Tribuna Libre

Estatuto de Cataluña: una bomba cebada

Por J. Oneto
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) sobre el Estatuto de Cataluña, por el recurso presentado por el Partido Popular hace ya más de tres años, y el bloqueo en el que se encuentra el tribunal ante la posible inconstitucionalidad de una tercera parte del articulado, del concepto de nación introducido en el preámbulo, de los símbolos, de la identidad y los derechos históricos de Cataluña y de la bilateralidad en el trato de la Generalitat con la Administración central, ha ido cebando una bomba cuya explosión puede ocasionar daños colaterales desconocidos desde la aprobación de la Constitución en 1978.

En realidad, la bomba comenzó a cebarse antes de la elaboración del Estatuto por el Parlamento catalán. Exactamente, en junio de 1985, en el primer mandato de Felipe González, cuando se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad por el uso abusivo que la oposición de entonces, ante la mayoría absoluta del PSOE, hacía del mismo en un intento de paralizar gran parte de los proyectos de ley. El recurso se suspende para todos los supuestos, excepto para los tratados internacionales, con lo que deja abierta la posibilidad de conflicto ante un tribunal que tiene que decidir sobre cualquier estatuto después de haberse aprobado en el Parlamento y haber sido refrendado en las urnas. Conflicto en el que se encuentra, en estos momentos, el Tribunal Constitucional.

Durante el mandato de Aznar, el Partido Popular, a pesar de la mayoría absoluta del año 2000, no intentó replantear la recuperación del citado recurso previo y fue en 2006, de nuevo con un Gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, cuando el Partido Popular incluyó una enmienda en el proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional, que no prosperó, para que el tribunal se pronuncie sobre la reforma de los estatutos de autonomía antes de que sean sometidos a referéndum en las respectivas comunidades autónomas.

EL CONFLICTO JURÍDICO ES DE TAL GRAVEDAD que, a lo largo de los últimos meses, y ante las noticias que van conociéndose sobre las interminables votaciones dentro del TC, las últimas de las cuales reflejan una mayoría de 6-4 a favor de la inconstitucionalidad de numerosos artículos, los propios socialistas (José Blanco, número dos del PSOE, y Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, encargado de dejar el Estatuto catalán “limpio como una patena”) se han mostrado partidarios de abrir un periodo de reflexión para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, especialmente en lo que se refiere a los estatutos de autonomía.

Pero la bomba siguió cebándose por la promesa realizada por el presidente del Gobierno de aceptar en Madrid el estatuto que aprobase el Parlamento catalán. Esa improvisación de Zapatero; su posición difícilmente explicable de que el concepto de nación es un concepto “discutido y discutible”; su traición a Artur Mas y a Convergència i Unió a los que, a cambio de su apoyo al texto final del Estatuto, el que salió de la Comisión Constitucional ya suficientemente peinado, les prometió que no reeditaría el tripartito si Convergència era la fuerza política más votada en las últimas elecciones autonómicas; los cambios que debían producirse en el Tribunal Constitucional y que no se han producido por falta de entendimiento con el Partido Popular; las sucesivas recusaciones de distintos miembros, entre ellos la de Pérez Tremps; y el puesto sin cubrir del fallecido magistrado Roberto García-Calvo han dejado al Constitucional en una posición que ha llevado a algunos políticos catalanes a pedir la dimisión en pleno de todos los magistrados.Por último, la bomba ha terminado de cebarse con el editorial conjunto publicado por la totalidad de la prensa catalana, En defensa de la dignidad de Cataluña, al que se han sumado la mayoría de los partidos políticos de Cataluña, sindicatos, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, asociaciones culturales y ayuntamientos. Y todo, en vísperas de las consultas independentistas convocadas en más de un centenar de ayuntamientos que se llevarán a cabo la próxima semana.

A LA ESPERA DE LA SENTENCIA sobre el Estatuto, que para muchos es una verdadera Constitución para Cataluña, la bomba está lo suficientemente cebada como para provocar toda una serie de daños colaterales que afectarán a Cataluña, a su Gobierno, al resto de las autonomías, al prestigio del tribunal e, incluso, a la propia Constitución.Lo que está ocurriendo es un síntoma más de la crisis institucional provocada por la puesta en marcha de un nuevo concepto de autonomía que no contaba con el consenso de la oposición y que entraba exclusivamente en el campo del tactismo político coyuntural cuyos efectos devastadores ya están aquí.

(J. Oneto es periodista y columnista)