martes, 31 de marzo de 2009

La intervención de CCM

Moltó y su gente ocultaron datos clave al auditor y al Banco de España

Redacción El Correo
Madrid/Toledo.- El destituido equipo de Caja Castilla-La Mancha no reflejó el impacto real de la crisis en su inversión crediticia. Los ya ex gestores no suministraron a su auditor Ernst & Young, al Banco de España y al mercado la información del estado real de su activo -cartera de créditos y participaciones industriales, con las provisiones adecuadas- correspondiente a 2008.
El presidente regional, José María Barreda, hizo hace unas horas el ridículo al culpar de lo sucedido a una campaña orquestada y a las elevadas pretensiones de Unicaja, cuyos consejeros aseguran que eran “muy razonables”.
Lo cierto es que a día de hoy no están auditadas las cuentas. Este hecho es anómalo, según aseguraron ayer fuentes financieras y auditoras. La única información pública de CCM del conjunto del pasado ejercicio es la que obra en poder de la CECA, la asociación de las cajas españolas.
Las dudas sobre el impacto de la crisis financiera y las derivadas de la gestión de la caja no han desaparecido, pese a los mensajes de tranquilidad. Ayer, un día después de que el Banco de España y el ministro de Economía, Pedro Solbes, insistieran en la solvencia de CCM, el presidente del Gobierno les enmendó la plana. Rodríguez Zapatero, en una declaración tras recibir al gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dijo que la caja "tenía riesgo de tener un problema (de solvencia) en un plazo determinado".
La dimensión de ese problema, su riesgo derivado y el plazo de posible implosión continúan siendo una incógnita. Pero desde distintos ámbitos, como el propio Barreda, siguen tratando de defender lo indefendible: la gestión del socialista Juan Pedro Hernández Moltó al frente de CCM. Moltó tenía previsto solicitar hoy a su consejo, el último día en el que lo permite la ley, la aprobación de las cuentas, que recogían una caída del beneficio del 87% a causa del deterioro del negocio y el auge de la morosidad, situada en el 4,82% el pasado diciembre. Aún estando dentro del plazo legal, el retraso en la formulación de las cuentas y en la auditoría es síntoma evidente de discrepancia entre la caja y la entidad que verifica sus estados financieros.
"La ausencia de cuentas y de opinión en los tiempos que corren es un lujo que nadie que esté bien se puede permitir", afirman fuentes jurídicas. Para diversos expertos en banca, "en este caso no parece que se trate de detalles que conlleven las correspondientes incertidumbres o salvedades, sino de temas de gran calado que afectan a los ratios de solvencia y a la propia viabilidad de la entidad".
Algunas fuentes aseguran que el auditor ya avisó por carta al Banco de España a finales del año pasado de que CCM no le suministraba información veraz, aunque este hecho no pudo ser confirmado ayer.
Ahora el plan de rescate del Banco de España para CCM debe ser aprobado por la Comisión Europea, encargada de velar por la libre competencia. Los fondos públicos, insisten en Bruselas, no pueden ser un cheque en blanco y deben acompañarse de medidas de reestructuración.
La Comisión ha frenado parte del plan de ayudas al franco-belga Dexia, que ha anunciado despidos y cierre de oficinas para cumplir con sus exigencias. Ayer Bruselas pidió datos a Madrid sobre CCM.
Según el análisis de Solbes, se ha dado la combinación de "la toma de riesgos no bien evaluados con una situación económica compleja", y eso es lo que ha puesto en peligro la caja.
Ahora, los inspectores del Banco de España que ayer desembarcaron en la caja realizarán un examen profundo de su situación, harán un plan de viabilidad y, si detectan irregularidades, elaborarán un informe para que el supervisor o, en su caso, el Ministerio de Economía abra un expediente.
Ayer, el primer día tras la intervención, no hubo aglomeraciones ni retiradas masivas de fondos, según explicó un portavoz de CCM. "Ha calado el mensaje de calma y hemos tenido tranquilidad", dijo. No pueden decir lo mismo los bancos. Las palabras de Barak Obama diciendo que podría haber más rescates devolvieron el pesimismo a los mercados, con la banca como principal damnificada. En España, el BBVA y el Santander se dejaron un 7,7% y un 7,5%, respectivamente. Popular y Sabadell limitaron las pérdidas al 4,4% el primero y el 4,9% el segundo. El Ibex cayó un 4,12%. En Europa fue peor, con sangrías superiores al 10% en ING, Royal Bank of Scotland y Deutsche Bank, entre muchos otros. Alberto Moro, de Solventis, afirmó ayer que "el recorte en bolsa obedece a que se habían producido subidas que no correspondían a nada". Natalia Aguirre, de Renta 4, destacó que "no hay un riesgo sistémico, pero es cierto que la intervención de CCM aumenta la incertidumbre".
El Gobierno había dicho el domingo que la intervención de CCM se debía únicamente a sus problemas de liquidez. Pero eso no es lo único que ocurre en la entidad. La decisión también se basó en las dudas que existen sobre su solvencia a corto plazo.
En el Banco de España saltaron las alarmas cuando vieron que el capital sobre riesgos (la medida que utiliza el supervisor para calcular el grado de confianza de un banco o caja) había bajado del mínimo exigido, debido al elevado aumento de su morosidad. Al cierre de 2008, se situó en torno al 7,5%, según el diario Público, cuando es obligatorio tener al menos un 8%.
Bajar de esa cifra no supone que la caja sea insolvente en este momento, pero sí alerta de riesgos a corto plazo.
Zapatero admitió ayer en una entrevista en la CNN que la caja "tenía riesgo de tener un problema de solvencia en un plazo determinado" y el subgobernador del Banco de España, José Viñals, insistió en que CCM es "una entidad con un patrimonio neto positivo y por tanto solvente", en estos momentos.
Viñals no quiso "prejuzgar" si los gestores de la entidad han hecho mal su trabajo. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, sí entró a valorar la actuación del equipo de Hernández Moltó, y opinó que habían hecho una "gestión inadecuada" y no fueron suficientemente cautos a la hora de invertir en el sector de la construcción.
En un gesto inexplicable, sobre todo porque cuando lo hizo ya se sabían muchas cosas que él no tomó en cuenta, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se esforzó en defender la solvencia de CCM al asegurar que "no tiene problemas patrimoniales" y que el Gobierno le ha asegurado que no hay actuaciones dudosas ni irregularidades.
De manera incomprensible, el presidente autonómico Barreda enmendaba la plana al vicepresidente económico, Pedro Solbes, que situó en los «errores de gestión» del equipo que encabezaba el ex diputado socialista Hernández Moltó la causa de la intervención extraordinaria del Banco de España.
En la madrileña Calle de Alcalá tienen muchos datos sobre CCM porque, además del control rutinario, habían realizado un informe de inspección para la fusión.
Entre 2006 y 2008, en los peores momentos del ciclo inmobiliario, Caja Castilla La Mancha duplicó el volumen de créditos. Los activos en operaciones inmobiliarias sumaban 966 millones en 2007, el equivalente a sus recursos propios. De hecho, la caja casi ganaba lo mismo por su participación inmobiliaria que en su negocio bancario. La concentración en el sector promotor y constructor, el 21%, era tres veces más alta que la del sector.
Todos esos datos debía haberlos conocido Barreda. Porque si algunos políticos no sacan conclusiones sobre los riesgos de la politización y mala gestión, la lección habrá sido en vano y si Barreda no lo entiende hay altas probabilidades de que el fracaso de la caja más joven vuelva a repetirse en otra ocasión.
No obstante, eso no se confirmará hasta que los interventores del Banco de España ahonden en la verdadera situación de la entidad. De momento, las cuentas aún no se han aprobado (iba a hacerlo hoy el Consejo de Administración) y la auditora Ernst & Young no ha firmado las mismas.
Todo lo que se conoce hasta ahora son los resultados que la propia caja envió al Banco de España (con unos beneficios de 30,6 millones de euros).
Precisamente, la realidad de la entidad fue la que echó por tierra la fusión con Unicaja. En la caja malagueña consideraron que no debían publicarse beneficios sino pérdidas, para hacer las máximas dotaciones posibles, y además discreparon ampliamente con el Banco de España y el auditor independiente sobre la forma de valorar los créditos fallidos. Los gestores de Unicaja entendían que el 85% de los impagados actuales debían considerarse irrecuperables, mientras que el supervisor los cifraba en un 30% y el auditor en el 45%, según fuentes financieras.
La versión oficial se limita a explicar que Unicaja pedía más ayudas. El subgobernador del Banco de España explicó en Valencia que Unicaja reclamó más dinero al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del que éste estaba dispuesto a ofrecer (un préstamo de 500 millones más avales públicos de 900 millones) y que no fue posible llegar a un acuerdo.
En esta tesitura, el supervisor decidió sustituir a los administradores, añadió Viñals, porque "mantener la situación abierta hubiera podido dañar a la entidad en el futuro". Aun así, intentó quitar importancia a la actuación y aseguró que en ningún caso supone un problema para el conjunto del sistema bancario español.
Las autoridades se esforzaron en asegurar que la intervención de CCM es un caso aislado y no el primero de una gran cadena (la patronal de cajas dijo que tienen solidez suficiente para afrontar la crisis) pero los inversores no lo vieron así. Por eso, el diferencial entre la rentabilidad de la deuda española y alemana aumentó de 0,95 puntos a 1,02 puntos, lo que supone que crecieron las dudas sobre la economía española.
Los portavoces de la Comisión de Economía del Congreso debaten hoy cuándo y cómo se producen las comparecencias del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y del vicepresidente económico, Pedro Solbes, para explicar la intervención en CCM.
Según fuentes parlamentarias, el presidente de la Comisión, Antonio Gutiérrez, había cerrado con la mayoría de los grupos un acuerdo para que Ordóñez hubiera asistido esta misma mañana (asistirá a otro acto público, en todo caso), pero el PP exigió que la comparecencia fuera conjunta con Solbes.
El Gobierno, sin embargo, rechaza esta opción, porque considera que no deben ir juntos por el estatuto de independencia del Banco de España. Antonio Gutiérrez propone que Ordóñez comparezca el jueves por la tarde, y dejar para más adelante la de Solbes, que ese día tiene que acudir al G-20.
En Andalucía, el poder respira más aliviado que frustrado. Al contrario que en CCM con Moltó, Unicaja con Braulio Medel al frente han dado una lección de solvencia.
Además, la ruptura clarifica el gran anhelo de la Junta: fundir Unicaja y Cajasol para crear un gigante autonómico y por supuesto nacional. No habrá dos torres, pero tal vez sí un rascacielos.
El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, confirmó que la unión entre malagueños y manchegos fracasó porque tanto la dirección de Unicaja como el Ejecutivo andaluz consideraron claramente insuficientes los avales del Banco de España. "De haber llegado a buen puerto, habría sido una operación bonita", destacó.
Medel remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un comunicado tan escueto como directo: "Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco de España en la resolución de 28 de marzo de 2009, publicada en el BOE de 29 de marzo de 2009, en relación a la entidad Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, se han dado por finalizadas las conversaciones e iniciativas en orden a un proyecto de integración entre la citada caja y Unicaja".
El tono es correcto porque elegancia es lo que quieren los socialistas por distintos motivos: no sólo apadrinaban la operación desde la Junta andaluza sino también desde su homóloga manchega, en manos del socialista José María Barreda.
Pero los andaluces sabían de qué iba la cosa y Barreda no. Por eso opinó que "no hay ahora una entidad más segura en el país que CCM" tras la intervención y achacó a Unicaja "excesivas pretensiones".
Los tres gestores de CCM, Jorge Pérez-Cerdá, Carlos Miguel Hervás y Raúl Hernández pueden ahora diseñar un equipo directivo a su medida, controlar la actividad diaria de la entidad, aplicar las medidas de choque oportunas y conceder o revocar poderes.
Ayer, fuentes del Ministerio de Economía avanzaron sus ejes de actuación: procurarán salvar los muebles de la caja, pero optarán por la solución "menos gravosa" para las arcas del Estado. De momento, el Gobierno avalará entre 2.000 y 3.000 millones hasta un tope de 9.000 al que espera no llegar. La terna del Banco de España aclaran otro extremo: la liquidación será la última de las opciones.
A mediados de marzo, la patronal de las cajas, CECA, envió una nota con la cuenta de resultados de las 45 entidades. En el informe figuraban las de CCM. Quizá fue un atrevimiento o una incorrección por parte de la entidad. El Banco de España cuestiona profundamente que la entidad ganara 30 millones en 2008, como figura ahí y se publicó en todos los medios.
Lo que nadie duda es que no quería que los anteriores administradores firmaran esos resultados. Ahora se espera que los administradores cierren el ejercicio antes del 30 abril, cuando hay que entregar las cuentas a la CNMV.
Aunque Solbes habló de "gestión inadecuada", parece que desde el Gobierno se pretende que no caigan palabras más fuertes sobre Hernández Moltó, “uno de los suyos”. Ello no impedirá que tenga que dimitir como consejero de Iberdrola. Se dice que ni él ni sus secuaces será indemnizado.
Se conocen los puntos flacos de CCM porque son los del resto del sistema financiero español. Demasiado ladrillo, demasiada expansión, morosidad creciente, tasa de cobertura menguante. Aun así, Solbes negó la hipótesis de la metástasis. "En estos momentos no hay una preocupación especial e inmediata sobre nada ni sobre nadie", quiso zanjar.
Pero también dijo que "de forma rápida" se cambiará la Ley de Cajas de Ahorros, como una medida más de la hoja de ruta contra la crisis financiera. El objetivo es despolitizar la gestión, que se rija por criterios más profesionales y que sólo la obra social tenga relación estrecha con los poderes públicos ya que está más pegada al territorio. Ya podían haberlo hecho antes, se dicen muchos.