El reñidero español
Por Joaquín Leguina
“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. (Artículo 3 de la Constitución Española)
El 23 de junio de 2008, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelect
uales de ideología variopinta un “Manifiesto por la Lengua común” que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o —entre los más finolis- al eslogan político descalificador.
El diario zapaterista “Público” recibía el Manifiesto de esta guisa: “El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas”. Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era “innecesario” y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la “catalanofobia”. Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista. En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.
El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, ochocientos) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.
Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto —esa práctica tan española-: “ataque contra el catalán”, “franquistas”, “fachas”, “españolistas de mierda”, “miserables” (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró —él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España. Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: “Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta”, eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.
Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por “El Mundo”, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: “La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común”, dijo, y después de soltar semejante sandez, el actual Presidente del Gobierno se fumó un puro.
De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos —así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua “propia”. Ya se sabe: “la letra con sangre entra”.
El derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo —como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).
Pero lo más peligroso —por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia.
Las normas internacionales, por ejemplo, las de la UNESCO, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.
Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional, conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua co-oficial- se lee lo siguiente: “Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas co-oficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio”.
Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.
(Joaquín Leguina es doctor en Ciencias Económicas, político, escritor y ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid)
Por Joaquín Leguina
“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. (Artículo 3 de la Constitución Española)
El 23 de junio de 2008, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelect
uales de ideología variopinta un “Manifiesto por la Lengua común” que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o —entre los más finolis- al eslogan político descalificador.El diario zapaterista “Público” recibía el Manifiesto de esta guisa: “El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas”. Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era “innecesario” y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la “catalanofobia”. Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista. En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.
El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, ochocientos) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.
Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto —esa práctica tan española-: “ataque contra el catalán”, “franquistas”, “fachas”, “españolistas de mierda”, “miserables” (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró —él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España. Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: “Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta”, eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.
Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por “El Mundo”, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: “La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común”, dijo, y después de soltar semejante sandez, el actual Presidente del Gobierno se fumó un puro.
De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos —así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua “propia”. Ya se sabe: “la letra con sangre entra”.
El derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo —como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).
Pero lo más peligroso —por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia.
Las normas internacionales, por ejemplo, las de la UNESCO, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.
Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional, conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua co-oficial- se lee lo siguiente: “Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas co-oficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio”.
Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.
(Joaquín Leguina es doctor en Ciencias Económicas, político, escritor y ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid)
