Un juzgado anula el acuerdo de expropiación para el nuevo vertedero de Toledo
Toledo.- Un juzgado de Toledo ha anulado el acuerdo de aprobación definitiva de la Diputación de Toledo para el expediente de expropiación necesario para las obras del nuevo vertedero que se pretende instalar en la dehesa Aceituno, próxima a la capital. 
Según la sentencia, la juez Luisa Casal, sustituta en el juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo, estima un recurso con el que retrotrae las actuaciones del expediente e insta a que sea seleccionada una mejor ubicación para el vertedero.
En la sentencia se fundamenta que la Administración provincial tiene que explicar a quienes pretende expropiar bienes o derechos cuáles han sido los criterios de selección y las alternativas de ubicación para el nuevo vertedero.
Asimismo, la juez advierte sobre la posibilidad de una desviación de poder hacia otra Administración conforme al órgano originario de la propuesta en la dehesa Aceituno, así como resalta que debe constar en el expediente cuál es el posible impacto sobre el río Tajo y debe ser informado el organismo de cuenca.
El pasado noviembre socialista el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, anunció un acuerdo que fue cerrado entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital para el traslado del vertedero a la dehesa Aceituno, el cual estaba previsto que fuera suscrito este mes de enero de 2010.
Pese a que la parte recurrente alegó que con el expediente se había infringido la Ley de Expropiación Forzosa por la falta de declaración de utilidad pública o interés social, la juez ha indicado que la utilidad pública se encuentra implícita en todos los planes de obras. En este caso, la instalación del vertedero tiene cobertura en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.
No obstante, la parte demandante también alega en su pretensión de alegación que han existido defectos en el procedimiento seguido en la ejecución de ese Plan, dado que la expropiación forzosa iba aparejada al proyecto de obras. Esto, según la juez, sí que se ha incumplido, pues han de ser motivados aquellos actos que limiten derechos o intereses.
Por ello, la juez dicta que los afectados por la expropiación tienen derecho a conocer los criterios para la selección de esa finca y no otra para la ubicación del vertedero, para que puedan rebatirlos en su defensa.
La juez apunta que del expediente y de las pruebas judiciales practicadas queda acreditada "la existencia de fincas de la Diputación susceptibles de poder albergar las obras del vertedero, sin necesidad de expropiación".
"E igualmente se acredita que la ubicación aprobada nace de una propuesta de un órgano ajeno a la propia Diputación", susceptible del defecto de desviación de poder, y asimismo en indefensión del expropiado, una causa de anulabilidad.
Según la sentencia, la juez Luisa Casal, sustituta en el juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo, estima un recurso con el que retrotrae las actuaciones del expediente e insta a que sea seleccionada una mejor ubicación para el vertedero.
En la sentencia se fundamenta que la Administración provincial tiene que explicar a quienes pretende expropiar bienes o derechos cuáles han sido los criterios de selección y las alternativas de ubicación para el nuevo vertedero.
Asimismo, la juez advierte sobre la posibilidad de una desviación de poder hacia otra Administración conforme al órgano originario de la propuesta en la dehesa Aceituno, así como resalta que debe constar en el expediente cuál es el posible impacto sobre el río Tajo y debe ser informado el organismo de cuenca.
El pasado noviembre socialista el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, anunció un acuerdo que fue cerrado entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital para el traslado del vertedero a la dehesa Aceituno, el cual estaba previsto que fuera suscrito este mes de enero de 2010.
Pese a que la parte recurrente alegó que con el expediente se había infringido la Ley de Expropiación Forzosa por la falta de declaración de utilidad pública o interés social, la juez ha indicado que la utilidad pública se encuentra implícita en todos los planes de obras. En este caso, la instalación del vertedero tiene cobertura en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.
No obstante, la parte demandante también alega en su pretensión de alegación que han existido defectos en el procedimiento seguido en la ejecución de ese Plan, dado que la expropiación forzosa iba aparejada al proyecto de obras. Esto, según la juez, sí que se ha incumplido, pues han de ser motivados aquellos actos que limiten derechos o intereses.
Por ello, la juez dicta que los afectados por la expropiación tienen derecho a conocer los criterios para la selección de esa finca y no otra para la ubicación del vertedero, para que puedan rebatirlos en su defensa.
La juez apunta que del expediente y de las pruebas judiciales practicadas queda acreditada "la existencia de fincas de la Diputación susceptibles de poder albergar las obras del vertedero, sin necesidad de expropiación".
"E igualmente se acredita que la ubicación aprobada nace de una propuesta de un órgano ajeno a la propia Diputación", susceptible del defecto de desviación de poder, y asimismo en indefensión del expropiado, una causa de anulabilidad.
La organización ambientalista Ecologistas en Acción ha denunciado repetidamente que la zona donde se pretende ubicar el nuevo vertedero goza de un importante valor ambiental y existen otras alternativas mejores.
