La Ley de Dependencia, oportunidad frente a la despoblación del medio rural
C. Morán
Madrid.- Una tercera parte de las personas en situación de dependencia vive en el medio rural. Los expertos calculan que entre ellos, que suman unos 400.000, y las personas que los cuidan, la Ley de De
pendencia podría alcanzar de manera directa a más de un millón de habitantes de los pueblos.
Al envejecimiento propio de la población rural hay que añadir factores como rentas más bajas, menor nivel formativo y una inferior accesibilidad a los servicios socio-sanitarios. Y uno decisivo, la característica forma de vida del entorno agrario.
Todo ello confiere peculiaridades que requieren un tratamiento especial para implantar esta ley. Trasladar sin más los usos y costumbres urbanos puede ocasionar trastornos que, en algunos casos, ya se están notando.
Aunque la sociedad española ha cambiado en su conjunto, ciertos modelos tradicionales perviven con más intensidad en los pueblos: la casa y la familia son ámbitos impermeables que pueden sentirse vulnerados ante cualquier intervención foránea. Los trabajadores sociales, la primera puerta a la que se llama para pedir una ayuda de las que concede la Ley de Dependencia, calculan que la inmensa mayoría de ancianos en los pueblos opta por solicitar la ayuda familiar, una prestación económica que se concede por cuidar a los mayores de la casa.
Las hijas siempre lo han hecho, así que ahora ven normal seguir haciéndolo, y más si les pagan por ello. Tampoco tienen muchas opciones porque los servicios en
el campo prácticamente no existen, así que alrededor de un 90% pide la paguita, dicen algunos trabajadores sociales.
La ley considera esta prestación, sin embargo, como algo excepcional, porque el objetivo es que no se perpetúe el modelo de la mujer que no sale a trabajar o que abandona su empleo porque tiene que atender a los ancianos. Pero esa excepcionalidad quizá tenga que ser revisada en el ámbito rural.
"La pensión de los abuelos es un gran soporte económico en los pueblos. Si a eso se suma otra ayuda económica y la preferencia de las familias por este modelo, quizá haya que dejarlo estar", explica Gustavo García Herrero, autor de un manual sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en los medios rurales. Pero inmediatamente advierte que "habrá que dotar de calidad esos empleos de cuidadores. ¿Cómo? Vinculando la ayuda a domicilio que prestan los profesionales con la formación y la supervisión. Que enseñen a los familiares cómo afrontar y cuidar, por ejemplo, un alzhéimer. Que reciban un dinero adecuado y apoyo emocional, que muchas veces es necesario. Además, la visita de estos profesionales debe servir también para supervisar esos cuidados, algo que aún no se está haciendo".
Estas mujeres (lo son la inmensa mayoría) podrían después de cuidar a los suyos ejercer en algu
no de los muchos empleos que pueden generarse en el área de la geriatría. Los servicios, residencias de ancianos, centros de día, muy escasos hace unos años se han ido extendiendo, pero los pueblos presentan a veces condiciones insalvables para acceder a ellos. Puede que haya un autobús para trasladarse al pueblo de al lado, pero a veces se trata de zonas muy aisladas o hay otros incoveniente. No es de extrañar que la gente prefiera quedarse en casa.
"La idea más eficaz para estos pueblos es desplazar servicios, no personas: comida a domicilio, que ya se hace en algunos sitios, fisioterapia, rehabilitación o lavandería, lo que se precise", añade García Herrero. Montar empresas así puede contribuir a crear empleo y frenar la sangría de población que están sufriendo los pueblos.
Lo deseable es que la inyección económica que recibirán los pueblos por el fondo local en 2010 encuentre a las comunidades autónomas con un buen plan de infraestructuras desarrollado, porque la inercia es dejarlo todo a la iniciativa privada. Y no, los ayuntamientos y las comunidades también deben planificar los servicios que se precisan, sin olvidar las peculiaridades del mundo rural, dicen algunos expertos.
En los núcleos rurales más pequeños se ha ido perdiendo el miedo a las residencias de ancianos, desterrando la idea de que son un recurso típico de la beneficencia que conocieron los mayores. Muchos ya acuden a ellas por su propio pie. Pero no es difícil escuchar frases como esta: "Con lo que ha hecho esa madre y ahora la llevan a una residencia", o "a mí mis hijos no me van a llevar".
Por eso, cuando llega la hora de ir a una residencia hay quien lo ve todavía como un desahucio. Incluso los hijos pueden sentirse molestos y criticados por consentir que sus padres residan en un geriátrico. Por tanto, opina García Herrero, quizá la opción de los cuidados en casa no es la peor de las ideas en el terreno rural. 
El mismo recuerda el enorme fiasco que supuso, en los 80, la llegada de la ayuda a domicilio a los pueblos, un modelo urbano que se exportó sin una adaptación. "Rompimos la forma de vida de los ancianos, su autoestima, y les metimos en conflictos familiares. Con aquel servicio de ayuda a las tareas domésticas quisimos prevenir internamientos en residencias y conseguimos lo contrario. Muchos acabaron saliendo de sus casas para ir a vivir con los hijos a la ciudad o ingresando en residencias", dice.
Los más antiguos conceden a la casa un valor supremo y se aferran a ella aunque se les venga encima. En ocasiones, las enormes casonas de los pueblos son grandes, antieconómicas y disfuncionales. Los gobiernos deben hacer planes integrales para adaptar esos espacios llegada la vejez. Con apoyo económico y asistencia técnica.
Las ayudas técnicas para reformar la vivienda y buenos servicios a domicilio pueden mantenerlos vivos y en su ambiente. De esta idea parte también otra propuesta, la de Parques Comarcales de Ayudas Técnicas. Es decir, empresas de inserción ubicadas en las cabeceras de comarca, por ejemplo, donde se pueda vender, alquilar, instalar y reparar, todos aquellos objetos o herramientas que ayuden al cuidado de las personas dependientes: grúas para moverlos en la cama, andadores, sillas de ruedas. Y no pasa por alto, de nuevo, la cantera de empleos que eso supondría para familias que quieran vivir en los pueblos.
En los documentos de trabajo que negocian Gobierno y comunidades se pone de manifiesto que, en ocasiones, pesa más la decisión de las familias, aunque equivocada, o interesada, que la del propio dependiente. Y se pide que los trabajadores sociales que valoren cada situación hagan valer su criterio. Si lo que se necesita es una residencia, habrán de recetar eso. Si es que hay residencias, claro. Aunque el Gobierno insiste en que el ciudadano debe elegir la ayuda que quiera.
Sea como fuere, ir tapando necesidades con simple ayuda a domicilio actual está ahogando a los ayuntamientos, que son quienes se encargan de ella con un pírrico presupuesto.
