La “urgencia” de la TDT de pago divide al Gobierno
Madrid.- La “urgencia” de la TDT de pago legislada ayer a prisa y corriendo por el Gobierno socialista para favorecer a los amigos del presidente Zapatero, ha provoca
do desajustes en las filas del ejecutivo y hasta la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se atrevió en la reunión del gabinete a poner en duda esa urgencia, según fuentes cercanas a la reunión.
Salgado quiso saber los motivos por los que es urgente regular la nueva modalidad de televisión y pidió aclaraciones y explicaciones al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que hace ya cuatro meses animó a solicitar una autorización a aquellos operadores interesados en explotar la TDT de pago.
Se da la circunstancia de que Salgado es la “jefa” teórica de Sebastián, pero también de que éste tiene acceso directo a José Luis Rodríguez Zapatero, como también lo tiene el principal beneficiado de esta medida “urgente”, Jaume Roures, propietario de Mediapro, la empresa dueñ
a de “ La Sexta” y del diario “Público”.
Las últimas reformas en materia audiovisual han provocado discrepancias en el seno del Gobierno. En el caso de la TDT de pago, la división en el Gabinete de Zapatero es especialmente visible. Algunos ministros han recibido presiones de operadores interesados en las emisiones de pago y de sectores de la industria (fabricantes de descodificadores, instaladores de antenas o productores de contenidos) que ven un gran negocio en la nueva tecnología.
La urgencia, según consta en la exposición de motivos del real decreto ley aprobado ayer, persigue acelerar el tránsito de la televisión analógica a la digital. El Gobierno se ha puesto como meta que el apagón analógico se produzca el 3 de abril de 2010 (dos años antes de la fecha límite fijada por la Unión Europea). Según el preámbulo del real decreto ley, "resulta urgente adoptar todas las medidas necesarias para fomentar un proceso de antenización más rápido". Y añade: "Esta decisión normativa, si se adopta de forma urgente, permitirá a la industria española situarse
estratégicamente en condiciones de igualdad" con los principales países europeos "en el desarrollo de servicios y equipos para la TDT de pago, no sólo para el mercado español, sino también para el internacional".
Pero lo cierto es que sólo un operador español (La Sexta) ha mostrado un especial interés en el desarrollo de la TDT de pago. Otros, como Telecinco, propusieron en las alegaciones al borrador de real decreto elaborado por Industria una moratoria para el comienzo de las emisiones codificadas con el fin de que las empresas televisivas pudieran planificar sus estrategias para la compra de dere
chos destinados al pago.
Tampoco el Consejo de Estado considera aconsejable que la regulación de la TDT se realice de forma urgente. Por el contrario, aboga por ponderar las consecuencias que las nuevas emisiones tendrán en el mercado de la televisión de pago, dado que este sector ha experimentado en el último año un descenso en su facturación. Las televisiones en abierto han acusado igualmente las consecuencias de la crisis económica, que ha provocado un desplome en sus ingresos publicitarios. Para intentar limar estos efectos, el Gobierno ha promovido una ley que elimina la publicidad en TVE.
do desajustes en las filas del ejecutivo y hasta la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se atrevió en la reunión del gabinete a poner en duda esa urgencia, según fuentes cercanas a la reunión.Salgado quiso saber los motivos por los que es urgente regular la nueva modalidad de televisión y pidió aclaraciones y explicaciones al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que hace ya cuatro meses animó a solicitar una autorización a aquellos operadores interesados en explotar la TDT de pago.
Se da la circunstancia de que Salgado es la “jefa” teórica de Sebastián, pero también de que éste tiene acceso directo a José Luis Rodríguez Zapatero, como también lo tiene el principal beneficiado de esta medida “urgente”, Jaume Roures, propietario de Mediapro, la empresa dueñ
a de “ La Sexta” y del diario “Público”.Las últimas reformas en materia audiovisual han provocado discrepancias en el seno del Gobierno. En el caso de la TDT de pago, la división en el Gabinete de Zapatero es especialmente visible. Algunos ministros han recibido presiones de operadores interesados en las emisiones de pago y de sectores de la industria (fabricantes de descodificadores, instaladores de antenas o productores de contenidos) que ven un gran negocio en la nueva tecnología.
La urgencia, según consta en la exposición de motivos del real decreto ley aprobado ayer, persigue acelerar el tránsito de la televisión analógica a la digital. El Gobierno se ha puesto como meta que el apagón analógico se produzca el 3 de abril de 2010 (dos años antes de la fecha límite fijada por la Unión Europea). Según el preámbulo del real decreto ley, "resulta urgente adoptar todas las medidas necesarias para fomentar un proceso de antenización más rápido". Y añade: "Esta decisión normativa, si se adopta de forma urgente, permitirá a la industria española situarse
estratégicamente en condiciones de igualdad" con los principales países europeos "en el desarrollo de servicios y equipos para la TDT de pago, no sólo para el mercado español, sino también para el internacional".Pero lo cierto es que sólo un operador español (La Sexta) ha mostrado un especial interés en el desarrollo de la TDT de pago. Otros, como Telecinco, propusieron en las alegaciones al borrador de real decreto elaborado por Industria una moratoria para el comienzo de las emisiones codificadas con el fin de que las empresas televisivas pudieran planificar sus estrategias para la compra de dere
chos destinados al pago.Tampoco el Consejo de Estado considera aconsejable que la regulación de la TDT se realice de forma urgente. Por el contrario, aboga por ponderar las consecuencias que las nuevas emisiones tendrán en el mercado de la televisión de pago, dado que este sector ha experimentado en el último año un descenso en su facturación. Las televisiones en abierto han acusado igualmente las consecuencias de la crisis económica, que ha provocado un desplome en sus ingresos publicitarios. Para intentar limar estos efectos, el Gobierno ha promovido una ley que elimina la publicidad en TVE.
