Los obispos avisan: los políticos no podrán comulgar si apoyan la ley del aborto
Madrid.- Para la Iglesia católica no hay voto de partido que valga e ir en contra de un derecho tan fundamental como el derecho a la vida es un «contrasentido ético» que no admite «ningún tipo de negociación». Así lo ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, en alusión a la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno. 
A la espera del próximo debate parlamentario, Martínez Camino avisó a la clase política que ningún católico «puede aprobar ni dar su voto a favor» de esta reforma sin caer «objetivamente en un pecado mortal». «Esto vale para todos, incluso por encima de lo que diga el partido», insistió.
El portavoz del episcopado parecía referirse así al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien semanas atrás aseguró que no habrá en la votación de esta reforma el voto de conciencia sino sólo el de partido, por lo que todo diputado que esté en contra del proyecto no tendrá otra opción que abandonar el escaño
Además, el portavoz recordó que todo aquel que «propague» esta nueva normativa incurrirá en un «pecado público», por lo que tampoco «podrá ser admitido en la Sagrada Comunión». Esta situación no equivale a la de la excomunión, ya que, según explicó, ésta sólo recae inmediatamente en los «que participan directamente en un aborto realizado».
El secretario general completó su lista con la herejía, al señalar que incurre en ella todo político que afirme que «quitar la vida a un ser humano inocente es legítimo», ya que «va en contra de la fe divina y católica que es la ley máxima de la Doctrina de la Iglesia».
Con esta enumeración, el prelado pretendió resaltar «la enorme herida en la conciencia social y moral» que supone la reforma. De hecho, recordó que la primera ley del aborto surgió en 1920 en la Unión Soviética de Lenin. «Es curioso -señaló- pero allí es donde el aborto empezó a tener un respaldo legal, en un Estado que se consideraba propietario de la vida». En todo caso, añadió, «la vida es un bien público de primer orden que obliga a todos, incluso al Estado, a protegerla».
Martínez Camino también llamó la atención sobre la paradoja de que esta ley se enmarque en lo que los socialistas llaman «salud reproductiva». «El aborto nunca es curar, es absolutamente contrario a un acto médico», opinó el portavoz, quien tachó de «coraje cívico» la actitud de muchos profesionales de la sanidad que se acogen al derecho a la objeción de conciencia a pesar de la «gran presión social» que pesa sobre ellos.
Un capítulo aparte dedicó el también obispo auxiliar de Madrid a las mujeres víctimas del aborto y al casi nulo apoyo del Estado a la protección de la maternidad. «España está a la cola de Europa en ayudas por hijo. Mientras que en Alemania o Luxemburgo alcanzan los 1.500 euros, en nuestro país no llega a los 80», precisó.
Con esta postura a favor de la vida, la Iglesia no persigue que las mujeres víctimas de un aborto «vayan a la cárcel». «La Iglesia nunca las dejará solas con su tragedia y siempre encontrarán acogida para que puedan rehacer sus vidas», recordó el portavoz.
A la espera del próximo debate parlamentario, Martínez Camino avisó a la clase política que ningún católico «puede aprobar ni dar su voto a favor» de esta reforma sin caer «objetivamente en un pecado mortal». «Esto vale para todos, incluso por encima de lo que diga el partido», insistió.
El portavoz del episcopado parecía referirse así al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien semanas atrás aseguró que no habrá en la votación de esta reforma el voto de conciencia sino sólo el de partido, por lo que todo diputado que esté en contra del proyecto no tendrá otra opción que abandonar el escaño
Además, el portavoz recordó que todo aquel que «propague» esta nueva normativa incurrirá en un «pecado público», por lo que tampoco «podrá ser admitido en la Sagrada Comunión». Esta situación no equivale a la de la excomunión, ya que, según explicó, ésta sólo recae inmediatamente en los «que participan directamente en un aborto realizado».
El secretario general completó su lista con la herejía, al señalar que incurre en ella todo político que afirme que «quitar la vida a un ser humano inocente es legítimo», ya que «va en contra de la fe divina y católica que es la ley máxima de la Doctrina de la Iglesia».
Con esta enumeración, el prelado pretendió resaltar «la enorme herida en la conciencia social y moral» que supone la reforma. De hecho, recordó que la primera ley del aborto surgió en 1920 en la Unión Soviética de Lenin. «Es curioso -señaló- pero allí es donde el aborto empezó a tener un respaldo legal, en un Estado que se consideraba propietario de la vida». En todo caso, añadió, «la vida es un bien público de primer orden que obliga a todos, incluso al Estado, a protegerla».
Martínez Camino también llamó la atención sobre la paradoja de que esta ley se enmarque en lo que los socialistas llaman «salud reproductiva». «El aborto nunca es curar, es absolutamente contrario a un acto médico», opinó el portavoz, quien tachó de «coraje cívico» la actitud de muchos profesionales de la sanidad que se acogen al derecho a la objeción de conciencia a pesar de la «gran presión social» que pesa sobre ellos.
Un capítulo aparte dedicó el también obispo auxiliar de Madrid a las mujeres víctimas del aborto y al casi nulo apoyo del Estado a la protección de la maternidad. «España está a la cola de Europa en ayudas por hijo. Mientras que en Alemania o Luxemburgo alcanzan los 1.500 euros, en nuestro país no llega a los 80», precisó.
Con esta postura a favor de la vida, la Iglesia no persigue que las mujeres víctimas de un aborto «vayan a la cárcel». «La Iglesia nunca las dejará solas con su tragedia y siempre encontrarán acogida para que puedan rehacer sus vidas», recordó el portavoz.
