Adios al Estatuto de la discordia
Toledo.- Entre mutuas acusaciones y politiqueos, el proyecto de nuevo estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha ha pasado a mejor vida, después de tres años de bloqueos, tiras y aflojas y sobre todo de falta de deseo de PSOE y PP para encontrar un punto de acuerdo.
Con el voto a favor de los socialistas y la oposición del PP, el Parlamento de Castilla-La Mancha ha decidido solicitar la retirada de la propuesta de reforma del texto estatutario y de ese modo se ha convertido en el segundo que corre esa suerte, después de la retirada de la reforma del Estatuto de Canarias, cuyo trámite se había acordado iniciar en el pleno del Congreso del 6 de febrero de 2007.
En cuanto al de Castilla-La Mancha, la falta de acuerdo sobre la política hídrica ha sido el motivó formal de que la Comisión Constitucional aprobara, el pasado 21 de abril, el dictamen sobre la reforma del Estatuto únicamente con los votos socialistas, lo que, en la práctica, implicaba la retirada del texto.
Los diputados del PP votaron en contra tanto del preámbulo y del articulado después de que el PSOE hiciera lo mismo con la enmienda transaccional presentada en el último momento por los 'populares', en la que se proponía mantener la alusión a los 4.000 hectómetros cúbicos pero se suprimía el término "reserva".
El grupo socialista anunció en su momento que renunciaría a continuar la tramitación del Estatuto si no contaba con apoyo del PP, de modo que el siguiente paso era que las Cortes de Castilla-La Mancha, como Parlamento proponente, solicitase la retirada del texto del Congreso. Y así ha sido.
Inicialmente la reforma contemplaba la supresión del trasvase Tajo-Segura en 2015 y una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos, y salió adelante en el Parlamento regional con el apoyo de los dos grandes partidos, incluido el voto a favor de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Luego Cospedal fue nombrada secretaria general del PP, lo que le obligó a atender los intereses de las distintas comunidades, incluido el trasvase del Tajo al Segura, y a terciar entre las diferencias regionales. Pero el PSOE no dudó en querer utilizar esa circunstancia para minar la imagen política de la dirigente conservadora, consciente de la sangría de votos que erosionaba a Barreda.
La Comunidad Valenciana y la Murciana adelantaron entonces su oposición frontal a este texto, especialmente en lo que atañe al tema del agua, y sobre todo desde las filas del PP de estas autonomías.
A pesar de todo, la reforma fue admitida a trámite en el Congreso el 14 de octubre de 2008, si bien el PP, al constatar el malestar generado en estas Comunidades, se mostró reticente y dispuesto a cambiarlo en el debate parlamentario.
Así pues, se puede decir que al estatuto regional lo han tumbado los intereses de los dos grandes partidos de vencer en las próximas elecciones, en vez de su obligación de velar por los intereses de los ciudadanos castellano-manchegos.
Y ahora ha llegado la hora de las mutuas acusaciones y las palabras gruesas. Pero los hechos son claros, unos por otros, la casa sin barrer. Y esa casa no es otra que Castilla-La Mancha.
