El INEM puede ocultar 715.000 parados
Por E. Vázquez
Madrid.- Los Servicios Públicos de Empleo esconden cerca de 715.000 desempleados que, sumados a los 3,7 millones de parados oficiales, componen una bolsa de 4,4 millones de ciudadanos sin trabajo.
España cuenta actualmente con 4.123.300 parados, según concluye la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año. O con 3.709.447, si se toma como referencia el dato de
desempleo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) registró durante el pasado mes de septiembre. Es decir, entre ambas estimaciones existe una distancia de casi medio millón de personas, lo que representa una de las mayores diferencias de la serie histórica. ¿Cómo se justifica este abultado baile de cifras?
La primera causa reside en los objetivos y metodologías propios de cada uno de estos sistemas de medición. La EPA –un sondeo empleado de modo homogéneo en el resto de países de la Unión Europea– mide conjuntamente la población activa, la ocupada y la parada, a través de una serie de entrevistas telefónicas.
Para la EPA, un parado es aquella persona que quiere trabajar y busca activamente empleo. Por su parte, el SPEE hace su medición teniendo en cuenta el número de personas que se registran como parados en las oficinas del antiguo INEM, aunque excluye a ciertos colectivos de demandantes de empleo, los conocidos como Denos –demandantes de empleo no ocupados–. Esta criba de desempleados resulta clave para explicar el abismo entre ambos indicadores laborales.
Entre otros, en el SPEE no computan como parados registrados los demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a tres meses; las personas que busc
an un trabajo con una jornada inferior a veinte horas semanales; las que cursan estudios de enseñanza oficial reglada –siempre que sean menores de 25 años o que, superando esta edad, sean demandantes de primer empleo–; las personas que asisten a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen veinte a la semana, tengan un beca y sean demandantes de primer empleo; los beneficiarios de prestaciones por desempleo que realizan un trabajo a tiempo parcial; los demandantes que perciben el subsidio agrario; las personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características; los ciudadanos sin disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo o que solicitan un empleo en el extranjero; los demandantes de servicios previos al empleo –es decir, de quienes necesitan realizar un curso para trabajar en otro sector, una modalidad introducida en febrero del año pasado, coincidiendo con el cierre industrial de Delphi, en Cádiz–; y los trabajadores en situación de suspensión o reducción de jornada como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo.
En t
otal, el colectivo de Denos incluye a 714.478 personas que, sumadas a las 3.709.447 que sí computan como desempleados en los registros del SPEE dan como resultado una bolsa de 4.423.925 ciudadanos que carecen de un empleo, lo que supera incluso las estimaciones de la EPA.
Ahora bien, "este colectivo de parados está condicionado a la voluntad del desempleado a incribirse", recuerda Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), lo que dificulta enormemente un cómputo total de desempleados.
"En efecto, la intuición económica que existe actualmente es la de que el número de parados es, en realidad, mayor del que reflejan las estadísticas", reconoce Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Por ejemplo, sólo una mínima parte de los profesionales autónomos que se quedan sin trabajo acuden a las oficinas del SPEE para registrarse como parados, porque actualmente no tienen derecho a percibir una prestación por cese de actividad.
Además, ante las dificultades para encontrar un puesto laboral, cada vez son más las personas que abandonan su búsqueda de trabajo. Según la última EPA, la población inactiva –que incluye, entre otros, a amas de casa, jubilados y al colectivo de personas que no tienen empleo ni lo buscan– asciende a 15.449.000 individuos, casi 90.000 más que en el segundo trimestre de 2009. Este efecto desánimo se intensifica en los varones y en los menores de 25 años, un segmento cuya mejor solución pasa por ampliar su etapa formativa.
En este punto, conviene desmentir algunas leyendas urbanas creadas en torno a las medidas de ayuda al parado que ha introducido el Gobierno. Ni el cheque parado de 420 euros –que obliga al desempleado a seguir un itinerario formativo para percibir el subsidio– ni las ayudas dirigidas a titulados en situación de desempleo para financiar la matrícula en un máster oficial incluyen necesariamente a sus receptores en el colectivo de demandantes de empleo no ocupados.
España no sólo se sitúa a la cabeza de Europa en destrucción de empleo –su tasa de desempleo se sitúa ya en el 19,3%, según la estadística de Eurostat–, sino que es líder en creación de paro estructural. El colectivo de desempleados de larga duración –aquellos que llevan más de un año buscando activamente empleo sin encontrarlo– aglutina a 1.217.300 personas, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al segundo trimestre del año. Sólo en 2009, el número de parados en esta situación ha aumentado en 681.400 ciudadanos, un hecho grave porque esta inactividad profesional reduce drásticamente su futura empleabilidad.
Ante esta situación, y en un escenario que parte de los 4,5 millones de parados, el escaso nivel de conflicitividad social resulta, cuanto menos, sorprendente. Para algunos analistas, este hecho hunde sus raíces en la economía sumergida. Así, de acuerdo con un estudio de Pimec, el peso de las actividades no declaradas en España representan en torno al 23% del PIB oficial lo que, según estima Francisco Aranda, implicaría un mercado de trabajo irregular del 25% de la fuerza laboral española.
Para Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Tra
bajadores Autónomos, una prueba fehaciente de la existencia de esta economía sumergida es el número de solicitantes de la ayuda de 420 euros. "El Ministerio de Trabajo estimó que unas 300.000 personas solicitarían esta prestación. Sin embargo, hasta la fecha sólo lo han hecho 53.000", dice. En su opinión, estos demandantes prefieren buscar un empleo fantasma, antes que recibir una ayuda que les obligue a realizar cursillos formativos. Coincide con este planteamiento Francisco Aranda. "No existen datos que lo demuestren, pero parece lógico pensar que existe una mayor probabilidad de que muchos trabajadores acaben recalando en la actividad no declarada", reflexiona.
Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo que actualmente trabaja en el Instituto Ortega y Gasset, disiente en el análisis realizado por Amor y Aranda. En su opinión, la causa que explica el bajo número de solicitantes de la ayuda gubernamental radica en la rigidez de los requisitos de acceso, que desestimula la demanda. Para el economista, la baja conflictividad social está justificada por la potente tasa de cobertura de prestaciones que actualmente hay en España y que cubre al 70% de los desempleados. "Casi todos los parados que han trabajado en años anteriores hoy disponen de una prestación. Si excluyéramos a los demandantes de un primer empleo –un grupo que no tiene derecho a estos subsidios– la tasa de cobertura sería aún mayor", abunda.
Madrid.- Los Servicios Públicos de Empleo esconden cerca de 715.000 desempleados que, sumados a los 3,7 millones de parados oficiales, componen una bolsa de 4,4 millones de ciudadanos sin trabajo.
España cuenta actualmente con 4.123.300 parados, según concluye la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año. O con 3.709.447, si se toma como referencia el dato de
desempleo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) registró durante el pasado mes de septiembre. Es decir, entre ambas estimaciones existe una distancia de casi medio millón de personas, lo que representa una de las mayores diferencias de la serie histórica. ¿Cómo se justifica este abultado baile de cifras?La primera causa reside en los objetivos y metodologías propios de cada uno de estos sistemas de medición. La EPA –un sondeo empleado de modo homogéneo en el resto de países de la Unión Europea– mide conjuntamente la población activa, la ocupada y la parada, a través de una serie de entrevistas telefónicas.
Para la EPA, un parado es aquella persona que quiere trabajar y busca activamente empleo. Por su parte, el SPEE hace su medición teniendo en cuenta el número de personas que se registran como parados en las oficinas del antiguo INEM, aunque excluye a ciertos colectivos de demandantes de empleo, los conocidos como Denos –demandantes de empleo no ocupados–. Esta criba de desempleados resulta clave para explicar el abismo entre ambos indicadores laborales.
Entre otros, en el SPEE no computan como parados registrados los demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a tres meses; las personas que busc
an un trabajo con una jornada inferior a veinte horas semanales; las que cursan estudios de enseñanza oficial reglada –siempre que sean menores de 25 años o que, superando esta edad, sean demandantes de primer empleo–; las personas que asisten a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen veinte a la semana, tengan un beca y sean demandantes de primer empleo; los beneficiarios de prestaciones por desempleo que realizan un trabajo a tiempo parcial; los demandantes que perciben el subsidio agrario; las personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características; los ciudadanos sin disponibilidad inmediata para incorporarse a un puesto de trabajo o que solicitan un empleo en el extranjero; los demandantes de servicios previos al empleo –es decir, de quienes necesitan realizar un curso para trabajar en otro sector, una modalidad introducida en febrero del año pasado, coincidiendo con el cierre industrial de Delphi, en Cádiz–; y los trabajadores en situación de suspensión o reducción de jornada como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo.En t
otal, el colectivo de Denos incluye a 714.478 personas que, sumadas a las 3.709.447 que sí computan como desempleados en los registros del SPEE dan como resultado una bolsa de 4.423.925 ciudadanos que carecen de un empleo, lo que supera incluso las estimaciones de la EPA.Ahora bien, "este colectivo de parados está condicionado a la voluntad del desempleado a incribirse", recuerda Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), lo que dificulta enormemente un cómputo total de desempleados.
"En efecto, la intuición económica que existe actualmente es la de que el número de parados es, en realidad, mayor del que reflejan las estadísticas", reconoce Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Por ejemplo, sólo una mínima parte de los profesionales autónomos que se quedan sin trabajo acuden a las oficinas del SPEE para registrarse como parados, porque actualmente no tienen derecho a percibir una prestación por cese de actividad.
Además, ante las dificultades para encontrar un puesto laboral, cada vez son más las personas que abandonan su búsqueda de trabajo. Según la última EPA, la población inactiva –que incluye, entre otros, a amas de casa, jubilados y al colectivo de personas que no tienen empleo ni lo buscan– asciende a 15.449.000 individuos, casi 90.000 más que en el segundo trimestre de 2009. Este efecto desánimo se intensifica en los varones y en los menores de 25 años, un segmento cuya mejor solución pasa por ampliar su etapa formativa.
En este punto, conviene desmentir algunas leyendas urbanas creadas en torno a las medidas de ayuda al parado que ha introducido el Gobierno. Ni el cheque parado de 420 euros –que obliga al desempleado a seguir un itinerario formativo para percibir el subsidio– ni las ayudas dirigidas a titulados en situación de desempleo para financiar la matrícula en un máster oficial incluyen necesariamente a sus receptores en el colectivo de demandantes de empleo no ocupados.
España no sólo se sitúa a la cabeza de Europa en destrucción de empleo –su tasa de desempleo se sitúa ya en el 19,3%, según la estadística de Eurostat–, sino que es líder en creación de paro estructural. El colectivo de desempleados de larga duración –aquellos que llevan más de un año buscando activamente empleo sin encontrarlo– aglutina a 1.217.300 personas, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al segundo trimestre del año. Sólo en 2009, el número de parados en esta situación ha aumentado en 681.400 ciudadanos, un hecho grave porque esta inactividad profesional reduce drásticamente su futura empleabilidad.
Ante esta situación, y en un escenario que parte de los 4,5 millones de parados, el escaso nivel de conflicitividad social resulta, cuanto menos, sorprendente. Para algunos analistas, este hecho hunde sus raíces en la economía sumergida. Así, de acuerdo con un estudio de Pimec, el peso de las actividades no declaradas en España representan en torno al 23% del PIB oficial lo que, según estima Francisco Aranda, implicaría un mercado de trabajo irregular del 25% de la fuerza laboral española.
Para Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Tra
bajadores Autónomos, una prueba fehaciente de la existencia de esta economía sumergida es el número de solicitantes de la ayuda de 420 euros. "El Ministerio de Trabajo estimó que unas 300.000 personas solicitarían esta prestación. Sin embargo, hasta la fecha sólo lo han hecho 53.000", dice. En su opinión, estos demandantes prefieren buscar un empleo fantasma, antes que recibir una ayuda que les obligue a realizar cursillos formativos. Coincide con este planteamiento Francisco Aranda. "No existen datos que lo demuestren, pero parece lógico pensar que existe una mayor probabilidad de que muchos trabajadores acaben recalando en la actividad no declarada", reflexiona.Valeriano Gómez, ex secretario general de Empleo que actualmente trabaja en el Instituto Ortega y Gasset, disiente en el análisis realizado por Amor y Aranda. En su opinión, la causa que explica el bajo número de solicitantes de la ayuda gubernamental radica en la rigidez de los requisitos de acceso, que desestimula la demanda. Para el economista, la baja conflictividad social está justificada por la potente tasa de cobertura de prestaciones que actualmente hay en España y que cubre al 70% de los desempleados. "Casi todos los parados que han trabajado en años anteriores hoy disponen de una prestación. Si excluyéramos a los demandantes de un primer empleo –un grupo que no tiene derecho a estos subsidios– la tasa de cobertura sería aún mayor", abunda.
