Madrid.-La exhumación de los restos del poeta Federico García Lorca, símbolo de muchas víctimas de la guerra civil, sigue arrastrando la polémica y pasa de instancia en
instancia judicial, sin que nadie parezca poder o querer resolverla.La juez granadina que llevaba el caso, Aurora María Fernández, se ha declarado ahora incompetente para investigar los supuestos "crímenes de lesa humanidad" que entraña el asesinato del poeta y ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional, que podría pedir al Supremo que resuelva el litigio entre ambos órganos.
Mientras tanto, pacíficamente, en la fosa donde fueron arrojados por los asesinos, aguardan los restos del poeta, del maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, fusilados junto a Lorca.
Los descendientes de Galindo dicen que llevan 11 años luchando para intentar recuperar los restos de sus familiares y no van a desesperar. Así al menos lo manifiesta Nieves Galindo, la nieta del maestro republicano de Pulianas, que ayer recibió como un nuevo mazazo la decisión de la juez.
"Es un sinsentido, parece que nadie se atreve a tocar esta fosa, es una pelota que nadie quiere asumir", ha comentado y su opinión es compartida por el nieto de Francisco Galadí, uno de los banderilleros asesinados junto al poeta.
Galindo recibi
ó la "mala noticia" como una pérdida de tiempo porque, recuerda, la exhumación que solicitan, igual que otros muchos descendientes de represaliados, "está recogida en la Ley de Memoria". "Decepcionante e indignante", es el comentario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada ante la postura de la juez, al tiempo que recuerda que los crímenes del franquismo "siguen en sede judicial pendientes de investigación y enjuiciamiento".El abogado Antonio José Vélez considera que "las víctimas de los crímenes cometidos en Granada siguen sin amparo judicial", ya que se les niega, entiende, "el derecho a la localización e identificación de las personas objeto de detención ilegal y desaparición forzosa".
Tanto la asociación como los familiares de Galindo y Galadí en este caso creen que se está "dificultando el derecho a la tutela judicial efectiva". Seguirán desarrollando cuantas acciones judiciales sean necesarias ante el Estado español y anuncian que están dispuestos a acudir a la jurisdicción internacional para "depurar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista".
Los ojos están ahora vueltos a la Audiencia Nacional. Fuentes de este órgano judicial explican que, una vez que reciban el auto de la juez, "se estudiará la posibilidad de pedir al Tribunal Supremo que resuelva sobre una cuestión de competencia" entre ambos órganos judiciales (la propia Audiencia Nacional y Juzgado de Instrucción 3 de Granada).La paradoja es que al considerarse no competent
e para tomar una decisión acerca de las fosas comunes del franquismo por enmarcarse dentro de lo que puede considerarse como "crímenes contra la humanidad" , la juez granadina da la razón a la visión que en primer término tuvo Garzón. Porque el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se declaró el pasado 16 de octubre competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizara la exhumación de las fosas -actuaciones que podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación"- Garzón se inhibió a favor de los juzgados territoriales y el expediente llegó al Juzgado de Granada.
