El Defensor del Pueblo regional tramitó 2.724 quejas en 2008
TOLEDO.- Las oficinas del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha tramitaron en 2008 un total de 2.724 quejas y 1.309 consultas, dato muy elevado si se compara con los resultados de 2007, cuando hubo 723 quejas y 1.107 consultas.
Así lo avanzó el Defensor del Pueblo regional, José Manuel Martínez Cenzano en una entrevista, en la que explic.jpg)
ó que son cifras "en las que estamos trabajando ahora mismo", ya que el informe oficial sobre el ejercicio pasado se presentará en las Cortes regionales a comienzos de verano.
No obstante, dijo que el número de resoluciones, con recomendación o sugerencia, que se admiten por parte de las administraciones afectadas "se mantiene en elevados porcentajes", alcanzando el 74,83 por ciento.
Cenzano explicó que en 2008 se tramitaron 31 consultas en el área de Trabajo, la mayoría motivadas por retraso del pago de prestaciones, por lo que "técnicamente, no puede decirse que la crisis haya tenido un efecto real en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), al menos en lo que a Castilla-La Mancha se refiere, puesto que, de las 59.000 personas que han quedado en situación de desempleo desde que comenzó esta etapa de retroceso económico, sólo 2.000 --un 3,5 por ciento-- han sido despedidas por medio de ERE".
Lo que sí destacó Martínez Cenzano, como connotación negativa para el empleo de la región, es que "el 55 por ciento de los desempleados hayan sido despedidos a través de la extinción de sus contratos temporales, lo que me lleva a pensar que el empleo temporal es una modalidad legal de contratación de la que no conviene abusar".
Cenzano cree que vivimos "la crisis de la codicia y la desconfianza", y que su "efecto más perverso" se deja notar en personas "ajenas a los movimientos especulativos", porque los responsables de esos movimientos consolidan sus ganancias sin preocuparse por el "trágico efecto que sus acciones podían tener a miles de kilómetros de distancia".
Señala que "los bancos desconfían unos de otros, guardan los dineros que obtienen
del rescate planteado por el Estado para poder pagar sus deudas sin poner en riesgo su propia subsistencia, y el dinero de todos no llega a los pequeños empresarios que, en muchos casos, sobreviven sólo con los créditos que deben renovarse".
Por ello, Cenzano piensa que la salida de la crisis, "aunque parezca una utopía", sólo tiene un angosto camino, que pasa por "la recuperación de los valores que son propios del Humanismo".
Respecto a las tarifas, "desproporcionadas" de las facturas eléctricas de las que se quejan las organizaciones de consumidores, Cenzano dice que la oficina ha recibido entre 2008 y lo que va de 2009 "nada menos que una queja colectiva con más de 1.500 firmas", junto con un centenar de quejas presentadas a título particular, que han sido derivadas al Defensor del Pueblo de España.
Esos problemas y la preocupación ciudadana se comunican también a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, a la que se sugieren algunas actuaciones.
Según explicó, a principios de julio de 2008 entró en vigor la desaparición de la tarifa nocturna, lo que "derivó en la necesidad de cambiar los contratos de miles de abonados, con la lentitud de gestión que eso ha generado y el encarecimiento de sus facturas mientras no se solucionaba el trámite y el cambio se hacía efectivo".
Por otro lado, desde el 1 de enero de 2009, el Gobierno autorizó a las eléctricas para la tarifación mensual, "pero llevando a cabo sólo una lectura del consumo cada dos meses, y cobrando el otro por estimación". Este escenario, a su juicio, es el que ha derivado en las situaciones "tan parad
ójicas" que algunos ciudadanos han sufrido en sus recibos.
En el caso particular de los agricultores y ganaderos, Martínez Cenzano explicó que la modificación de la tarifa eléctrica ha hecho que sea "de los sectores más perjudicados".
No obstante, entre las quejas más comunes destacan las relacionadas con la falta de seguridad en determinadas zonas de la región. En todo caso, explica que "hace unos días tuve la oportunidad de departir sobre este asunto de la seguridad en zonas rurales con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, quien me aseguró que funciona una estrategia consensuada con los agentes sociales para incrementar la vigilancia en esas zonas y mejorar la seguridad de personas y bienes".
El Defensor del Pueblo regional también recibió el año pasado unas 350 quejas de agricultores disconformes on la política de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y sus resoluciones en materia sancionadora y de legalización de pozos.
Así lo avanzó el Defensor del Pueblo regional, José Manuel Martínez Cenzano en una entrevista, en la que explic
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ó que son cifras "en las que estamos trabajando ahora mismo", ya que el informe oficial sobre el ejercicio pasado se presentará en las Cortes regionales a comienzos de verano.No obstante, dijo que el número de resoluciones, con recomendación o sugerencia, que se admiten por parte de las administraciones afectadas "se mantiene en elevados porcentajes", alcanzando el 74,83 por ciento.
Cenzano explicó que en 2008 se tramitaron 31 consultas en el área de Trabajo, la mayoría motivadas por retraso del pago de prestaciones, por lo que "técnicamente, no puede decirse que la crisis haya tenido un efecto real en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), al menos en lo que a Castilla-La Mancha se refiere, puesto que, de las 59.000 personas que han quedado en situación de desempleo desde que comenzó esta etapa de retroceso económico, sólo 2.000 --un 3,5 por ciento-- han sido despedidas por medio de ERE".
Lo que sí destacó Martínez Cenzano, como connotación negativa para el empleo de la región, es que "el 55 por ciento de los desempleados hayan sido despedidos a través de la extinción de sus contratos temporales, lo que me lleva a pensar que el empleo temporal es una modalidad legal de contratación de la que no conviene abusar".
Cenzano cree que vivimos "la crisis de la codicia y la desconfianza", y que su "efecto más perverso" se deja notar en personas "ajenas a los movimientos especulativos", porque los responsables de esos movimientos consolidan sus ganancias sin preocuparse por el "trágico efecto que sus acciones podían tener a miles de kilómetros de distancia".
Señala que "los bancos desconfían unos de otros, guardan los dineros que obtienen
del rescate planteado por el Estado para poder pagar sus deudas sin poner en riesgo su propia subsistencia, y el dinero de todos no llega a los pequeños empresarios que, en muchos casos, sobreviven sólo con los créditos que deben renovarse".Por ello, Cenzano piensa que la salida de la crisis, "aunque parezca una utopía", sólo tiene un angosto camino, que pasa por "la recuperación de los valores que son propios del Humanismo".
Respecto a las tarifas, "desproporcionadas" de las facturas eléctricas de las que se quejan las organizaciones de consumidores, Cenzano dice que la oficina ha recibido entre 2008 y lo que va de 2009 "nada menos que una queja colectiva con más de 1.500 firmas", junto con un centenar de quejas presentadas a título particular, que han sido derivadas al Defensor del Pueblo de España.
Esos problemas y la preocupación ciudadana se comunican también a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, a la que se sugieren algunas actuaciones.
Según explicó, a principios de julio de 2008 entró en vigor la desaparición de la tarifa nocturna, lo que "derivó en la necesidad de cambiar los contratos de miles de abonados, con la lentitud de gestión que eso ha generado y el encarecimiento de sus facturas mientras no se solucionaba el trámite y el cambio se hacía efectivo".
Por otro lado, desde el 1 de enero de 2009, el Gobierno autorizó a las eléctricas para la tarifación mensual, "pero llevando a cabo sólo una lectura del consumo cada dos meses, y cobrando el otro por estimación". Este escenario, a su juicio, es el que ha derivado en las situaciones "tan parad
ójicas" que algunos ciudadanos han sufrido en sus recibos.En el caso particular de los agricultores y ganaderos, Martínez Cenzano explicó que la modificación de la tarifa eléctrica ha hecho que sea "de los sectores más perjudicados".
No obstante, entre las quejas más comunes destacan las relacionadas con la falta de seguridad en determinadas zonas de la región. En todo caso, explica que "hace unos días tuve la oportunidad de departir sobre este asunto de la seguridad en zonas rurales con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, quien me aseguró que funciona una estrategia consensuada con los agentes sociales para incrementar la vigilancia en esas zonas y mejorar la seguridad de personas y bienes".
El Defensor del Pueblo regional también recibió el año pasado unas 350 quejas de agricultores disconformes on la política de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y sus resoluciones en materia sancionadora y de legalización de pozos.
