Sigue el esperpento catalán ante la sentencia del Estatuto
Por E. Vázquez
Madrid.- Los partidos catalanes han empezado a tomar posiciones ante la posibilidad de que la sentencia del T
ribunal Constitucional prevista para otoño altere lo que consideran aspectos fundamentales del nuevo Estatuto, como la consideración de Cataluña como nación y la obligatoriedad de aprender la lengua a todos los residentes en aquella región.
La portavoz adjunta del PSC en el Parlamento catalán, Carmen Figueras, se ha sumado al coro de quienes piensan que el alto tribunal «no debería tener opción» de cambiar una ley aprobada en referendo, aunque precisó que debe aceptarse este «marco legal vigente».
Por su parte, el presidente de la Cámara, Ernest Benach, del partido separatista ERC, opina que una de las muchas respuestas que puedan dar las instituciones catalanas a un hipotético fallo negativo es una «actividad frenética de despliegue del Estatuto».
Según Benach, si retocan o reinterpretan aspectos del texto, eso puede llevar a una «crisis de Estado importantísima» y apela a las fuerzas políticas a olvidarse de la proximidad de las elecciones catalanas, previstas para el 2010, y sellar un «gran pa
cto» en defensa del Estatuto.
«Nos avala moralmente un referendo», concluyó. «Si el Estatuto, que es la ley más importante que tiene este país, es cuestionado, la primera autoridad del país, que es el presidente de la Generalitat, debe reaccionar y ponerse al frente», sentenció el republicano.
Pero desde el PP, su líder en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha pedido al presidente catalán, José Montilla, que convoque una cumbre de líderes catalanes cuando se conozca la sentencia y reclamó que el vicepresidente José Luis Carod abandone el Gobierno.
Según Sánchez-Camacho esa reunión debería ser «constructiva» y tendría como objetivo fundamental acordar el desarrollo reglamentario de esa ley orgánica atendiendo a las consideraciones del Tribunal Constitucional. La representante popular dijo que los planteamientos «radicales» y «fuera de tono» que han hecho otros partidos responden a que saben que el Estatuto contiene «aspectos inconstitucionales». Por eso, le pidió que abandonen esa actitud, y a Montilla que se comprometa
Además, dice la líder del PP, la propuesta de Carod, expresada como presidente en funciones de la Generalitat, de convocar una manifestación antes de conocer la sentencia hace que sea una «necesidad y una urgencia que deje sus responsabilidades en el Gobierno».
El portavoz adju
nto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aconsejó al Gobierno que «trabaje para imponer la sensatez» en relación a la resolución del Constitucional de los recursos contra el Estatuto. «Al Gobierno debe preocuparle que una institución tan importante como la Generalitat advierta de que va a adoptar una posición tan antidemocrática como no respetar lo que establecen los tribunales y no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional», sostiene.
El secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, comenta por su parte que las autoridades catalanas no están para «liderar reacción ninguna» a la sentencia, sino que deben «acatarla» y se muestra convencido de que ésta será «favorable a la constitucionalidad del texto».
Madina dice que los socialistas no tienen «miedo a ninguna reacción», porque, «estamos convencidos de que el Estatuto catalán que aprobó tanto el Congreso como el Senado, como el Parlamento catalán y como la sociedad catalana es constitucional».
Sin embargo, el consejero catalán de Educación, el socialista Ernest Maragall, se ha sumado a la ceremonia de la confusión al proponer un Gobierno de coalición PSOE-PSC en la Moncloa. Y aboga en un artículo por la creación de un grupo propio del PSC en el Congreso. El PSC aporta 25 de los 169 escaños del PSOE en la Cámara Baja.
Por E. Vázquez
Madrid.- Los partidos catalanes han empezado a tomar posiciones ante la posibilidad de que la sentencia del T
ribunal Constitucional prevista para otoño altere lo que consideran aspectos fundamentales del nuevo Estatuto, como la consideración de Cataluña como nación y la obligatoriedad de aprender la lengua a todos los residentes en aquella región.La portavoz adjunta del PSC en el Parlamento catalán, Carmen Figueras, se ha sumado al coro de quienes piensan que el alto tribunal «no debería tener opción» de cambiar una ley aprobada en referendo, aunque precisó que debe aceptarse este «marco legal vigente».
Por su parte, el presidente de la Cámara, Ernest Benach, del partido separatista ERC, opina que una de las muchas respuestas que puedan dar las instituciones catalanas a un hipotético fallo negativo es una «actividad frenética de despliegue del Estatuto».
Según Benach, si retocan o reinterpretan aspectos del texto, eso puede llevar a una «crisis de Estado importantísima» y apela a las fuerzas políticas a olvidarse de la proximidad de las elecciones catalanas, previstas para el 2010, y sellar un «gran pa
cto» en defensa del Estatuto.«Nos avala moralmente un referendo», concluyó. «Si el Estatuto, que es la ley más importante que tiene este país, es cuestionado, la primera autoridad del país, que es el presidente de la Generalitat, debe reaccionar y ponerse al frente», sentenció el republicano.
Pero desde el PP, su líder en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha pedido al presidente catalán, José Montilla, que convoque una cumbre de líderes catalanes cuando se conozca la sentencia y reclamó que el vicepresidente José Luis Carod abandone el Gobierno.
Según Sánchez-Camacho esa reunión debería ser «constructiva» y tendría como objetivo fundamental acordar el desarrollo reglamentario de esa ley orgánica atendiendo a las consideraciones del Tribunal Constitucional. La representante popular dijo que los planteamientos «radicales» y «fuera de tono» que han hecho otros partidos responden a que saben que el Estatuto contiene «aspectos inconstitucionales». Por eso, le pidió que abandonen esa actitud, y a Montilla que se comprometa
Además, dice la líder del PP, la propuesta de Carod, expresada como presidente en funciones de la Generalitat, de convocar una manifestación antes de conocer la sentencia hace que sea una «necesidad y una urgencia que deje sus responsabilidades en el Gobierno».
El portavoz adju
nto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aconsejó al Gobierno que «trabaje para imponer la sensatez» en relación a la resolución del Constitucional de los recursos contra el Estatuto. «Al Gobierno debe preocuparle que una institución tan importante como la Generalitat advierta de que va a adoptar una posición tan antidemocrática como no respetar lo que establecen los tribunales y no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional», sostiene.El secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, comenta por su parte que las autoridades catalanas no están para «liderar reacción ninguna» a la sentencia, sino que deben «acatarla» y se muestra convencido de que ésta será «favorable a la constitucionalidad del texto».
Madina dice que los socialistas no tienen «miedo a ninguna reacción», porque, «estamos convencidos de que el Estatuto catalán que aprobó tanto el Congreso como el Senado, como el Parlamento catalán y como la sociedad catalana es constitucional».
Sin embargo, el consejero catalán de Educación, el socialista Ernest Maragall, se ha sumado a la ceremonia de la confusión al proponer un Gobierno de coalición PSOE-PSC en la Moncloa. Y aboga en un artículo por la creación de un grupo propio del PSC en el Congreso. El PSC aporta 25 de los 169 escaños del PSOE en la Cámara Baja.
