Blanco, el jefe del 'tripartito'
Por José Antonio Zarzalejos
Tan cierto es que Leire Pajín, secretaria general de organización, no controla el PSOE como que en el partido no hay unanimidad sobre la gestión de Zapatero e, incluso, sobre su continuidad, por más que el Presidente celebre reuniones a la búlgara con los grupos parlamentarios socialistas. Pero es igualmente cierto que si alguien en el PSOE y en el Gobierno ha aplic
ado silicona política a sus muchas fisuras, ese ha sido, es en la actualidad, José Blanco, vicesecretario general y ministro de Fomento.
Muchos le reprochan que no tenga carrera universitaria, pero nadie le niega capacidad dialéctica y aguante para fajarse con el adversario. Muchos también le afean su locuacidad hiriente pero, una vez llegado al Departamento gubernamental con más volumen inversor, Blanco se ha ido a Valencia, del brazo de Francisco Camps, para comprometerse con la llegada a plazo fijo del AVE a la capital del Turia. Y lo mismo ha hecho en Bilbao, al lado del lendakari López, desafiando a la banda terrorista ETA. Y no ha tenido inconveniente en hacer buenas migas con Esperanza Aguirre (considera a Blanco “un descubrimiento”) en Madrid con el compromiso de impulsar las cercanías ferroviarias y estudiar la cogestión de Barajas.
Blanco, además, y no es poco después de la muy criticada etapa de Magdalena Álvarez, se ha enfrentado a los temporales de enero y febrero evitando el colapso de los ferrocarriles, los aeropuertos y las carreteras. Y a los controladores aéreos les ha aplicado una terapia por Real Decreto que les disuadirá de amargar a miles de ciudadanos las vacaciones de Semana Santa, evocando así la determinación de aquel Reagan que militarizó de un plumazo a estos técnicos cualificados en cuyas manos está el buen funcionamiento del transporte por avión.
Seguramente, si a Blanco le dejasen, sabría cómo encaminar a los sindicatos por la vía de la contención porque el vicesecretario general del PSOE conoce muy bien –después de un largo aprendizaje en la política-verité– que las centrales de Toxo y Méndez son maquinarias burocráticas incapaces de subsistir sólo con las cuotas de sus afiliados y que se resumirían a la mínima expresión sin las subvenciones del Estado y sin la gestión de abundantes fondos para destinos varios que salen de las arcas públicas. En otras palabras: a Blanco no le montarían un dos de mayo por la reforma de las pensiones, mientras a Corbacho se le suben a las barbas a las primeras de cambio.
Todo esto lo ha ido descubriendo el Presidente del Gobierno poco a poco, hasta que ha decidido, sin crisis gubernamental (la presidencia europea no lo permite formalmente), elevar a José Blanco a una vicepresidencia de facto para que negocie con tirios y troyanos asistido de dos ministros técnicos –Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, y Miguel Sebastián, titular de Industria— y tome el timón de un Gobierno que se le ha ido de las manos desde hace meses a la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega. Y en el que sobran los titulares de Innovación (que debe integrarse en Industria), de Igualdad (que debe integrarse en Trabajo y Asuntos Sociales), del Medio Rural y Marino y Medio Ambiente (que debe integrarse en Fomento), de Vivienda (que debe incorporarse también a Fomento), de Cultura ( que debe acumularse a Educación) y de Administraciones Públicas (ahora en manos del vicepresidente tercero, Chaves, que debería desaparecer y pasar sus competencias al ministerio de Presidencia).
El Congreso ya ha instado al Ejecutivo a que el número de sus ministros no pase de catorce y el de vicepresidentes de dos. Ahora, Zapatero ha reducido su equipo a un tripartito dirigido por Blanco, flanqueado por Salgado y Sebastián y asistido por otros ministros de probada capacidad técnica como Francisco Caamaño en Justicia, un ministro que a la chita callando está ganando posiciones, y Pérez Rubalcaba en Interior (al que el caso Faisán trae por la calle de la amargura).
Rodríguez Zapatero estudió derecho administrativo pero lo ha debido olvidar. Pasa de la colegialidad del Consejo de Ministros, pasa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, pasa de las facultades de coordinación que los decretos de estructura orgánica respectivos atribuyen a las vicepresidentas, pasa de las competencias del ministro de Trabajo y toma la real decisión de encomendar a José Blanco la gestión inmediata de la situación socio-política.
Se trata, en consecuencia, de una aplicación de la eutanasia política compasiva a su Gabinete reconduciéndolo a una troika, a un tripartito, bajo la autoridad del ministro de Fomento que es vicesecretario general del PSOE y que reúne en su persona una doble autoridad: la del Ejecutivo y la del partido.
En mi modesta opinión, este movimiento de Rodríguez Zapatero –tan despectivo hacia algunos de sus colaboradores ministeriales, muchos de los cuales se quedan colgados de la brocha— ha sido lo más sustancial del debate del miércoles en el Congreso de los Diputados en el que Rajoy estuvo lejos de confundirse al reclamar a los propios socialistas que expropiasen al Presidente de la Moncloa.
Los focos se proyectan —¿estará acertando Rajoy?— sobre José Blanco que aparece ya, con Salgado y Sebastián de asistentes, en el escenario de la crisis. Sigamos atentos la representación de este inédito tripartito, jibarización institucional –como tantas otras— con las que Rodríguez Zapatero ha mutilado el sistema jurídico y político español. La decisión es arbitraria y si resulta, además, ineficaz, no sólo habrá quemado a Blanco, sino que habrá consumido la esencia de su propia magistratura constitucional.
Tan cierto es que Leire Pajín, secretaria general de organización, no controla el PSOE como que en el partido no hay unanimidad sobre la gestión de Zapatero e, incluso, sobre su continuidad, por más que el Presidente celebre reuniones a la búlgara con los grupos parlamentarios socialistas. Pero es igualmente cierto que si alguien en el PSOE y en el Gobierno ha aplic
ado silicona política a sus muchas fisuras, ese ha sido, es en la actualidad, José Blanco, vicesecretario general y ministro de Fomento.Muchos le reprochan que no tenga carrera universitaria, pero nadie le niega capacidad dialéctica y aguante para fajarse con el adversario. Muchos también le afean su locuacidad hiriente pero, una vez llegado al Departamento gubernamental con más volumen inversor, Blanco se ha ido a Valencia, del brazo de Francisco Camps, para comprometerse con la llegada a plazo fijo del AVE a la capital del Turia. Y lo mismo ha hecho en Bilbao, al lado del lendakari López, desafiando a la banda terrorista ETA. Y no ha tenido inconveniente en hacer buenas migas con Esperanza Aguirre (considera a Blanco “un descubrimiento”) en Madrid con el compromiso de impulsar las cercanías ferroviarias y estudiar la cogestión de Barajas.
Blanco, además, y no es poco después de la muy criticada etapa de Magdalena Álvarez, se ha enfrentado a los temporales de enero y febrero evitando el colapso de los ferrocarriles, los aeropuertos y las carreteras. Y a los controladores aéreos les ha aplicado una terapia por Real Decreto que les disuadirá de amargar a miles de ciudadanos las vacaciones de Semana Santa, evocando así la determinación de aquel Reagan que militarizó de un plumazo a estos técnicos cualificados en cuyas manos está el buen funcionamiento del transporte por avión.
Seguramente, si a Blanco le dejasen, sabría cómo encaminar a los sindicatos por la vía de la contención porque el vicesecretario general del PSOE conoce muy bien –después de un largo aprendizaje en la política-verité– que las centrales de Toxo y Méndez son maquinarias burocráticas incapaces de subsistir sólo con las cuotas de sus afiliados y que se resumirían a la mínima expresión sin las subvenciones del Estado y sin la gestión de abundantes fondos para destinos varios que salen de las arcas públicas. En otras palabras: a Blanco no le montarían un dos de mayo por la reforma de las pensiones, mientras a Corbacho se le suben a las barbas a las primeras de cambio.
Todo esto lo ha ido descubriendo el Presidente del Gobierno poco a poco, hasta que ha decidido, sin crisis gubernamental (la presidencia europea no lo permite formalmente), elevar a José Blanco a una vicepresidencia de facto para que negocie con tirios y troyanos asistido de dos ministros técnicos –Elena Salgado, vicepresidenta segunda y ministra de Economía, y Miguel Sebastián, titular de Industria— y tome el timón de un Gobierno que se le ha ido de las manos desde hace meses a la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega. Y en el que sobran los titulares de Innovación (que debe integrarse en Industria), de Igualdad (que debe integrarse en Trabajo y Asuntos Sociales), del Medio Rural y Marino y Medio Ambiente (que debe integrarse en Fomento), de Vivienda (que debe incorporarse también a Fomento), de Cultura ( que debe acumularse a Educación) y de Administraciones Públicas (ahora en manos del vicepresidente tercero, Chaves, que debería desaparecer y pasar sus competencias al ministerio de Presidencia).
El Congreso ya ha instado al Ejecutivo a que el número de sus ministros no pase de catorce y el de vicepresidentes de dos. Ahora, Zapatero ha reducido su equipo a un tripartito dirigido por Blanco, flanqueado por Salgado y Sebastián y asistido por otros ministros de probada capacidad técnica como Francisco Caamaño en Justicia, un ministro que a la chita callando está ganando posiciones, y Pérez Rubalcaba en Interior (al que el caso Faisán trae por la calle de la amargura).
Rodríguez Zapatero estudió derecho administrativo pero lo ha debido olvidar. Pasa de la colegialidad del Consejo de Ministros, pasa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, pasa de las facultades de coordinación que los decretos de estructura orgánica respectivos atribuyen a las vicepresidentas, pasa de las competencias del ministro de Trabajo y toma la real decisión de encomendar a José Blanco la gestión inmediata de la situación socio-política.
Se trata, en consecuencia, de una aplicación de la eutanasia política compasiva a su Gabinete reconduciéndolo a una troika, a un tripartito, bajo la autoridad del ministro de Fomento que es vicesecretario general del PSOE y que reúne en su persona una doble autoridad: la del Ejecutivo y la del partido.
En mi modesta opinión, este movimiento de Rodríguez Zapatero –tan despectivo hacia algunos de sus colaboradores ministeriales, muchos de los cuales se quedan colgados de la brocha— ha sido lo más sustancial del debate del miércoles en el Congreso de los Diputados en el que Rajoy estuvo lejos de confundirse al reclamar a los propios socialistas que expropiasen al Presidente de la Moncloa.
Los focos se proyectan —¿estará acertando Rajoy?— sobre José Blanco que aparece ya, con Salgado y Sebastián de asistentes, en el escenario de la crisis. Sigamos atentos la representación de este inédito tripartito, jibarización institucional –como tantas otras— con las que Rodríguez Zapatero ha mutilado el sistema jurídico y político español. La decisión es arbitraria y si resulta, además, ineficaz, no sólo habrá quemado a Blanco, sino que habrá consumido la esencia de su propia magistratura constitucional.
(J.A. Zarzalejos es periodista y ex director de ABC)
