La UE autoriza a los estados a cortar internet sin orden judicial
Madrid.- Los gobiernos de los 27 estados de la Unión Europea (UE) han quedado autorizados a cortar el 
acceso a internet sin orden judicial previa a los ciudadanos que compartan o descarguen en la red películas, música u otros ficheros que se consideren ilegales. El Parlamento Europeo aprobó ayer el paquete legislativo de reforma del mercado de telecomunicaciones, que refuerza los derechos de los consumidores y la competencia entre las compañías, pero que permite que se pueda restringir a los ciudadanos el acceso a la red sin autorización judicial previa si participan en una actividad ilícita.El paquete legislativo fue aprobado por 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones. Los Veintisiete tendrán de plazo hasta junio del 2011 para adaptar sus legislaciones nacionales a los requisitos fijados en las directivas europeas aprobadas.Después de dos años de tramitación y de una enconada batalla política entre la Eurocámara y los gobiernos de los Veintisiete, la nueva directiva marco sobre redes y comunicaciones electrónicas introduce una serie de salvaguardas para limitar la capacidad de las autoridades de restringir el acceso a internet. Las condiciones fijadas intentan proteger los derechos de los ciudadanos, ya que resultó imposible consensuar la demanda inicial parlamentaria de una orden judicial previa.Las restricciones al acceso a internet «solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en el marco de una sociedad democrática», precisa el artículo 1 de la directiva marco.Las restricciones «solo podrán adoptarse respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada» y tras un «un procedimiento previo justo e imparcial», que debe garantizar «el derecho a
ser oído» y «el derecho a una efectiva tutela judicial en tiempo oportuno», añade el texto. La directiva subraya además que las medidas restrictivas adoptadas de forma urgente deberán respetar la Convención Europea sobre Derechos Humanos.Los eurodiputados estiman que estos requisitos impedirán a los Veintisiete cortar el acceso a internet por el mero procedimiento administrativo de tres avisos, como pretenden Francia y Gran Bretaña. No obstante, los eurodiputados reconocen que habrá que vigilar de cerca la trasposición de los principios de la directiva a las legislaciones nacionales para evitar que se reduzcan esas garantías a la mínima expresión.La directiva europea no indica cuáles son los usos ilícitos de internet y deja en manos de la leyes nacionales fijar cuáles son los comportamientos que pueden conducir a privar del acceso a la red. Los gobiernos europeos estudian incluir entre esas actividades ilícitas la descarga de películas y música, y la difusión de contenidos terroristas y de pornografía infantil.La directiva sí que establece que internet es «fundamental para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y del acceso a la información». Las normas europeas también refuerzan la protección de los datos personales en manos de las operadoras e intentan limitar la publicidad por teléfono o internet, que deberá ir firmada y ser fácilmente identificable. La instalación en el ordenador de cookies --testigos de los hábitos del usuario-- requerirá la autorización previa.
acceso a internet sin orden judicial previa a los ciudadanos que compartan o descarguen en la red películas, música u otros ficheros que se consideren ilegales. El Parlamento Europeo aprobó ayer el paquete legislativo de reforma del mercado de telecomunicaciones, que refuerza los derechos de los consumidores y la competencia entre las compañías, pero que permite que se pueda restringir a los ciudadanos el acceso a la red sin autorización judicial previa si participan en una actividad ilícita.El paquete legislativo fue aprobado por 510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones. Los Veintisiete tendrán de plazo hasta junio del 2011 para adaptar sus legislaciones nacionales a los requisitos fijados en las directivas europeas aprobadas.Después de dos años de tramitación y de una enconada batalla política entre la Eurocámara y los gobiernos de los Veintisiete, la nueva directiva marco sobre redes y comunicaciones electrónicas introduce una serie de salvaguardas para limitar la capacidad de las autoridades de restringir el acceso a internet. Las condiciones fijadas intentan proteger los derechos de los ciudadanos, ya que resultó imposible consensuar la demanda inicial parlamentaria de una orden judicial previa.Las restricciones al acceso a internet «solo podrán imponerse si son apropiadas, proporcionadas y necesarias en el marco de una sociedad democrática», precisa el artículo 1 de la directiva marco.Las restricciones «solo podrán adoptarse respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada» y tras un «un procedimiento previo justo e imparcial», que debe garantizar «el derecho a
ser oído» y «el derecho a una efectiva tutela judicial en tiempo oportuno», añade el texto. La directiva subraya además que las medidas restrictivas adoptadas de forma urgente deberán respetar la Convención Europea sobre Derechos Humanos.Los eurodiputados estiman que estos requisitos impedirán a los Veintisiete cortar el acceso a internet por el mero procedimiento administrativo de tres avisos, como pretenden Francia y Gran Bretaña. No obstante, los eurodiputados reconocen que habrá que vigilar de cerca la trasposición de los principios de la directiva a las legislaciones nacionales para evitar que se reduzcan esas garantías a la mínima expresión.La directiva europea no indica cuáles son los usos ilícitos de internet y deja en manos de la leyes nacionales fijar cuáles son los comportamientos que pueden conducir a privar del acceso a la red. Los gobiernos europeos estudian incluir entre esas actividades ilícitas la descarga de películas y música, y la difusión de contenidos terroristas y de pornografía infantil.La directiva sí que establece que internet es «fundamental para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y del acceso a la información». Las normas europeas también refuerzan la protección de los datos personales en manos de las operadoras e intentan limitar la publicidad por teléfono o internet, que deberá ir firmada y ser fácilmente identificable. La instalación en el ordenador de cookies --testigos de los hábitos del usuario-- requerirá la autorización previa. 
