El Supremo admite una querella contra Garzón por prevaricación
Madrid.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella presentada por Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que se acusa al magistrado de prevaricación, por
excederse en sus competencias en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
La admisión de esta querella, que obligará al magistrado a declarar en calidad de imputado cuando sea requerido por el tribunal, se adopta en oposición al criterio de la Fiscalía, que había informado en contra.
El Supremo toma como base el informe del Fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el que se oponía a que el juez investigara los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura y negaba la competencia de la Audiencia.
"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella; lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", indica el alto tribunal en su auto. Luciano Varela ha sido el juez designado como instructor.
La organización ultraderechista Manos Limpias ha explicado que en su querella también solicita que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus func
iones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento.
El presidente, Miguel Bernard, considera que Garzón cometió prevaricación, es decir, dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En la querella, presentada el pasado 26 de enero, Manos Limpias exponía que el juez prescindió "total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama".
Durante el año pasado, el magistrado abrió una investigación para esclarecer las responsabilidades de los crímenes cometidos durante la dictadura. El juez acusaba al General Francisco Franco y a otros 44 miembros de sus Gobiernos y miembros de Falange de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad".
En lo que respecta a la apertura de fosas de los represaliados por la dictadura, Garzón se inhibió en noviembre en favor de los 62 juzgados territoriales donde se encuentran enterrados los cuerpos, pero añadía que debían investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños. El juez tomó esta decisión después de declarar extinguida la responsabilidad penal de Franco y del resto de mandos de la dictadura. De acuerdo con el auto emitido el año pasado por el magistrado, Franco y los militares golpistas desarrollaron una "actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas", lo que significó un "crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg".
excederse en sus competencias en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.La admisión de esta querella, que obligará al magistrado a declarar en calidad de imputado cuando sea requerido por el tribunal, se adopta en oposición al criterio de la Fiscalía, que había informado en contra.
El Supremo toma como base el informe del Fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en el que se oponía a que el juez investigara los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura y negaba la competencia de la Audiencia.
"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella; lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", indica el alto tribunal en su auto. Luciano Varela ha sido el juez designado como instructor.
La organización ultraderechista Manos Limpias ha explicado que en su querella también solicita que el Consejo General del Poder Judicial suspenda cautelarmente de sus func
iones al juez mientras termina de instruirse ese procedimiento.El presidente, Miguel Bernard, considera que Garzón cometió prevaricación, es decir, dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En la querella, presentada el pasado 26 de enero, Manos Limpias exponía que el juez prescindió "total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama".
Durante el año pasado, el magistrado abrió una investigación para esclarecer las responsabilidades de los crímenes cometidos durante la dictadura. El juez acusaba al General Francisco Franco y a otros 44 miembros de sus Gobiernos y miembros de Falange de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad".
En lo que respecta a la apertura de fosas de los represaliados por la dictadura, Garzón se inhibió en noviembre en favor de los 62 juzgados territoriales donde se encuentran enterrados los cuerpos, pero añadía que debían investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños. El juez tomó esta decisión después de declarar extinguida la responsabilidad penal de Franco y del resto de mandos de la dictadura. De acuerdo con el auto emitido el año pasado por el magistrado, Franco y los militares golpistas desarrollaron una "actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas", lo que significó un "crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg".
