Cospedal deberá declarar sobre las acusaciones de escuchas ilegales al PP
Madrid.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid ha citado para el próximo 17 de febrero a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a fin de que se ratifique o se retracte de las declaraciones que hizo en verano, den
unciando escuchas ilegales del gobierno a su partido.
La citación responde a la demanda de conciliación interpuesta por un grupo de Facebook llamado «De Cospedal debe ser demandada por injurias» y encabezado por el concejal del PSOE en Cehegín (Murcia) Carlos Rodríguez Ibáñez.
En el PP se asegura que De Cospedal esperará a que le sea notificada esta citación antes de valorar si acude o no al acto de conciliación, paso previo a la presentación, en su caso, de una demanda civil o de una denuncia o querella. No obstante, fuentes jurídicas recordaron que la interposición de esta última no sería posible, pues este grupo de internautas, que piden el «retracto público de sus manifestaciones», carece de la condición de perjudicados directos que exige la ley.
El pasado 6 de agosto, De Cospedal aseguró en una entrevista que su partido tenía constancia de que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales. Y todo apunta a que a día de hoy lo seguiría manteniendo, porque hace sólo dos semanas, y sin acto de conciliación por medio, la secretaria general del PP contestó así cuando se le preguntó si seguía teniendo la sensación de que se estaba escuchando a los dirigentes del partido: «El PP sabía muy bien lo que decía (...). Fíjese si teníamos la sensación, que hemos conocido todos el asunto (del sistema de comunicaciones) Sitel y hemos solicitado que sea regulado por ley orgánica. Todo el ámbito judicial ha dicho que eso era lo más oportuno, la regulación por ley orgánica de la limitación del derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones. Sin embargo el Gobierno no ha querido», se quejó la dirigente popular.
Para los impulsores de la demanda de conciliación, De Cospedal debería asumir «las responsabilidades políticas lógicas por acusar al Gobierno de tan grave delito sin una sola prueba que lo demuestre o bien presentarlas y demandar a Gobierno por las indicadas escuchas ilegales».
unciando escuchas ilegales del gobierno a su partido.La citación responde a la demanda de conciliación interpuesta por un grupo de Facebook llamado «De Cospedal debe ser demandada por injurias» y encabezado por el concejal del PSOE en Cehegín (Murcia) Carlos Rodríguez Ibáñez.
En el PP se asegura que De Cospedal esperará a que le sea notificada esta citación antes de valorar si acude o no al acto de conciliación, paso previo a la presentación, en su caso, de una demanda civil o de una denuncia o querella. No obstante, fuentes jurídicas recordaron que la interposición de esta última no sería posible, pues este grupo de internautas, que piden el «retracto público de sus manifestaciones», carece de la condición de perjudicados directos que exige la ley.
El pasado 6 de agosto, De Cospedal aseguró en una entrevista que su partido tenía constancia de que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales. Y todo apunta a que a día de hoy lo seguiría manteniendo, porque hace sólo dos semanas, y sin acto de conciliación por medio, la secretaria general del PP contestó así cuando se le preguntó si seguía teniendo la sensación de que se estaba escuchando a los dirigentes del partido: «El PP sabía muy bien lo que decía (...). Fíjese si teníamos la sensación, que hemos conocido todos el asunto (del sistema de comunicaciones) Sitel y hemos solicitado que sea regulado por ley orgánica. Todo el ámbito judicial ha dicho que eso era lo más oportuno, la regulación por ley orgánica de la limitación del derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones. Sin embargo el Gobierno no ha querido», se quejó la dirigente popular.
Para los impulsores de la demanda de conciliación, De Cospedal debería asumir «las responsabilidades políticas lógicas por acusar al Gobierno de tan grave delito sin una sola prueba que lo demuestre o bien presentarlas y demandar a Gobierno por las indicadas escuchas ilegales».
