Hipocresía con los inmigrantes
Por M. Molares
Por fin comienza en España el debate sobre si los ayuntamientos deben empadronar, y comenzar así a legalizar a los inmigrantes indocumentados, o si debe ser el Gobierno, que se niega a documentarlos, al contrario de lo que prometía el PSOE antes de acceder al poder, cuando pedía "Papeles para todos".
En Espa
ña siempre se rehuyó el debate sobre cómo llegaron los alrededor de cuatro millones de inmigrantes que hay actualmente, el 8,6 por ciento de la población, aunque la prensa, incluso la de derechas, admite que su trabajo ha enriquecido el país.
El hecho es que la inmensa mayoría de los inmigrantes, al margen de cómo entrara, se quedó ilegalmente. Muchos lograron regularizar su situación negándose a revelar su nacionalidad, por lo que no podían ser expulsados a ninguna parte.
El primer paso para iniciar el proceso que facilita el permiso de residencia es el padrón municipal, que hasta ahora entregaban los ayuntamientos sin pedir más que la dirección de residencia.
Cuando la economía marchaba bien el trabajo de los inmigrantes facilitaba al cabo de un tiempo su legalización, pero la crisis ha venido a trastocar el escenario.
Ahora, gran número de ellos, aparte de estar desempleados, tienen familias para las que demandan servicios sociales y sanitarios como todos los españoles.
Y aparecen ayuntamientos, como el de Vich, en Barcelona, con el 25 por ciento de inmigrantes, que han comenzado a negarse a empadronar a los indocumentados.
Decisión adoptada con apoyo “progresista” de los socialistas locales, del secesionista ERC, del nacionalista CiU, y del PP, aunque este carece de responsabilidades municipales, y de un partido neofascista que crece aceleradamente, Plataforma por Cataluña.
El Gobierno, proclamándose humanitario y progresista, afirma que esta medida es ilegal, pero a la vez mantiene todas las trabas que impiden las legalizaciones: hipocresía progre.
Por M. Molares
Por fin comienza en España el debate sobre si los ayuntamientos deben empadronar, y comenzar así a legalizar a los inmigrantes indocumentados, o si debe ser el Gobierno, que se niega a documentarlos, al contrario de lo que prometía el PSOE antes de acceder al poder, cuando pedía "Papeles para todos".
En Espa
ña siempre se rehuyó el debate sobre cómo llegaron los alrededor de cuatro millones de inmigrantes que hay actualmente, el 8,6 por ciento de la población, aunque la prensa, incluso la de derechas, admite que su trabajo ha enriquecido el país.El hecho es que la inmensa mayoría de los inmigrantes, al margen de cómo entrara, se quedó ilegalmente. Muchos lograron regularizar su situación negándose a revelar su nacionalidad, por lo que no podían ser expulsados a ninguna parte.
El primer paso para iniciar el proceso que facilita el permiso de residencia es el padrón municipal, que hasta ahora entregaban los ayuntamientos sin pedir más que la dirección de residencia.
Cuando la economía marchaba bien el trabajo de los inmigrantes facilitaba al cabo de un tiempo su legalización, pero la crisis ha venido a trastocar el escenario.
Ahora, gran número de ellos, aparte de estar desempleados, tienen familias para las que demandan servicios sociales y sanitarios como todos los españoles.
Y aparecen ayuntamientos, como el de Vich, en Barcelona, con el 25 por ciento de inmigrantes, que han comenzado a negarse a empadronar a los indocumentados.
Decisión adoptada con apoyo “progresista” de los socialistas locales, del secesionista ERC, del nacionalista CiU, y del PP, aunque este carece de responsabilidades municipales, y de un partido neofascista que crece aceleradamente, Plataforma por Cataluña.
El Gobierno, proclamándose humanitario y progresista, afirma que esta medida es ilegal, pero a la vez mantiene todas las trabas que impiden las legalizaciones: hipocresía progre.
(M. Molares es escritor, periodista y marino mercante)
