miércoles, 8 de junio de 2011

La Revolucion de los Jovenes Españoles

Los patronos critican la reforma laboral del Gobierno y los “indignados” la rechazan

Madrid.- El Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a la patronal y al movimiento Democracia Real Ya (DRY) en su oposición al borrador de la reforma laboral, pero cada uno por razones opuestas.
Según lo que se ha conocido, los convenios colectivos deberán incluir el sometimiento de empresarios y sindicatos a los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos (mediación y arbitraje) cuando surjan discrepancias derivadas de la aplicación del propio convenio o de la modificación de las condiciones de trabajo.
Es una de las novedades que el Ministerio de Trabajo ha incluido en el borrador del decreto ley que reformará el sistema de negociación colectiva y que el Gobierno está presentando a los grupos parlamentarios, además de a la patronal y los sindicatos.
Asimismo, el borrador establece que cuando empresarios y sindicatos se sienten a negociar un nuevo convenio deberán asumir «el compromiso previo» de encomendarse a un arbitraje vinculante si no se llega a un acuerdo en el plazo de 20 meses, en cuyo caso la resolución del árbitro (laudo) tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos. No obstante y mientras el árbitro no se pronuncie al respecto, el convenio colectivo seguirá estando vigente aunque haya caducado, con lo que se mantiene la llamada «ultraactividad».
Con el objetivo de agilizar el proceso de renovación de los convenios, el borrador también dice que empresa y sindicatos tienen un mes para iniciar la negociación desde que se denuncia la pérdida de vigencia del convenio. Además, la reforma obligará a que entre los contenidos mínimos de un convenio se incorporen medidas para contribuir a la flexibilidad interna de las empresas, «que favorezcan su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda y la estabilidad del empleo».
Entre esas medidas, el texto concreta que como mínimo el 5 % de las horas de trabajo anuales de un empleado podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año, acomodando las horas a las necesidades de producción. Al respecto, el borrador también dice que los convenios tendrán que detallar la forma y los periodos de tiempo en los que se podrán cambiar las funciones de un trabajador.
Por otra parte, con la reforma prevalecerá el convenio de empresa sobre el sectorial o el territorial en lo que tiene que ver con los salarios, la compensación de horas extraordinarias, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, la clasificación profesional y las modalidades de contratación.
Por lo pronto, el borrador ha suscitado el rechazo del movimiento DRY, que ha trasladado la acampada de la madrileña Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados para protestar contra la reforma de la negociación colectiva, cuya aprobación está prevista para este viernes.
Unas 400 personas está llevando a cabo, desde las seis de la tarde, un acto de protesta que ha cortado el tráfico entre plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo y en el que han leído un comunicado. "Ante tan vergonzosa voluntad de recortar los derechos de los trabajadores, decimos basta", claman.
Los organizadores han discutido la posibilidad de trasladar también la asamblea general, que normalmente tiene lugar a las ocho de la tarde en la Puerta del Sol, a las inmediaciones de la Cámara Baja. La manifestación, que según algunos de los asistentes se convocó durante algunas de las asambleas del fin de semana, está encabezada por pancartas con lemas como "Pienso, luego resisto" o 'Reforma laboral para los políticos". Los asistentes han comenzado marchando hacia la sede de la Cámara Baja con gritos de "Rubalcaba, da la cara", "Esta batalla la vamos a ganar" o "Reforma laboral, parada patronal". Portaban, además, carteles contra las reformas laborales.
Media docena de furgones policiales han impedido que se acercasen al Congreso, y unos 15 más vigilan los alrededores. Por el momento no se han registrado incidentes, aunque los portavoces de la acampada en Sol han anunciado en su cuenta de Twitter: "Corred la voz: #notenemosmiedo y somos pacíficos, pero si pasara algo nos vamos hacia Neptuno".
En el otro extremo, la patronal ha recibido el borrador con un rechazo, ya que los cambios en los convenios que introducirá la nueva ley dependen mucho de la voluntad de las partes para llevarlos a cabo. Según ha denunciado hoy el presidente de la CEOE, Juan Rosell, la reforma, tal y como está planteada ahora, es "decepcionante y desequilibrada".
A su juicio, no "resuelve problemas y no va en la dirección adecuada" ya que no se reflejan las medidas de flexibilidad laboral que son necesarias para crear un clima de confianza empresarial que pudiera ayudar a mejorar el empleo. "La flexibilidad interna es nuestro caballo de batalla", ha asegurado el presidente de la CEOE antes de advertir de que confían en que durante su trámite parlamentario puedan hacer algunos cambios en el texto e introducir sus recomendaciones.
En referencia a anteriores declaraciones Rosell ha dicho que si antes tenían la música, pero no la letra, ahora no tienen "ni la letra, ni la música". "No pedimos reformas solo para el beneficio de empresas y empresarios, sino para beneficios del país", ha apuntado.
En opinión de Rosell, donde más flaquea el texto elaborado por el Ministerio de Trabajo es en el tema de la flexibilidad interna, donde el Gobierno obliga a incluir en los convenios un porcentaje máximo y mínimo de la jornada de trabajo que se distribuye irregularmente a lo largo del año. Si no se pacta otra cosa, ese porcentaje será del 5%. La cifra queda lejos de las pretensiones de la patronal, aunque incomoda a los sindicatos. Según ha señalado el líder de la patronal, el borrador se queda lejos de lo que ya habían logrado pactar con los sindicatos.
El Gobierno, ya que el PSOE no tiene mayoría en el Congreso, necesita el apoyo de otros grupos para sacar adelante la reforma. Sin embargo, los que hasta ahora habían sido los mejores socios parlamentarios del Ejecutivo, PNV y CiU, son en esta materia más cercanos a la CEOE, sobre todo por los nacionalistas catalanes, por lo que la patronal puede encontrar medios para introducir algunos cambios en la ley a través de enmiendas. Según se ha limitado a afirmar Rosell, desde la patronal confían en "hacer llegar" sus recomendaciones a los grupos parlamentarios sin citar a ninguno de ellos en concreto.