Opinión

Instituciones deterioradas

Por J. Estefanía
Una característica de todos los sondeos es la valoración muy negativa que los ciudadanos hacen de la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica, lo cual redunda en un cuestionamiento de la calidad de la democracia. En muchas ocasiones, la política (con minúscula) se impone al sentido común y defrauda las expectativas de la gente.
Es síntoma de ello lo que está ocurriendo en España con el debate partidario en materia económica. Los Presupuestos del Estado, las convocatorias para lograr un pacto transversal que permita aunar fuerzas para combatir la peor crisis económica en muchísimos años, el planteamiento de anteproyectos como el de la Ley de Economía Sostenible, son ocasiones perdidas en las que lo que emerge a la luz pública son, más allá de los matices y diferentes responsabilidades que se les podría atribuir a cada uno, los ejercicios de permanente desautorización entre el Gobierno y la oposición.

La discusión central, tal como trasluce, tiene más que ver con luchas sobre el poder y con ejercicios de mera supervivencia partidista que con el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos en materia de desempleo, empobrecimiento y pérdida de bienestar.

Seguramente no es del todo justa esta percepción, pero es la que es: se manifiesta una ausencia de densidad argumental en el debate político de la crisis económica, en beneficio de otros asuntos más corporativos de sus escasos protagonistas.
Está bien que el Ejecutivo pretenda administrar su acción con el mayor consenso político y social y no mediante el despotismo de otros momentos, pero ese consenso no puede ser limitativo de la acción de gobernar. La oposición del PP se está ejerciendo por mero deterioro del Gobierno: o no tiene alternativa económica o la esconde temerosa de sus costes sociales en número de votos.

El Banco de España, que habría de ejercer ahora un papel muy activo debido a la restricción del crédito -que es la principal limitación al crecimiento de la inversión y el empleo- habla de cualquier otra cosa más que de ello causando la irritación no sólo de los sindicatos sino de los empresarios: la reestructuración del sistema financiero está siendo mucho más lenta de lo esperado.

Qué decir de otras instituciones centrales como el Tribunal Constitucional (incapaz de ser renovado por los partidos políticos), el Consejo General del Poder Judicial (del que se han conocido recientemente sus procedimientos de selección) y otros organismos supervisores y reguladores. Etcétera.
Muchas instituciones aparecen demediadas o fuera de forma en esta coyuntura, en la que serían esenciales para la revitalización de la vida política y su relación con la crisis económica. La crisis multiplica la inseguridad de los ciudadanos y en ese contexto cobran más importancia que nunca las instituciones.

La historia muestra que cada vez que se produce una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren la necesidad de instituciones eficaces, de estar bien gobernados, la necesidad de lo colectivo, la significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento.

Es seminal la calidad del marco normativo y de las instituciones que, cuando funcionan bien, reducen la incertidumbre, aminoran los costes de transacción y facilitan la cohesión social.
Dándose cuenta de este agujero negro ha aparecido la iniciativa estosololoarreglamosentretodos.org, un intento de movilizar a la sociedad civil para recuperar la confianza bajo el lema de "queremos arreglar esto y no vamos a esperar que nadie lo haga por nosotros".

En su presentación, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, declaró: "El que los políticos lo estén haciendo mal no puede ser una excusa; la sociedad civil tiene que moverse".
Otro día habrá que abordar los defectos de la sociedad civil española, que no es ni mucho menos perfecta, en la crisis de confianza que padecemos. Mientras tanto, reproduzcamos la opinión de Ivan Krastov, miembro fundador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en este periódico el pasado sábado: "Somos testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales. (...) Las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es una cuestión de confianza, sino más bien de gestión de la desconfianza". Peligroso.

(J. Estefanía es periodista y economista)