El Estatuto catalán no gusta a la
mayoría del Constitucional
Madrid.- El Tribunal Constitucional, tras tres días de debates y pese a que su presidenta, María Emilia Casas, puso toda la carne en el asador, rechazó por seis votos contra cuatro el quinto intento de resolver el recurso presentado por el PP contra el 'Estatut'. La propuesta de fallo rechazada avalaba la legalidad de la mayor parte del texto aprobado por el Parlamento y por los ciudadanos catalanes en referéndum.
El proyecto de sentencia ratificaba el 85% del texto, anulaba unos 15 artículos y disposiciones, entre ellos el diseño de poder judicial catalán, y marcaba la interpretación estricta con que debían ser aplicados otros 25 apartados para ser considerados constitucionales, entre ellos el deber de conocer el catalán, los derechos históricos, la bilateralidad con el Estado, la financiación o el blindaje competencial. Se trataba, posiblemente, del fallo más favorable al que pueden aspirar los defensores del 'Estatut', pese a que los nacionalistas no querían que se tocase «ni una coma», y quedaba muy lejos de los objetivos del PP, que pretendía ilegalizar 125 artículos, la mitad del texto.
La derrota significa que tendrán que pasar semanas e incluso meses antes de que la corte pueda realizar otro intento para solucionar el recurso, uno de los más importantes de su historia, que condiciona el trabajo del tribunal desde hace años, marca la agenda política, y ha sometido la credibilidad de la institución a un enorme desgaste, al percibirse como otro campo más para la lucha partidista.
Era el quinto intento desde diciembre de 2007, cuando comenzó a deliberarse el recurso presentado un año antes, pero había creado gran expectación. Por primera vez la presidenta iba a forzar una votación para que cada magistrado tuviese que retratarse e incluso estaba dispuesta asumir el desgaste personal de utilizar su voto de calidad para romper un posible empate a cinco entre progresistas y conservadores, aunque supusiera aprobar la sentencia con mayoría raspada y partir el tribunal en dos.
Casas, defensora del borrador de sentencia derrotado y que había sido elaborado Elisa Pérez, no logró sin embargo convencer al progresista Manuel Aragón, pese a que mantuvo contactos con él hasta el último minuto para que se sumase a la resolución, lo que habría proporcionado los cinco votos necesarios para dictar el fallo. Así las cosas, la votación de ayer reflejó la misma situación de bloqueo en las deliberaciones en que se encuentra el tribunal desde hace al menos un año. Casas, Pérez y los progresistas Eugenio Gay y Pascual Sala, por un lado, y los conservadores Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, por otro. En el medio, pero también en contra de este borrador, se situaron el conservador y vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, y Manuel Aragón.
Este último era la llave para lograr la mayoría, pero no hubo acuerdo. El catedrático aceptaba la mayor parte del texto de Pérez, pero en un punto no transigió. Estaba dispuesto a que se mantuviese el término «nación» referido a Cataluña en el preámbulo como algo decorativo -sin efecto jurídico alguno- y a que se dejase la denominación de «símbolos naciones» para el himno, la bandera y la Diada, como elementos simplemente referidos a la «nacionalidad» catalana, pero exigía que, a cambio, se trasladase al fallo de la sentencia con claridad que España no es un estado plurinacional y que la soberanía nacional no es divisible sino que recae en exclusiva en todo el pueblo español.
Los cuatro defensores del borrador estaban dispuestos a realizar tal interpretación para salvar los artículos, pero contestaron que el lugar para reflejarla eran los fundamentos jurídicos no el fallo. Aragón no cedió porque cree que si la aclaración no está en el fallo, que es la parte dispositiva de la sentencia, en el futuro alguna autonomía puede usar esos artículos para reclamar su carácter de «nación» dentro de una España federal.
La derrota dio al traste con la línea de sentencia defendida por Pérez en sus cinco borradores sucesivos, por lo que, tras la votación, reconoció que estaba en un callejón sin salida -el 4 a 6 permanente-, arrojó la toalla y renunció a elaborar una sexta ponencia. Casas, en un intento de romper el bloqueo, encargó el sexto borrador de sentencia a Jiménez, el más moderado de los conservadores del tribunal.
El movimiento trata de comprobar si el cambio de ponente puede lograr un texto respaldado por una mayoría suficiente para dictar sentencia antes de julio. Es, posiblemente, el último intento del tribunal de resolver el recurso del PP antes de que se eche encima la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas, que se celebrarán en octubre o noviembre próximos, y de que se vea obligado a aplazar las deliberaciones hasta después de los comicios, para no interferir en las votaciones con una sentencia de tan alto contenido político. La viabilidad del movimiento aún está por ver, ya que Pérez, por ejemplo, tardó unos cinco meses en lograr madurar y negociar su propuesta antes de atreverse a someterse a votación.
Casas es muy consciente de que aplazar las deliberaciones hasta fin de año pondría al tribunal en una situación aún más límite que la actual. Además de superar los cuatro años de tramitación, el posible fallo ya no lo dictaría un tribunal con cuatro miembros con su mandato legal agotado, como ocurre ahora, sino que estarían en esa situación siete de los diez que forman la sala. En noviembre concluye el mandato de nueve años de tres magistrados más. Ya son varias las formaciones políticas que, ante el fracaso y bloqueo evidente, han comenzado a reclamar la renovación inmediata de los interinos, que tenían que haber dejado la institución hace dos años, para que se forme un nuevo tribunal, aunque suponga postergar un año o más la resolución del recurso.
