Madrid.-La exhumación de los restos del poeta Federico García Lorca, símbolo de muchas víctimas de la guerra civil, sigue arrastrando la polémica y pasa de instancia en

La juez granadina que llevaba el caso, Aurora María Fernández, se ha declarado ahora incompetente para investigar los supuestos "crímenes de lesa humanidad" que entraña el asesinato del poeta y ha devuelto la causa a la Audiencia Nacional, que podría pedir al Supremo que resuelva el litigio entre ambos órganos.
Mientras tanto, pacíficamente, en la fosa donde fueron arrojados por los asesinos, aguardan los restos del poeta, del maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, fusilados junto a Lorca.
Los descendientes de Galindo dicen que llevan 11 años luchando para intentar recuperar los restos de sus familiares y no van a desesperar. Así al menos lo manifiesta Nieves Galindo, la nieta del maestro republicano de Pulianas, que ayer recibió como un nuevo mazazo la decisión de la juez.
"Es un sinsentido, parece que nadie se atreve a tocar esta fosa, es una pelota que nadie quiere asumir", ha comentado y su opinión es compartida por el nieto de Francisco Galadí, uno de los banderilleros asesinados junto al poeta.
Galindo recibi

El abogado Antonio José Vélez considera que "las víctimas de los crímenes cometidos en Granada siguen sin amparo judicial", ya que se les niega, entiende, "el derecho a la localización e identificación de las personas objeto de detención ilegal y desaparición forzosa".
Tanto la asociación como los familiares de Galindo y Galadí en este caso creen que se está "dificultando el derecho a la tutela judicial efectiva". Seguirán desarrollando cuantas acciones judiciales sean necesarias ante el Estado español y anuncian que están dispuestos a acudir a la jurisdicción internacional para "depurar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista".
Los ojos están ahora vueltos a la Audiencia Nacional. Fuentes de este órgano judicial explican que, una vez que reciban el auto de la juez, "se estudiará la posibilidad de pedir al Tribunal Supremo que resuelva sobre una cuestión de competencia" entre ambos órganos judiciales (la propia Audiencia Nacional y Juzgado de Instrucción 3 de Granada).La paradoja es que al considerarse no competent
