
Madrid.- Como muchos pronosticaron, en especial los sindicatos, el gobierno socialista ha dado marcha atrás y ha eliminado del documento enviado a Bruselas en el que expone sus medidas para corregir el déficit el párrafo en el que proponía aumentar el tiempo de cómputo de la pensión de los 15 años actuales a 25.
De ese modo se suprimido la frase donde se leía "si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros -la edad de jubilación- y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030".
En su primera versión, se afirmaba que: "de acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa”.
Pero la nueva redacción deja lo siguiente: "De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrase la edad legal de jubilación se reduciría en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Ello supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea."