Gran división en el Constitucional sobre dos aspectos clave del Estatuto catalán
Por E. Vázquez
Madrid.- Al menos parece quedar gente en España con dos dedos de frente y con capacidad de frenar algunos disparates. Por ejemplo, los pactados por el gobierno de Zapatero en el Estatuto Catalán.
Nos enteramos ahora que el Tribunal Constitucional está "tremendamente dividido" en torno a al menos dos aspectos clave del polémico Estatut y ello hace temer una sentencia de inconstitucionalidad en dos de ellos: el alcance del término nación y la obligatoriedad de conocer el catalán.
Acaso por eso andaba tan revuelto estos días el disparato vicepresidente catalán, José Luis Carod, que representa las “esencias” del separatismo de ERC y pedía una “manifestación preventiva” en contra de ese órgano de soberanía jurídica, que es el Tribunal, al que comenzó por negarle capacidad para discernir sobre la constitucionalidad.
El enfrentamiento entre los dos sectores de magistrados se extiende también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales". Sobre algunos de los principales preceptos del Título Preliminar y después de tres intentos, las posiciones de los considerados conservadores no se han movido.
La ponente de la sentencia principal, Elisa Pérez Vera, se fue a fin de julio con más de mil folios bajo el brazo plagados de notas para rehacer su proyecto de sentencia. Lleva tres lecturas y no consigue alcanzar el quórum necesario para que el recurso del Partido Popular sea replicado con una sentencia presentable.
El ideal de una sentencia presentable sería una votación favorable por
8-2 o 7-3, pero a estas alturas incluso un 6-4 ya se consideraría admisible. La realidad es que a finales de julio no había votos suficientes para sacar adelante las cuestiones que enfrentan a los magistrados.
En el último pleno, la ponente presentó su tercer proyecto con las anotaciones incorporadas de las dos lecturas anteriores. Había cumplió su cometido, pero el Tribunal seguía "tremendamente dividido", según fuentes consultadas. No sólo se encontró con la oposición frontal del núcleo conservador, a saber, Guillermo Jiménez, Javier Delgado, Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata, sino que algún progresista, como Manuel Aragón, puso más que pegas a la redacción del texto.
En concreto, las pegas se refieren a la solución habilitada sobre el término nación, principal caballo de batalla entre los dos bloques de magistrados, y sobre "el deber" de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña. Dos de los aspectos donde las posiciones siguen irreconciliables. El enfrentamiento se extiende también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales". Sobre esos preceptos del Título Preliminar y después de tres intentos, las posiciones no se han movido.
S
egún las fuentes consultadas, los desacuerdos también se extienden a algunas de las competencias, a aspectos de la financiación y a determinados elementos técnicos competenciales. En algunos casos se podría acabar alcanzando el consenso, al que no se llega por el desacuerdo general en los aspectos clave.
En materia de justicia, por ejemplo, la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña -que el Partido Popular y el Defensor del Pueblo impugnan por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, además de por sus atribuciones- debería haberse regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero se ha empezado la casa por el tejado y el resultado es que el patrón que se apruebe para Cataluña será el que copiarán las demás autonomías. De ahí que se tenga que aquilatar al máximo el modelo que servirá para el resto.
El problema de fondo, según los partidarios de la constitucionalidad, es que hay que volver a diseñar el Estado de las autonomías o lo contrario supondría un retroceso de 30 años en el desarrollo del Estado constitucional. Y lo que en el Estatuto unos consideran "integrador", otros lo ven "separador". Algunos magistrados no ocultan que temen el efecto "separador" de la unidad de España.
Pero el Estado de las Autonomías está en la Constitución, y a favor del Estatuto juega también, según las citadas fuentes, la presunción de constitucionalidad de una ley aprobada democráticamente. El Estatuto fue una ley enviada por el Parlamento de Cataluña y aprobada por las Cortes Generales. Una ley que fue "pulida y cepillada" por la Comisión Constitucional del Congreso, por personas tan poco sospechosas de veleidades nacionalistas como Alfonso Guerra. No se cumplió el "votaré lo que venga", del que se jactó el presidente Zapatero ante Pasqual Maragall. Se pulió todo el texto para que se pudiera votar.
A finales de julio, el magistrado más conservador del Tribunal, Jorge Rodríguez Zapata, presentó al pleno su ponencia al recurso del Defensor del Pueblo. Un texto mucho más escueto que el de Elisa Pérez Vera y plagado de tachas de inconstitucionalidad. El gesto de Rodríguez Zapata fue int
erpretado como un mensaje de que él había cumplido y lo demás dependía de Pérez Vera.
Los magistrados se despidieron en julio con todo agosto por delante para relajar las ideas y recargar las pilas. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, no puso deberes y no cumplió su amenaza de habilitar el mes de agosto, con la esperanza de que todos vuelvan más frescos en septiembre.
El Tribunal ha mantenido su Sala de Vacaciones, integrada este verano por la presidenta María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y el magistrado Ramón Rodríguez Arribas. Pero ésta sólo se ocupa de asuntos urgentes. Hasta el 7 de septiembre, nada del Estatuto, aunque algunos magistrados hayan seguido trabajando a título particular.
¿Es definitivo el bloqueo? Dependerá en buena parte de lo que se consiga con las rectificaciones que se hagan al texto, pero en cualquier caso está difícil.
Otra posibilidad es que el Tribunal Constitucional fuese renovado antes de dictar sentencia para intentar superar los desacuerdos. Pero parece absolutamente descartada, sobre todo porque la renovación depende del PP.
Madrid.- Al menos parece quedar gente en España con dos dedos de frente y con capacidad de frenar algunos disparates. Por ejemplo, los pactados por el gobierno de Zapatero en el Estatuto Catalán.
Nos enteramos ahora que el Tribunal Constitucional está "tremendamente dividido" en torno a al menos dos aspectos clave del polémico Estatut y ello hace temer una sentencia de inconstitucionalidad en dos de ellos: el alcance del término nación y la obligatoriedad de conocer el catalán.
Acaso por eso andaba tan revuelto estos días el disparato vicepresidente catalán, José Luis Carod, que representa las “esencias” del separatismo de ERC y pedía una “manifestación preventiva” en contra de ese órgano de soberanía jurídica, que es el Tribunal, al que comenzó por negarle capacidad para discernir sobre la constitucionalidad.
El enfrentamiento entre los dos sectores de magistrados se extiende también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales". Sobre algunos de los principales preceptos del Título Preliminar y después de tres intentos, las posiciones de los considerados conservadores no se han movido.
La ponente de la sentencia principal, Elisa Pérez Vera, se fue a fin de julio con más de mil folios bajo el brazo plagados de notas para rehacer su proyecto de sentencia. Lleva tres lecturas y no consigue alcanzar el quórum necesario para que el recurso del Partido Popular sea replicado con una sentencia presentable.
El ideal de una sentencia presentable sería una votación favorable por
8-2 o 7-3, pero a estas alturas incluso un 6-4 ya se consideraría admisible. La realidad es que a finales de julio no había votos suficientes para sacar adelante las cuestiones que enfrentan a los magistrados.En el último pleno, la ponente presentó su tercer proyecto con las anotaciones incorporadas de las dos lecturas anteriores. Había cumplió su cometido, pero el Tribunal seguía "tremendamente dividido", según fuentes consultadas. No sólo se encontró con la oposición frontal del núcleo conservador, a saber, Guillermo Jiménez, Javier Delgado, Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata, sino que algún progresista, como Manuel Aragón, puso más que pegas a la redacción del texto.
En concreto, las pegas se refieren a la solución habilitada sobre el término nación, principal caballo de batalla entre los dos bloques de magistrados, y sobre "el deber" de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña. Dos de los aspectos donde las posiciones siguen irreconciliables. El enfrentamiento se extiende también a los "derechos históricos" y a los "símbolos nacionales". Sobre esos preceptos del Título Preliminar y después de tres intentos, las posiciones no se han movido.
S
egún las fuentes consultadas, los desacuerdos también se extienden a algunas de las competencias, a aspectos de la financiación y a determinados elementos técnicos competenciales. En algunos casos se podría acabar alcanzando el consenso, al que no se llega por el desacuerdo general en los aspectos clave.En materia de justicia, por ejemplo, la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña -que el Partido Popular y el Defensor del Pueblo impugnan por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, además de por sus atribuciones- debería haberse regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero se ha empezado la casa por el tejado y el resultado es que el patrón que se apruebe para Cataluña será el que copiarán las demás autonomías. De ahí que se tenga que aquilatar al máximo el modelo que servirá para el resto.
El problema de fondo, según los partidarios de la constitucionalidad, es que hay que volver a diseñar el Estado de las autonomías o lo contrario supondría un retroceso de 30 años en el desarrollo del Estado constitucional. Y lo que en el Estatuto unos consideran "integrador", otros lo ven "separador". Algunos magistrados no ocultan que temen el efecto "separador" de la unidad de España.
Pero el Estado de las Autonomías está en la Constitución, y a favor del Estatuto juega también, según las citadas fuentes, la presunción de constitucionalidad de una ley aprobada democráticamente. El Estatuto fue una ley enviada por el Parlamento de Cataluña y aprobada por las Cortes Generales. Una ley que fue "pulida y cepillada" por la Comisión Constitucional del Congreso, por personas tan poco sospechosas de veleidades nacionalistas como Alfonso Guerra. No se cumplió el "votaré lo que venga", del que se jactó el presidente Zapatero ante Pasqual Maragall. Se pulió todo el texto para que se pudiera votar.
A finales de julio, el magistrado más conservador del Tribunal, Jorge Rodríguez Zapata, presentó al pleno su ponencia al recurso del Defensor del Pueblo. Un texto mucho más escueto que el de Elisa Pérez Vera y plagado de tachas de inconstitucionalidad. El gesto de Rodríguez Zapata fue int
erpretado como un mensaje de que él había cumplido y lo demás dependía de Pérez Vera.Los magistrados se despidieron en julio con todo agosto por delante para relajar las ideas y recargar las pilas. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, no puso deberes y no cumplió su amenaza de habilitar el mes de agosto, con la esperanza de que todos vuelvan más frescos en septiembre.
El Tribunal ha mantenido su Sala de Vacaciones, integrada este verano por la presidenta María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y el magistrado Ramón Rodríguez Arribas. Pero ésta sólo se ocupa de asuntos urgentes. Hasta el 7 de septiembre, nada del Estatuto, aunque algunos magistrados hayan seguido trabajando a título particular.
¿Es definitivo el bloqueo? Dependerá en buena parte de lo que se consiga con las rectificaciones que se hagan al texto, pero en cualquier caso está difícil.
Otra posibilidad es que el Tribunal Constitucional fuese renovado antes de dictar sentencia para intentar superar los desacuerdos. Pero parece absolutamente descartada, sobre todo porque la renovación depende del PP.
