Editorial

Vergüenza por la muerte de Rayán

El fallecimiento del pequeño prematuro Rayán, hijo de Dalila, la primera víctima mortal de la epidemia mundial de gripe en España, supone un dramático acontecimiento que debería llenar de vergüenza a todo el mundo sanitario español y a los políticos responsables. Incluso a la sociedad en su conjunto por soportar a tanto incompetente.
A la oscura historia de la asistencia a la difunta madre, pésimamente atendida y peor diagnosticada, se suma ahora la aparente negligencia del personal sanitario con el neonato de origen marroquí. Habrá mucho malnacido que diga que los inmigrantes vienen a aprovecharse del sistema sanitario español. Pero en realidad esta gente viene a hacer trabajos que muchos españolitos no quieren hacer por su dureza.
Ninguna compensación económica ni cualquier clase de excusas van a satisfacer a unos humildes trabajadores inmigrantes por tamaño cúmulo de despropósitos como los que han costado las vidas de Dalila y Rayán en el universo sanitario de un país que, como España, se pretende desarrollado y hasta aspira a sentarse en el selecto club de los más ricos.
Las pérdidas de vidas de la madre y del hijo no tienen precio, como no la tiene la salud de cualquier ciudadano, sea de origen español o de cualquier otro lugar del mundo. Y sin embargo hay demasiados políticos interesados en poner precio a la atención sanitaria, en abaratar costos y en limitar medios y personal. O en privatizar los servicios para ponerlos sobre todo al alcance de los más ricos. Madrid es uno de los agujeros negros de la sanidad española.
Además, este es uno más de los ejemplos de la corrupción moral de nuestra sociedad, en la que parece que tenemos en el rostro impresas las cifras de nuestra cuenta bancaria. Tan grave es este espíritu inhumano, como el la codicia que cuesta vidas a trabajadores o la violencia creciente que hay en nuestras calles.
Los ciudadanos de bien, que en el fondo somos muchos y desde luego más que los otros, reclamamos un viraje radical del gobierno de España, de los ejecutivos regionales y por supuesto de los cabildos municipales ante determinadas responsabilidades confiadas a todos ellos por la sociedad. La salud, el orden, el respeto, la tranquilidad y la seguridad no pueden estar más tiempo en entredicho.
Hay cosas con las que no se juega, ni se improvisa y mucho menos se regatea. Fundamentalmente hablamos de los alimentos, la salud, la educación o la seguridad. El Estado y sus distintos escalones están para servir a los ciudadanos, y sobre todo a los más desprotegidos. No son los ciudadanos quienes les deben nada, sin los gobernantes los que están en deuda permanente con aquellos.
A los profesionales sanitarios debemos respetarlos en conjunto e individualmente, pero ellos también deben comprender que son servidores de la sociedad, y no seres sin alma que tratan a sus pacientes como a un rebaño. Alguien tiene que infundir en esos trabajadores el espíritu que se precisa para tratar con cariño y dedicación a las personas que sufren y a sus familiares.
Es hora de que la sociedad exija responsabilidades no sólo a la modesta enfermera causante de la posible negligencia, sino mirando más arriba a quien se atreve a dejar en manos de una inexperta o descuidada la atención nada menos que de un bebé de quince días nacido en circunstancias excepcionales, cuya vida pendía de un hilo.
El director del hospital y hasta el consejero regional de salud deberían estar a estas horas empaquetando sus pertenencias en sus despachos. Pero también deberían estar haciendo las maletas quienes siguen insistiendo ante la población en que la pandemia de gripe no es grave, para enmascarar su incapacidad de detener la propagación del virus y la carencia de vacunas o retrovirales.
Y si consideran que el gasto sanitario es elevado, acaso deberían vigilar con mayor atención por dónde salen toneladas de material puesto a disposición de los trabajadores sanitarios por los ciudadanos, que acaban sirviendo para usos privados en casas de algunos de esos empleados públicos, de sus familiares o amigos.
Aquí mismo, entre nosotros, hemos visto a alguno de esos empleados usar ropas y material quirúrgico para regar su jardín o hacer sus faenas domésticas (uniformes verdes, toallas, etc.), del mismo modo que tenemos constancia de que se atreven a distribuir medicinas y otros productos a sus conocidos y hasta de aconsejarles las dosis. Todos esos abusos le cuestan dinero a los españoles. Mucho más dinero que atender a Dalila y a Rayán.
Por todo eso es la hora de sentir vergüenza y sobre todo de que la sientan los más responsables de lo sucedido.