Redacción
Madrid.- El Estatuto de Castilla-La Mancha podría pasar a la historia por haber sido aprobado en su Parlamento por unanimidad, con los votos del PSOE y del PP, y encallar definitivamente en el Congreso de los Diputados por la discrepancia de esos dos partidos, sobre qué tratamiento dar al trasvase Tajo-Segura.
Todos los pasos conducen a la nada ya que socialistas y populares después de meses de negociaciones en Madrid, cambiando significativamente lo que ambos aprobaron en las Cortes de Toledo, constituyeron ayer la ponencia del Congreso que lo debe tramitar con posiciones abismalmente separadas.
El PSOE, además, ha anunciado que aunque pudiera aprobarlo con el apoy
o de otros grupos políticos, no lo hará. No habrá Estatuto si no lo aprueban los dos partidos que lo suscribieron en las Cortes Regionales, es decir, PSOE y PP.
"No buscaremos una mayoría alternativa", anunció el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, junto al diputado socialista por Toledo, Alejandro Alonso. Éste último, echa en falta la intervención de la presidenta del PP de esa región, María Dolores de Cospedal y secretaria general del PP nacional. "El Estatuto de Castilla-La Mancha no está en la agenda de la señora De Cospedal, proclamó Alonso.
Al margen de los ataques a Cospedal, que denunciaron de inmediato los ponentes del PP, Arturo García Tizón y Carlos Floriano, las presiones de los gobiernos de Valencia y Murcia, ambos del PP, para que de ninguna manera figure en el Estatuto una mención a la caducidad del trasvase en 2015, como salió de las Cortes de Castilla-La Mancha, del que se benefician, han sido determinantes para que el PP en el ámbito parlamentario nacional no pueda aceptar las propuestas del PSOE aunque estos hayan llevado la extinción de ese trasvase al preámbulo y lo hayan sacado del articulado y, por tanto, sin fuerza normativa.
"Hay acuerdo en el 98% del Estatuto y podría haberlo total si se elimina esas referencias que no son estatutarias sino de ámbito estatal", señala el popular García Tizón. Es decir, si no se habla del agua, habrá acuerdo.
Pero el PSOE ya no puede estirar más la cuerda del presidente regional José María Barreda, que ya ha "cedido" el máximo que podía. La próxima cita será el 1 de abril en la que la ponencia constitucional echará o no a andar.
Madrid.- El Estatuto de Castilla-La Mancha podría pasar a la historia por haber sido aprobado en su Parlamento por unanimidad, con los votos del PSOE y del PP, y encallar definitivamente en el Congreso de los Diputados por la discrepancia de esos dos partidos, sobre qué tratamiento dar al trasvase Tajo-Segura.
Todos los pasos conducen a la nada ya que socialistas y populares después de meses de negociaciones en Madrid, cambiando significativamente lo que ambos aprobaron en las Cortes de Toledo, constituyeron ayer la ponencia del Congreso que lo debe tramitar con posiciones abismalmente separadas.
El PSOE, además, ha anunciado que aunque pudiera aprobarlo con el apoy
o de otros grupos políticos, no lo hará. No habrá Estatuto si no lo aprueban los dos partidos que lo suscribieron en las Cortes Regionales, es decir, PSOE y PP."No buscaremos una mayoría alternativa", anunció el secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, junto al diputado socialista por Toledo, Alejandro Alonso. Éste último, echa en falta la intervención de la presidenta del PP de esa región, María Dolores de Cospedal y secretaria general del PP nacional. "El Estatuto de Castilla-La Mancha no está en la agenda de la señora De Cospedal, proclamó Alonso.
Al margen de los ataques a Cospedal, que denunciaron de inmediato los ponentes del PP, Arturo García Tizón y Carlos Floriano, las presiones de los gobiernos de Valencia y Murcia, ambos del PP, para que de ninguna manera figure en el Estatuto una mención a la caducidad del trasvase en 2015, como salió de las Cortes de Castilla-La Mancha, del que se benefician, han sido determinantes para que el PP en el ámbito parlamentario nacional no pueda aceptar las propuestas del PSOE aunque estos hayan llevado la extinción de ese trasvase al preámbulo y lo hayan sacado del articulado y, por tanto, sin fuerza normativa.
"Hay acuerdo en el 98% del Estatuto y podría haberlo total si se elimina esas referencias que no son estatutarias sino de ámbito estatal", señala el popular García Tizón. Es decir, si no se habla del agua, habrá acuerdo.
Pero el PSOE ya no puede estirar más la cuerda del presidente regional José María Barreda, que ya ha "cedido" el máximo que podía. La próxima cita será el 1 de abril en la que la ponencia constitucional echará o no a andar.
