Los ayuntamientos tendrán 3.400 millones para ayudar a pagar las deudasMadrid.- El Gobierno ha aprobado medidas para ayudar a los municipios a pagar las deudas acumuladas por valor de 3.400 millones de euros, que había anunciado José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del Estado de la Nación.
Además, el Gobierno ha impulsado medidas para aliviar la situación de quienes no pueden pagar su hipoteca, para fomentar la actividad de los emprendedores y para asegurarse de que las comunidades autónomas no empeñarán el ajuste fiscal. Con estas iniciativas, el Gobierno trata de tomar impulso en el último tramo de la legislatura.
El Gobierno enjugará la deuda municipal con los proveedores mediante una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 3.400 millones de euros para pagar directamente las facturas que el pasado 31 de abril tuvieran las entidades locales pendientes de pago a pymes y autónomos.
El vicepresidente-candidato Alfredo Pérez Rubalcaba ha explicado que la nueva línea de crédito financiará primero las deudas de las pequeñas empresas, con menos de 250 empleados. También explicó que el ICO pagará directamente a proveedores a través de las entidades bancarias colaboradoras porque es un método fácil de aplicar.
El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito. La medida pretende impulsar la actividad económica y especialmente la inversión en nuevos proyectos empresariales, y atender la difícil situación tanto de los proveedores como de las entidades locales.
El Gobierno responde así a las reclamaciones que llevan meses haciendo los Ayuntamientos, especialmente el de Madrid, mucho más endeudado que cualquier otro. Los números rojos de la capital suponen el 22% de los casi 29.000 millones de euros de deuda de todos los municipios de España. La deuda de las entidades locales con las empresas de limpieza ronda los 3.400 millones de euros, según los cálculos. La morosidad municipal también pesa como una losa en sectores como el eléctrico, la limpieza de interiores, la construcción o los proveedores de madera para parqués.
Además, el Gobierno se fija un techo de gasto a sí mismo y a los entes locales. El Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley General de E
stabilidad Presupuestaria para fijar un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales. Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes. Con estos datos, se supone una inflación del 1,75%, "y con ello construyes el gasto máximo que puedes tener en un Ayuntamiento". Así, el gasto en el Gobierno central y local no puede crecer más que la economía.
Organismos como la Comisión Europea y el Banco de España han recomendado que esa norma se extienda a las comunidades autónomas. La vicepresidenta Elena Salgado aduce que el Gobierno central no tiene capacidad para ello, ya que las comunidades disponen de autonomía financiera. Pero sí que se llevará esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes.
Respecto a los impagos en préstamos, el embargado podrá quedarse con una parte mayor del salario. El Gobierno trata de suavizar la situación de aquellos a los que se le ejecute la hipoteca por impago, se queden sin el piso y aun así tengan una deuda pendiente con el banco. La cuantía de sus ingresos que no pueden ser embargados aumenta de poco más de 700 euros a 960, lo que supone pasar al 150% del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, si existen otros familiares cercanos sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Por ejemplo, quien tenga a cargo dos familiares tendrá 1.350 euros intocables por el banco. Por si fuera poco, el banco no podrá subastar una vivienda embargada por menos del 60%.
Además de aumentar el sueldo que no se puede embargar, los bancos que se queden con una vivienda por impago tendrán que tasarla durante la subasta en al menos un 60% de su valor, y no en el 50% como hasta ahora. Este cambio, que trata de limitar los abusos en las subastas, beneficia al que se le ejecuta la hipoteca porque se reduce la cantidad que sigue debiendo a la entidad financiera. Otra medida en la misma dirección es facilitar el acceso de más potenciales compradores en la subasta. Para ello se reduce el depósito previo necesario para participar y queda por escrito el compromiso de establecer pujas por Internet.
Además, el Gobierno ha impulsado medidas para aliviar la situación de quienes no pueden pagar su hipoteca, para fomentar la actividad de los emprendedores y para asegurarse de que las comunidades autónomas no empeñarán el ajuste fiscal. Con estas iniciativas, el Gobierno trata de tomar impulso en el último tramo de la legislatura.
El Gobierno enjugará la deuda municipal con los proveedores mediante una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 3.400 millones de euros para pagar directamente las facturas que el pasado 31 de abril tuvieran las entidades locales pendientes de pago a pymes y autónomos.
El vicepresidente-candidato Alfredo Pérez Rubalcaba ha explicado que la nueva línea de crédito financiará primero las deudas de las pequeñas empresas, con menos de 250 empleados. También explicó que el ICO pagará directamente a proveedores a través de las entidades bancarias colaboradoras porque es un método fácil de aplicar.
El plazo del préstamo al Ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del crédito. La medida pretende impulsar la actividad económica y especialmente la inversión en nuevos proyectos empresariales, y atender la difícil situación tanto de los proveedores como de las entidades locales.
El Gobierno responde así a las reclamaciones que llevan meses haciendo los Ayuntamientos, especialmente el de Madrid, mucho más endeudado que cualquier otro. Los números rojos de la capital suponen el 22% de los casi 29.000 millones de euros de deuda de todos los municipios de España. La deuda de las entidades locales con las empresas de limpieza ronda los 3.400 millones de euros, según los cálculos. La morosidad municipal también pesa como una losa en sectores como el eléctrico, la limpieza de interiores, la construcción o los proveedores de madera para parqués.
Además, el Gobierno se fija un techo de gasto a sí mismo y a los entes locales. El Consejo de Ministros aprobó una modificación de la Ley General de E
stabilidad Presupuestaria para fijar un tope máximo al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales. Ese tope se deriva de la evolución del PIB nacional en los cinco años anteriores y de las previsiones de evolución en los tres siguientes. Con estos datos, se supone una inflación del 1,75%, "y con ello construyes el gasto máximo que puedes tener en un Ayuntamiento". Así, el gasto en el Gobierno central y local no puede crecer más que la economía.Organismos como la Comisión Europea y el Banco de España han recomendado que esa norma se extienda a las comunidades autónomas. La vicepresidenta Elena Salgado aduce que el Gobierno central no tiene capacidad para ello, ya que las comunidades disponen de autonomía financiera. Pero sí que se llevará esta propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este mes.
Respecto a los impagos en préstamos, el embargado podrá quedarse con una parte mayor del salario. El Gobierno trata de suavizar la situación de aquellos a los que se le ejecute la hipoteca por impago, se queden sin el piso y aun así tengan una deuda pendiente con el banco. La cuantía de sus ingresos que no pueden ser embargados aumenta de poco más de 700 euros a 960, lo que supone pasar al 150% del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, si existen otros familiares cercanos sin ingresos, o con ingresos inferiores al SMI, esa cuantía se eleva en un 30% adicional por cada uno de esos familiares. Por ejemplo, quien tenga a cargo dos familiares tendrá 1.350 euros intocables por el banco. Por si fuera poco, el banco no podrá subastar una vivienda embargada por menos del 60%.
Además de aumentar el sueldo que no se puede embargar, los bancos que se queden con una vivienda por impago tendrán que tasarla durante la subasta en al menos un 60% de su valor, y no en el 50% como hasta ahora. Este cambio, que trata de limitar los abusos en las subastas, beneficia al que se le ejecuta la hipoteca porque se reduce la cantidad que sigue debiendo a la entidad financiera. Otra medida en la misma dirección es facilitar el acceso de más potenciales compradores en la subasta. Para ello se reduce el depósito previo necesario para participar y queda por escrito el compromiso de establecer pujas por Internet.
