El gobierno anuncia más control de los equipos municipales entre las medidas contra la corrupción
Madrid.- El ejecutivo socialista ha tenido que anunciar nuevas medidas contra la
corrupción rampante que se registra en diferentes municipios y administraciones, que incluyen un mayor control de los equipos de gobierno local.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que las nuevas medidas contra la corrupción se tomarán al hilo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Financiación Local, que presentará en el próximo periodo de sesiones.
Además de las medidas específicas, el proyecto de Ley de Bases de Régimen Local tomará medidas de transparencia en los municipios. Así por ejemplo, aumentará las medidas de control de los equipos de gobierno municipales. Las licencias, convenios y contratos que afecten a la vida del municipio por varios años tendrán que pasar por el control del pleno municipal y no limitar su decisión al debate en el equipo de Gobierno.
Asimismo, la norma otorgará un poder de control a la minoría de la oposición para exigir responsabilidad política al gobierno municipal, de modo que además de los concejales, tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría requiere su presencia, los directivos
de organismos públicos y servicios municipales.
Los ciudadanos, según el anteproyecto de ley, podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno. La reforma de la Ley de Bases regulará la iniciativa popular de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas o proyectos de reglamento en materias de competencia municipal.
Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes, bajará hasta el 15% en los de 5.000 a 20.000 y se reducirá al 10% en los más de más de 20.000.
El proyecto de ley delimitará, asimismo, con más claridad las funciones del Consejo de Gobierno de las del pleno municipal, de modo que no se tengan que someter a este órgano "asuntos sin trascendencia política".
También delimitará las funciones del alcalde o de los tenientes alcaldes y recogerá un estatuto de los representantes locales y concejales con sus derechos políticos así co
mo la posibilidad de crear comisiones de investigación o la regulación de la comparecencia en el pleno de la asamblea de los directivos de organismos públicos y de servicios municipales.
De la Vega ha recordado que este Gobierno ha adoptado sucesivas medidas en sus años de mandato. Ha mencionado, por ejemplo, cómo la reforma de la Ley del Suelo estableció un régimen de incompatibilidades en los Ayuntamientos.
También ha subrayado que la primera legislatura el Gobierno creó la Fiscalía Anticorrupción con competencias en materias de urbanismo; disolvió el Ayuntamiento de Marbella por corrupción; modernizó el aparato de la Justicia y puso en marcha una reforma del Código Penal que próximamente modificará los tipos en materia de cohecho y en tráfico de influencias.
Madrid.- El ejecutivo socialista ha tenido que anunciar nuevas medidas contra la
corrupción rampante que se registra en diferentes municipios y administraciones, que incluyen un mayor control de los equipos de gobierno local.La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que las nuevas medidas contra la corrupción se tomarán al hilo de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley de Financiación Local, que presentará en el próximo periodo de sesiones.
Además de las medidas específicas, el proyecto de Ley de Bases de Régimen Local tomará medidas de transparencia en los municipios. Así por ejemplo, aumentará las medidas de control de los equipos de gobierno municipales. Las licencias, convenios y contratos que afecten a la vida del municipio por varios años tendrán que pasar por el control del pleno municipal y no limitar su decisión al debate en el equipo de Gobierno.
Asimismo, la norma otorgará un poder de control a la minoría de la oposición para exigir responsabilidad política al gobierno municipal, de modo que además de los concejales, tengan que responder en pleno o comisión, si la minoría requiere su presencia, los directivos
de organismos públicos y servicios municipales.Los ciudadanos, según el anteproyecto de ley, podrán presentar alegaciones a todo tipo de ordenanzas municipales, con excepción de las fiscales, antes de que se aprueben en el pleno. La reforma de la Ley de Bases regulará la iniciativa popular de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas o proyectos de reglamento en materias de competencia municipal.
Bastará con el 20% de la población en los municipios de hasta 5.000 habitantes, bajará hasta el 15% en los de 5.000 a 20.000 y se reducirá al 10% en los más de más de 20.000.
El proyecto de ley delimitará, asimismo, con más claridad las funciones del Consejo de Gobierno de las del pleno municipal, de modo que no se tengan que someter a este órgano "asuntos sin trascendencia política".
También delimitará las funciones del alcalde o de los tenientes alcaldes y recogerá un estatuto de los representantes locales y concejales con sus derechos políticos así co
mo la posibilidad de crear comisiones de investigación o la regulación de la comparecencia en el pleno de la asamblea de los directivos de organismos públicos y de servicios municipales.De la Vega ha recordado que este Gobierno ha adoptado sucesivas medidas en sus años de mandato. Ha mencionado, por ejemplo, cómo la reforma de la Ley del Suelo estableció un régimen de incompatibilidades en los Ayuntamientos.
También ha subrayado que la primera legislatura el Gobierno creó la Fiscalía Anticorrupción con competencias en materias de urbanismo; disolvió el Ayuntamiento de Marbella por corrupción; modernizó el aparato de la Justicia y puso en marcha una reforma del Código Penal que próximamente modificará los tipos en materia de cohecho y en tráfico de influencias.
