Culebrón venezolano en torno al nuevoEstatuto de
Castilla-La Mancha
Madrid.- Hace meses que las discusiones sobre el nuevo Estatuto de Autonomía regional se han convertido en una especie de culebrón venezolano, pero en las últimas jornadas se han alcanzado niveles nunca conocidos en los largos meses (año y medio) de tira y afloja entre PSOE y PP.
El jueves, los socialistas elevaron el informe de la ponencia a la Comisión Constitucional sólo con el sorprendente apoyo de CiU, y la abstención del PP, que dice dar así una «última oportunidad» al PSOE para llegar a un acuerdo. Algunos llegaron a anunciar a bombo y platillo la aprobación del texto.
Luego, remansadas parcialmente las aguas, el PSOE amenazó con retirar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha -que a estas alturas incluye una reserva de 4.000 hectómetros- si no consigue apoyo del PP. Los conservadores quieren suprimir del articulado la reforma electoral aprobada unilateralmente por Barreda en las Cortes regionales.
Nadie recuerda un capítulo tan surrealista en el largo camino de la reforma estatutaria. El PSOE aprobó el informe de la ponencia gracias al apoyo de los diputados nacionalistas catalanes de CiU. Muchas voces comentaban con sorna que el nacionalismo catalán nunca se ha presentado a unas elecciones en Castilla-La Mancha y son más los que bromean que tampoco parece que vaya a hacerlo en el futuro.
Pero sí parece claro que José María Barreda, el presidente regional, tendrá que agradecer a CiU que la reforma se haya desbloqueado y siga sus aventuras y desventuras parlamentarias en la Comisión Constitucional.
Mientras muchos cronistas parlamentarios se reían sin tapujos del espectáculo que supone la alianza del PSOE regional con CIU, mientras PP e IU se abstenían y votaba en contra Rosa Díez, otros muchos apostaban si se atreverá Barreda a aprobar el estatuto con el único respaldo de CiU. Y sobre todo ironizaban acerca de cómo iba a explicarse a los castellano manchegos una cosa así.
En ese fragor, la dirección de los socialistas en el Congreso cortó por lo sanó para anunciar, que con acuerdo o sin él hay dos líneas rojas que en ningún caso se van a cruzar. No se inventará una fórmula que ponga en cuestión la viabilidad del trasvase Tajo-Segura y no se aprobará el Estatuto de Autonomía “si no es con la mayoría con que salió adelante en las Cortes regionales». O lo que es igual, si el Grupo Popular mantiene su abstención y no apoya el texto, el Grupo Socialista está dispuesto a retirar el Estatuto.
La Mesa de la Comisión Constitucional será convocada la próxima semana y decidirá una cita para el 20 o 21 de abril. Como ha opinado un cronista, otra fecha clave en el particular calvario del Estatuto de Castilla-La Mancha.
El diputado conservador Arturo García-Tizón explicaba así lo sucedido desde la óptica del PP: «Hemos dejado el voto negativo sin paliativos y lo hemos convertido en abstención». El diputado popular explicó que su partido quiere dar una «última oportunidad» al PSOE para llegar a un acuerdo en la Comisión Constitucional.
Hay dos puntos de discordia: el agua y la reforma electoral. En la enmienda transaccional que presentó ayer el PSOE se recoge una reserva de agua para atender las necesidades de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos. El PP lo rechaza de plano y sostiene que esa es una competencia del Estado, en la que el Estatuto no debe entrar, y supone una provocación a regiones limítrofes.
Sobre la reforma electoral que se aprobó en las Cortes sin el apoyo del PP, los populares exigen su retirada del articulado del Estatuto. Son conscientes de que son el obstáculo evidente a un triunfo en las próximas elecciones que anticipan las encuestas pero que hacen peligrar las enrevesadas cuentas de unas normas que parecen inventadas para perpetuar en el gobierno a Barreda a cualquier precio.
