.
Es verdad que la creación de empleo para parados ha sido una constante de los ayuntamientos desde hace años. La novedad es que ahora se prima a quienes han dejado de cobrar la prestación por desempleo. Y lo que en principio está bien, es muy probable que resulte al final poco más que un paño caliente.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que impulsará 11.000 contratos -de al menos 3 meses de duración y un sueldo mínimo, de 865 euros mensuales- para parados sin prestación, con el fin de que vuelvan a cotizar y recuperen sus derechos. Se van a centrar en obras, jardinería y asistencia social. El coste público estimado es de unos 50 millones de euros.
Naturalmente, a quien lleguen esos empleos le vendrá bien. ¡Faltaría más! Pero nadie habla de planes para crear un tejido tecnológico con esos subsidios que chirrían desde una óptica liberal.
La consejera regional de empleo, Mari Luz Rodríguez lo justificaba así: "Teníamos una urgencia (58.000 parados castellano-manchegos que carecen ya cobertura) y podíamos hacer dos cosas: concederles un subsidio o darles la oportunidad de un trabajo y una cotización, y optamos por esto último porque genera un retorno a la comunidad".
El presidente regional, José María Barreda, lo explicaba en otros términos: "Que no haya lunes al sol". Pero uno y otra admiten que no se trata más que de “salir del paso”. Los críticos de estas prácticas los denominan empleos artificiales. O lo que es igual, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quién tendrá razón?
El tiempo lo dirá, pero sigue preocupando que en ningún caso esos contratos se ligan a lo que es preciso para remontar la crisis: más y mejor tecnología (I+D+I), recuperación del medio natural y sobre todo industrias capaces de producir artículos que compitan por el mundo.
Algunos economistas los han denominado “empleos kleenex”, porque son de usar y tirar. Juan Iranzo, que es director del Instituto de Estudios Económicos, ha dicho claramente que “no puedo estar más en desacuerdo con la generación de este tipo de empleos artificiales, porque desincentiva la creación de puestos de trabajo reales en la economía competitiva y malgasta recursos que se deberían destinar a proyectos de infraestructuras de energía o agua, por ejemplo".
Pero desde el lado práctico del asunto se argumenta que dan trabajo y de ese modo ingresos a familias en apuros a la espera de que la economía se recupere. Y es entonces cuando cabe preguntarse ¿conseguiremos recuperar la economía con este tipo de gastos improductivos? La duda parece más que razonable.
Pero es verdad que también tiene validez el argumento de que la eficiencia económica precisa dosis de justicia social, porque es necesario hacer algo y que la sociedad no tenga sensación de injusticia.
Es cierto que era un escándalo ver cómo desde el Estado, con el dinero de nuestros impuestos, se ayudaba a los bancos. Y la presión social comenzaba a subir muchos grados, sobre todo viendo la insolidaridad de las entidades financieras hacia el ciudadano.
En estas circunstancias es preciso subrayar que, como en todo, en esta materia también está la virtud en el término medio. Es decir, se puede y se debe ayudar a quienes están en apuros –pero a todos y no sólo a los que caen simpáticos al político de turno-, añadiendo controles de limpieza para el proceso y sobre todo animando a quienes aporten proyectos de futuro.
Hay campos, como las energías renovables o el cuidado de las personas con dependencias que parecen recibir menos estímulo que las obras, que al final viene a ser más de lo mismo que nos condujo al pozo: el ladrillo. La consejera catalana de Trabajo, Mar Serna, define esos sectores y otros similares como “estratégicos”.
Esa política catalana señala que “muchos alcaldes piden fondos para pequeñas obras y ése no es el objetivo” y explica que si piden recursos para formación en biomasa, se puede acabar creando una cooperativa.
Cataluña invirtió 115 millones de euros el año pasado en promoción por el empleo e impulsó la contratación de cerca de 13.000 personas. De éstas, unas 3.000 desempeñaron trabajos forestales, mejora de equipamientos públicos o, actividades de ocio infantil.
Otros economistas son menos piadosos y se quejan sin tapujos del plan de desarrollo local –el célebre Plan E- dotado de 8.000 millones que lanzó el presidente Zapatero, con el que pretendía crear 300.000 empleos este año.
Alguno dice que "sólo sirve para consolidar el desequilibrio de un sector (la construcción) que necesita un ajuste" y sugieren que van a venir a enmascaras el subempleo e incluso los trabajos innecesarios.
Por eso, los expertos aconsejan que los gobiernos, central, autonómicos y municipales tengan la amplitud de miras precisa para actuar tanto en el corto como en el largo plazo. Hasta ahora, se quejan, sólo parecen existir planes a corto, mientras que las medidas estratégicas tendentes a cambiar el modelo económico no pasan más que de la fase verbal.