Un rescate de 2,3 millones de euros pone fin al secuestro del Alakrana
Madrid.- El pago de 2,3 millones de euros a los piratas (según la versión de los propios corsarios) que el 2 de octubre secuestraron el buque Alakrana pone fin a 47 días de cautiverio para los 36 tripulantes. 
El secuestro ha estado marcado por una gran polémica por la decisión de detener a dos piratas y traerlos a España, lo que ha provocado no sólo opiniones diferentes en el Gobierno, sino que la Audiencia Nacional sacara un comunicado desvinculándose de esa decisión. El pasado viernes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, asumió toda la responsabilidad indicando que se había cumplido con la legalidad.
La base de operaciones de la negociación ha sido la embajada española en Kenia, donde el embajador Nicolás Martín Cinto, en compañía del armador del barco y miembros del CNI, ha mantenido las conversaciones.
El secuestro comenzó en la madrugada del 2 de octubre. Horas después Gobierno vasco y Ministerio de Defensa confirmaron el secuestro en aguas internacionales a 415 millas de las islas Scheylles y a 375 de la costa de Somalia, así como que el atunero se encontraba fuera del perímetro de seguridad establecido por la fragata Canarias.
La tripulación del buque la conforman 36 personas, de los cuales 16 son españoles, ocho de Indonesia, cuatro de Ghana, tres de Senegal, dos de Madagascar, otros dos de Costa de Marfil y uno de Seychelles. Entre los de nacionalidad española, siete son vascos, ocho gallegos -el patrón es de Baiona (Pontevedra)- y uno de Huelva.
El Alakrana ya había sufrido un intento de asalto el 4 de septiembre, aunque logró eludirlo gracias al mal tiempo. El mismo día del secuestro Defensa ordenó a la fragata de la Armada Canarias y al avión de combate especializado en patrulla marítima P3 Orión que se dirijan hacia la zona.
El Gobierno formó un com
ité de crisis con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; las ministras de Defensa y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Carme Chacón y Elena Espinosa; el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos; el secretario de Estado de ese departamento, Ángel Lossada; y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. También han formado parte del comité el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el director del Gabinete del Presidente del Gobierno, José Enrique Serrano.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se aseguró que en todo momento se estaba en permanente contacto con las familias, versión que sin embargo fue desmentida por los familiares, que tras criticar al Gobierno en la dramática jornada cuando los piratas sacaron a tres pescadores del barco, se reunieron con el presidente del Gobierno, guardando silencio a partir de ese momento.
Dos días después del secuestro, la fragata 'Canarias' detuvo a dos piratas -Abdu Willy y Raagegeesey- por su implicación en los hechos. La detención se produjo cuando los dos secuestradores abandonaron en un esquife el 'Alakrana' y fueron seguidos por la fragata 'Canarias'.
El 5 de octubre Garzón dictó el ingreso en prisión incondicional de los dos piratas y ordenó que ambos fueran trasladados a España de forma "urgente", acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. El magistrado respondió así a la petición de la Fiscalía, que justificó la competencia de la Audiencia Nacional argumentando que el arresto de los piratas se produjo "fuera de la zona de seguridad" de la 'Operación Atalanta' y, por tanto, "al margen de las previsiones operativas y legales" acordadas por la Unión Europea y Kenia.
Una semana después los piratas llegaron a Madrid, provocando cierta inquietud en familiares de la tripulación, que no terminan de entender el por qué de su traslado. El pirata c
onocido como Raagegeesey se declaró inocente ante el juez Garzón al día siguiente. Abdu Willy, por su parte, aseguró ser menor de edad. El 14 de octubre el juez acuerda el ingreso en prisión de los dos al considerar que ambos recibieron 2.500 dólares por participar en el secuestro. Mientras, un portavoz de los piratas reclamó el pago de cuatro millones de dólares (2,7 millones de euros) para liberar a los miembros de la tripulación y la liberación de los dos detenidos por su implicación en el secuestro del barco.
La polémica sobre la edad del pirata Abdu Willy enreda su situación. Así, el juez de la
El 5 de noviembre los piratas bajan a tierra a tres secuestrados amenazando con entregarlos a las familias de los dos detenidos en Madrid, si los dos piratas encarcelados en España no son devueltos a Somalia. También amenazaron con matar a otros tripulantes si esto no se hacía. Los secuestrados hablan con sus familias y les piden que hagan "mucho ruido" para presionar en favor de un fin del cautiverio, que lleva a manifestaciones el sábado 7 en Bermeo (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra). No obstante, tras gestiones diplomáticas volvieron al barco.
A partir de ese momento, el Gobierno mantiene todas las vías abiertas para buscar una solución y comienza un debate sobre la hipotética posibilidad de enviar a Kenia a los dos piratas detenidos. Se habla de que cumplan condena en Somalia pero sean juzgados en España, de extradición o de aplicarles la Ley de Extranjería. Los familiares de los tripulantes se reúnen con el presidente de la Audiencia Nacional y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, guardando silencio a partir de ese momento.
Entre tanto, la situación se enreda en un cruce de comunicados de Gobierno y Audiencia Nacional sobre quien ordenó la detención y el traslado de los piratas a Madrid. El Gobierno defendió en todo momento que hizo "lo que tenía que hacer" y que por unanimidad decidió su detención, pero no así su traslado. La Audiencia, por su parte, aseguró que desconocía que hubiera intención de llevarlos a Kenia, y por eso Garzón legalizó su situación, pero sin actuar de oficio, sino a partir de una denuncia de Abogacía del Estado.
El lunes Pedraz ordenó el procesamiento de los dos piratas por 36 delitos de detención ilegal y robo con violencia y uso de armas, pero no por asociación ilícita, para que puedan ser juzgados en el plazo de dos semanas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los piratas somalíes detenidos tras el secuestro que posibilite su expulsión de España, ya que pedirá penas que al menos sumarán los 219 años y medio de cárcel.
El secuestro ha estado marcado por una gran polémica por la decisión de detener a dos piratas y traerlos a España, lo que ha provocado no sólo opiniones diferentes en el Gobierno, sino que la Audiencia Nacional sacara un comunicado desvinculándose de esa decisión. El pasado viernes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, asumió toda la responsabilidad indicando que se había cumplido con la legalidad.
La base de operaciones de la negociación ha sido la embajada española en Kenia, donde el embajador Nicolás Martín Cinto, en compañía del armador del barco y miembros del CNI, ha mantenido las conversaciones.
El secuestro comenzó en la madrugada del 2 de octubre. Horas después Gobierno vasco y Ministerio de Defensa confirmaron el secuestro en aguas internacionales a 415 millas de las islas Scheylles y a 375 de la costa de Somalia, así como que el atunero se encontraba fuera del perímetro de seguridad establecido por la fragata Canarias.
La tripulación del buque la conforman 36 personas, de los cuales 16 son españoles, ocho de Indonesia, cuatro de Ghana, tres de Senegal, dos de Madagascar, otros dos de Costa de Marfil y uno de Seychelles. Entre los de nacionalidad española, siete son vascos, ocho gallegos -el patrón es de Baiona (Pontevedra)- y uno de Huelva.
El Alakrana ya había sufrido un intento de asalto el 4 de septiembre, aunque logró eludirlo gracias al mal tiempo. El mismo día del secuestro Defensa ordenó a la fragata de la Armada Canarias y al avión de combate especializado en patrulla marítima P3 Orión que se dirijan hacia la zona.
El Gobierno formó un com
ité de crisis con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; las ministras de Defensa y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Carme Chacón y Elena Espinosa; el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos; el secretario de Estado de ese departamento, Ángel Lossada; y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. También han formado parte del comité el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez Fernández; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el director del Gabinete del Presidente del Gobierno, José Enrique Serrano.Desde el Ministerio de Medio Ambiente se aseguró que en todo momento se estaba en permanente contacto con las familias, versión que sin embargo fue desmentida por los familiares, que tras criticar al Gobierno en la dramática jornada cuando los piratas sacaron a tres pescadores del barco, se reunieron con el presidente del Gobierno, guardando silencio a partir de ese momento.
Dos días después del secuestro, la fragata 'Canarias' detuvo a dos piratas -Abdu Willy y Raagegeesey- por su implicación en los hechos. La detención se produjo cuando los dos secuestradores abandonaron en un esquife el 'Alakrana' y fueron seguidos por la fragata 'Canarias'.
El 5 de octubre Garzón dictó el ingreso en prisión incondicional de los dos piratas y ordenó que ambos fueran trasladados a España de forma "urgente", acusados de un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal, robo con violencia y uso de armas. El magistrado respondió así a la petición de la Fiscalía, que justificó la competencia de la Audiencia Nacional argumentando que el arresto de los piratas se produjo "fuera de la zona de seguridad" de la 'Operación Atalanta' y, por tanto, "al margen de las previsiones operativas y legales" acordadas por la Unión Europea y Kenia.
Una semana después los piratas llegaron a Madrid, provocando cierta inquietud en familiares de la tripulación, que no terminan de entender el por qué de su traslado. El pirata c
onocido como Raagegeesey se declaró inocente ante el juez Garzón al día siguiente. Abdu Willy, por su parte, aseguró ser menor de edad. El 14 de octubre el juez acuerda el ingreso en prisión de los dos al considerar que ambos recibieron 2.500 dólares por participar en el secuestro. Mientras, un portavoz de los piratas reclamó el pago de cuatro millones de dólares (2,7 millones de euros) para liberar a los miembros de la tripulación y la liberación de los dos detenidos por su implicación en el secuestro del barco.La polémica sobre la edad del pirata Abdu Willy enreda su situación. Así, el juez de la
El 5 de noviembre los piratas bajan a tierra a tres secuestrados amenazando con entregarlos a las familias de los dos detenidos en Madrid, si los dos piratas encarcelados en España no son devueltos a Somalia. También amenazaron con matar a otros tripulantes si esto no se hacía. Los secuestrados hablan con sus familias y les piden que hagan "mucho ruido" para presionar en favor de un fin del cautiverio, que lleva a manifestaciones el sábado 7 en Bermeo (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra). No obstante, tras gestiones diplomáticas volvieron al barco.
A partir de ese momento, el Gobierno mantiene todas las vías abiertas para buscar una solución y comienza un debate sobre la hipotética posibilidad de enviar a Kenia a los dos piratas detenidos. Se habla de que cumplan condena en Somalia pero sean juzgados en España, de extradición o de aplicarles la Ley de Extranjería. Los familiares de los tripulantes se reúnen con el presidente de la Audiencia Nacional y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, guardando silencio a partir de ese momento.
Entre tanto, la situación se enreda en un cruce de comunicados de Gobierno y Audiencia Nacional sobre quien ordenó la detención y el traslado de los piratas a Madrid. El Gobierno defendió en todo momento que hizo "lo que tenía que hacer" y que por unanimidad decidió su detención, pero no así su traslado. La Audiencia, por su parte, aseguró que desconocía que hubiera intención de llevarlos a Kenia, y por eso Garzón legalizó su situación, pero sin actuar de oficio, sino a partir de una denuncia de Abogacía del Estado.
El lunes Pedraz ordenó el procesamiento de los dos piratas por 36 delitos de detención ilegal y robo con violencia y uso de armas, pero no por asociación ilícita, para que puedan ser juzgados en el plazo de dos semanas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza alcanzar un acuerdo de conformidad con las defensas de los piratas somalíes detenidos tras el secuestro que posibilite su expulsión de España, ya que pedirá penas que al menos sumarán los 219 años y medio de cárcel.
