La Junta ofrecio dinero a las familias para evitar el juicio por el incendio de Guadalajara
Toledo.- El Gobierno regional de Castilla-La Mancha que preside el socialista José María Barreda negoció indemniz
ar a las familias de ocho de las once víctimas del incendio de Guadalajara a cambio de que éstas retiraran la acusación contra los técnicos y los responsables políticos regionales imputados, que se enfrentan a penas de siete años de prisión por delitos contra la seguridad de los trabajadores, imprudencia y homicidio imprudente.
La denuncia la ha hecho el diario ABC, que añade que las posibles indemnizaciones rondaban los 120.000 euros a cada familia y los mediadores propusieron firmar un documento en el que la Junta les pedía perdón por los errores cometidos en el proceso de extinción y por el trato dado a los allegados de las víctimas tras los fallecimientos.
Según han confirmado ambas partes, los contactos se iniciaron en primavera de 2008 y actuó como mediador un cargo socialista provincial, que mantuvo varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial que pusiera fin al contencioso iniciado en el Juzgado de Sigüenza días después de la tragedia ocurrida en julio de 2005. También ambas partes reconocen que se negoció el pago de indemnizaciones a las familias y que fueron éstas últimas las que desestimaron un posible pac
to, rompiéndose así definitivamente los contactos.
Sin embargo, las versiones difieren en algunos detalles de la negociación. Un portavoz del Ejecutivo castellano-manchego declaraba a ABC que la mediación comenzó por iniciativa del abogado que representa a ocho familias de las víctimas y tío de uno de los fallecidos, Miguel Solano, y que la Junta aceptó negociar «siempre que estuvieran conformes todos los técnicos imputados y todas las familias, con el objetivo de que dejaran de sufrir ambas partes».
ar a las familias de ocho de las once víctimas del incendio de Guadalajara a cambio de que éstas retiraran la acusación contra los técnicos y los responsables políticos regionales imputados, que se enfrentan a penas de siete años de prisión por delitos contra la seguridad de los trabajadores, imprudencia y homicidio imprudente.La denuncia la ha hecho el diario ABC, que añade que las posibles indemnizaciones rondaban los 120.000 euros a cada familia y los mediadores propusieron firmar un documento en el que la Junta les pedía perdón por los errores cometidos en el proceso de extinción y por el trato dado a los allegados de las víctimas tras los fallecimientos.
Según han confirmado ambas partes, los contactos se iniciaron en primavera de 2008 y actuó como mediador un cargo socialista provincial, que mantuvo varias reuniones para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial que pusiera fin al contencioso iniciado en el Juzgado de Sigüenza días después de la tragedia ocurrida en julio de 2005. También ambas partes reconocen que se negoció el pago de indemnizaciones a las familias y que fueron éstas últimas las que desestimaron un posible pac
to, rompiéndose así definitivamente los contactos.Sin embargo, las versiones difieren en algunos detalles de la negociación. Un portavoz del Ejecutivo castellano-manchego declaraba a ABC que la mediación comenzó por iniciativa del abogado que representa a ocho familias de las víctimas y tío de uno de los fallecidos, Miguel Solano, y que la Junta aceptó negociar «siempre que estuvieran conformes todos los técnicos imputados y todas las familias, con el objetivo de que dejaran de sufrir ambas partes».
