Cospedal acusa al Gobierno de mandar espiar a dirigentes del PP
Madrid.- María Dolores de Cospedal, líder regional del PP y secretaria general a escala nacional del primer partido de la oposición acusa al Gobierno de espiar a dirigentes de su partido utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. La senadora Cospedal aseguró en una entrevista que a su partido "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas” y “a destacados dirigentes nacional
es".
Un día antes, la propia Cospedal acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Pero la dirigente del PP no ha presentado prueba alguna de esas acusaciones hasta el momento.
Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado", pero no dice quiénes.
Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio de Interior, Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI".
Diferentes dirigentes socialistas han exigido que presente una denuncia por estos hechos o se retracte. Pero el departamento de prensa del PP ha explicado que la denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.
La denuncia, que el PP distribuyó de nuevo a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refi
ere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores.
Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Francisco Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.
En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.
Desde el PSOE han sido ya varios dirigentes nacionales, como José Blanco, y otros castellano-manchegos, quienes han pedido a Cospedal que abandone la política si no prueba las acusaciones lanzadas.
es".Un día antes, la propia Cospedal acusó al Gobierno de usar los medios del Estado para perseguir a la oposición, en vez de a ETA. Pero la dirigente del PP no ha presentado prueba alguna de esas acusaciones hasta el momento.
Según la número dos del PP, que en la entrevista habla de forma genérica y sin poner ejemplos, se están interviniendo teléfonos "de manera ilegal, nos consta". Precisó que "altos dirigentes nacionales" del PP tienen el teléfono "pinchado", pero no dice quiénes.
Senadora por Castilla-La Mancha, número dos del PP y ex alto cargo del Ministerio de Interior, Cospedal considera que España vive en "un Estado policial", que comparó con el franquismo, en el que el Gobierno "utiliza a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI".
Diferentes dirigentes socialistas han exigido que presente una denuncia por estos hechos o se retracte. Pero el departamento de prensa del PP ha explicado que la denuncia ya existe y es la que el 24 de julio presentó el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, a fin de encontrar a las fuentes de EL PAÍS en el caso Gürtel. La denuncia era, entre otras cosas, por interceptación ilegal de las comunicaciones, y apuntaba a la Policía Judicial como responsable.
La denuncia, que el PP distribuyó de nuevo a los medios de comunicación, pone en duda que algunas de las conversaciones grabadas relacionadas con el caso Gürtel que han sido reproducidas en los medios fueran interceptadas con todas las garantías legales. Concretamente, se refi
ere a varias conversaciones que tienen como elemento común al empresario imputado Álvaro Pérez, El Bigotes, quien, obviamente, está en el centro de la investigación, independientemente de quiénes fueran sus interlocutores.Las posibles irregularidades que ve Trillo en esas grabaciones le sirvieron para acusar a la policía de estar suministrando información a la prensa. Fuentes del PP citaron, como una evidencia más, una información de la Cadena SER del 31 de julio en la que, basándose en fuentes judiciales, se hablaba de conversaciones privadas de Trillo supuestamente con uno de los magistrados del Tribunal Superior valenciano que archivó el caso de cohecho contra Francisco Camps. Al dejar caer esta idea, se insinúa que el PP cree que es Trillo quien tiene el teléfono pinchado, pero nadie quiso ayer decirlo así.
En la comparecencia de prensa en la que anunció la presentación de esta denuncia, Trillo tuvo cuidado de descartar expresamente la implicación del ministro del Interior en lo que él consideraba una utilización política de la Policía Judicial, responsable de la investigación, por parte de las fuentes de EL PAÍS y de la SER. Ayer, Cospedal fue mucho más lejos y amplió considerablemente esas acusaciones.
Desde el PSOE han sido ya varios dirigentes nacionales, como José Blanco, y otros castellano-manchegos, quienes han pedido a Cospedal que abandone la política si no prueba las acusaciones lanzadas.
