200.000 parados se quedan sin la 'paga' de 420 euros
Madrid.- La implantación de la paga de 420 euros para los parados que hayan consumido la prestación 
contributiva y asistencial, el denominado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, está transcurriendo por debajo de las previsiones del Gobierno.
Al final del primer semestre de su entrada en vigor, y antes de la nueva prórroga recién aprobada por el Ejecutivo, los datos sobre su evolución son los siguientes. De los 600.000 desempleados que el Ejecutivo había situado en el universo potencial de los perceptores cuando puso en marcha la medida, a finales de enero, 318.197 habían obtenido la autorización de Trabajo para cobrar la prestación. Es decir, un poco más del 50% de los cálculos del Gobierno.
No obstante, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, puntualiza que, hasta finales de abril, hay dos meses de prórroga del primer plazo de seis meses, que comenzó
en agosto del año pasado, y que, para entonces, sus previsiones son que la cifra de beneficiarios “podría superar” los 400.000.
En cualquier caso, habrá una diferencia de alrededor de 200.000 personas menos respecto a los cálculos previstos por el Gobierno. Por ello, es presumible que el gasto en este capítulo de la protección social sea inferior a los 1.300 millones calculados por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, teniendo en cuenta que, al final, podían solicitar la paga todos los que perdieron la protección contributiva y asistencial –el subsidio, propiamente dicho– y cumplieran determinadas condiciones desde enero de 2009.
La evolución de los datos demuestra que la polémica medida no se ha convertido en una puerta por la que pueda entrar todo el mundo. Precisamente, éste es un aspec
to que destaca Jesús Membrado, portavoz del PSOE de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, en sus enfrentamientos con su homólogo del Partido Popular, José Ignacio Echániz, para mostrar el “rigor” de la medida.
Echániz recrimina al Gobierno que, a partir de este momento, las comunidades autónomas “tendrán que heredar un problema creado por el Ejecutivo”, porque éste, transcurridos los primeros seis meses, ya no se hace cargo de estas personas si no han conseguido empleo. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sostiene que son las comunidades autónomas “las que tienen que proteger a estas personas, mediante las diferentes modalidades de salario social que tienen todas dentro de sus competencias”.
Sin embargo, el PP asegura que las comunidades autónomas se harán cargo de estas personas –en teoría 318.000– si cumplen las condiciones establecidas por las administraciones autonómicas para darles la ayuda. Hay que tener en cuenta que la nueva prórroga de la paga de 426 euros, que acaba de entrar en vigor, sólo se aplicará a quienes se queden en esta situaci
ón entre el 17 de febrero y el 16 de agosto. Es decir, que quienes ya la tenían no podrán seguir disfrutando de ella, aunque no encuentren empleo.
En este nuevo periodo de la prestación, el Gobierno estima un presupuesto máximo de 551 millones de euros, para cubrir las peticiones de 243.100 desempleados en el más elevado de los casos.
Para la patronal CEOE el problema es mucho menor. En palabras de Santiago Herrero, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, que el Gobierno no cubra el universo potencial de la medida se debe fundamentalmente a la economía sumergida. O a la incompatibilidad en atender los requisitos de la Administración para cobrar lo que, a partir de ahora, ya son 426 euros mensuales, mientras se está trabajando sin declarar a Hacienda ni a la Seguridad Social. Entre las exigencias para poder cobrar la prestación, Trabajo reclama al beneficiario que se comprometa a participar en un itinerario de inserción laboral.
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, recuerda que, por su propia condición, valorar la eco
nomía sumergida es difícil. Rojo, que no desea repetir la polémica en la que se vio envuelto el ministro Celestino Corbacho al cifrarla en el 20% del PIB, tiene una explicación para la diferencia que puede haber entre quienes realmente se van a acoger en el primer plazo a la paga de 420 euros –unas 400.000 personas– y el universo potencial que contemplaba el Gobierno en la regulación de la prestación, unas 600.000 personas. Maravillas Rojo opina que la razón fundamental está en el hecho de que, para poder recibir la prestación, es necesario que la unidad familiar en la que está el beneficiario no tenga ingresos de cualquier tipo superiores a 474,98 euros mensuales por cada persona.
El fuerte crecimiento del desempleo y, en consecuencia, del gasto en protección se ha convertido en el gran problema del Gobierno para intentar empezar a reducir el déficit desde el 11,4% del PIB, que es el nivel en el que se encuentra ahora, al 3% en 2013. En 2009, el gasto final en desempleo se ha aproximado a los 35.000 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado inicialmente, que fue de 19.000 millones. Las previsiones iniciales para este año de gasto estaban en 30.000 millones de euros, pero lo cierto es que el paro sigue creciendo, aunque a un ritmo más atenuado.
No obstante, y a pesar de ello, la nómina de prestaciones contributivas y asistenciales en diciembre fue de 2.772 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,88% respecto al mismo mes de 2008, cuando la recesión acababa de estallar.
El número de beneficiarios de la cobertura del paro es ya de 3.034.000 personas, mientras un millón más no tienen protección puesto que no han contribuido lo suficiente para generar el derecho. Máxime cuando crece un 185% la cifra anual de solicitantes de prestaciones por desempleo. Por esta razón, el informe AFI-Agett duda de que se puedan alcanzar los objetivos de reducción de déficit.
contributiva y asistencial, el denominado Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, está transcurriendo por debajo de las previsiones del Gobierno.Al final del primer semestre de su entrada en vigor, y antes de la nueva prórroga recién aprobada por el Ejecutivo, los datos sobre su evolución son los siguientes. De los 600.000 desempleados que el Ejecutivo había situado en el universo potencial de los perceptores cuando puso en marcha la medida, a finales de enero, 318.197 habían obtenido la autorización de Trabajo para cobrar la prestación. Es decir, un poco más del 50% de los cálculos del Gobierno.
No obstante, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, puntualiza que, hasta finales de abril, hay dos meses de prórroga del primer plazo de seis meses, que comenzó
en agosto del año pasado, y que, para entonces, sus previsiones son que la cifra de beneficiarios “podría superar” los 400.000.En cualquier caso, habrá una diferencia de alrededor de 200.000 personas menos respecto a los cálculos previstos por el Gobierno. Por ello, es presumible que el gasto en este capítulo de la protección social sea inferior a los 1.300 millones calculados por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, teniendo en cuenta que, al final, podían solicitar la paga todos los que perdieron la protección contributiva y asistencial –el subsidio, propiamente dicho– y cumplieran determinadas condiciones desde enero de 2009.
La evolución de los datos demuestra que la polémica medida no se ha convertido en una puerta por la que pueda entrar todo el mundo. Precisamente, éste es un aspec
to que destaca Jesús Membrado, portavoz del PSOE de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, en sus enfrentamientos con su homólogo del Partido Popular, José Ignacio Echániz, para mostrar el “rigor” de la medida.Echániz recrimina al Gobierno que, a partir de este momento, las comunidades autónomas “tendrán que heredar un problema creado por el Ejecutivo”, porque éste, transcurridos los primeros seis meses, ya no se hace cargo de estas personas si no han conseguido empleo. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sostiene que son las comunidades autónomas “las que tienen que proteger a estas personas, mediante las diferentes modalidades de salario social que tienen todas dentro de sus competencias”.
Sin embargo, el PP asegura que las comunidades autónomas se harán cargo de estas personas –en teoría 318.000– si cumplen las condiciones establecidas por las administraciones autonómicas para darles la ayuda. Hay que tener en cuenta que la nueva prórroga de la paga de 426 euros, que acaba de entrar en vigor, sólo se aplicará a quienes se queden en esta situaci
ón entre el 17 de febrero y el 16 de agosto. Es decir, que quienes ya la tenían no podrán seguir disfrutando de ella, aunque no encuentren empleo.En este nuevo periodo de la prestación, el Gobierno estima un presupuesto máximo de 551 millones de euros, para cubrir las peticiones de 243.100 desempleados en el más elevado de los casos.
Para la patronal CEOE el problema es mucho menor. En palabras de Santiago Herrero, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, que el Gobierno no cubra el universo potencial de la medida se debe fundamentalmente a la economía sumergida. O a la incompatibilidad en atender los requisitos de la Administración para cobrar lo que, a partir de ahora, ya son 426 euros mensuales, mientras se está trabajando sin declarar a Hacienda ni a la Seguridad Social. Entre las exigencias para poder cobrar la prestación, Trabajo reclama al beneficiario que se comprometa a participar en un itinerario de inserción laboral.
La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, recuerda que, por su propia condición, valorar la eco
nomía sumergida es difícil. Rojo, que no desea repetir la polémica en la que se vio envuelto el ministro Celestino Corbacho al cifrarla en el 20% del PIB, tiene una explicación para la diferencia que puede haber entre quienes realmente se van a acoger en el primer plazo a la paga de 420 euros –unas 400.000 personas– y el universo potencial que contemplaba el Gobierno en la regulación de la prestación, unas 600.000 personas. Maravillas Rojo opina que la razón fundamental está en el hecho de que, para poder recibir la prestación, es necesario que la unidad familiar en la que está el beneficiario no tenga ingresos de cualquier tipo superiores a 474,98 euros mensuales por cada persona.El fuerte crecimiento del desempleo y, en consecuencia, del gasto en protección se ha convertido en el gran problema del Gobierno para intentar empezar a reducir el déficit desde el 11,4% del PIB, que es el nivel en el que se encuentra ahora, al 3% en 2013. En 2009, el gasto final en desempleo se ha aproximado a los 35.000 millones de euros, casi el doble de lo presupuestado inicialmente, que fue de 19.000 millones. Las previsiones iniciales para este año de gasto estaban en 30.000 millones de euros, pero lo cierto es que el paro sigue creciendo, aunque a un ritmo más atenuado.
No obstante, y a pesar de ello, la nómina de prestaciones contributivas y asistenciales en diciembre fue de 2.772 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,88% respecto al mismo mes de 2008, cuando la recesión acababa de estallar.
El número de beneficiarios de la cobertura del paro es ya de 3.034.000 personas, mientras un millón más no tienen protección puesto que no han contribuido lo suficiente para generar el derecho. Máxime cuando crece un 185% la cifra anual de solicitantes de prestaciones por desempleo. Por esta razón, el informe AFI-Agett duda de que se puedan alcanzar los objetivos de reducción de déficit.
