El Plan Antifraude de Zapatero se olvida de las grandes fortunas
Madrid.- Dice que las grandes fortunas nacionales pueden respirar aliviadas. El Plan Antifraude que prepara el Gobierno para ser aprobado el próximo 5 de marzo excluye un endurecimiento de la fiscalidad de las sicav, el instrumento de inversión preferido por las grandes
fortunas. En vez de eso, el citado plan pretende aumentar la presión sobre el pequeño contribuyente, como han denunciado los inspectores de Hacienda.
Este colectivo y también el de técnicos de Hacienda han pedido a la Agencia "mano dura" con las sicav, puesto que consideran que este instrumento goza de un trato fiscal privilegiado que rompe la igualdad de los contribuyentes. Pero sus peticiones no han sido escuchadas pese a que el Gobierno prometió estudiarlo e incluso lanzó varios globos sonda el año pasado en el sentido de que podría incluir un endurecimiento de su tratamiento fiscal dentro de la subida de impuestos actual (IVA, plusvalías, etc.) como medida para contentar a sus socios parlamentarios de izquierdas.
La alarma entre los propietarios de sicav, gestoras y bancos privados que las comercializan ante esos globos sonda, hasta el punto de que comenzó un, aún incipiente movimiento para llevarse esos mecanismos financieros a Luxemburgo aprovechando una posibilidad abierta por la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, y poner así fin a la incertidumbre.
Ahora todos ellos podrán respirar tranquilos, puesto que el Ejecutivo de Zapatero no va a meter mano en ese mundo en lo que queda de legislatura (salvo sorpresa que nunca se puede descartar en la situación actual del Gobierno). Ni siquiera va a meterse con la fórmula de sacar el dinero sin tributar mediante reducciones de capital.
Otras fuentes conocedoras del plan descartan otras medidas solicitadas por los profesionales, como la creación de una policía fiscal o la reforma del régimen de módulos, uno de los principales foco
s de fraude según los inspectores. Lo más llamativo del plan será el aumento de las penas para el delito fiscal, que subirán de uno a seis años, y el alargamiento del plazo de prescripción de cinco a 10 años. Para ello, se reformarán el Código Penal y la Ley General Tributaria.
Miles de pequeños defraudadores del IVA y otros tributos van a ser, si se mantiene la actual redacción, quienes paguen los platos rotos, puesto que el principal redactor del plan y director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, se ha convertido en el principal defensor de la fiscalidad de las sicav, pese a que fue el instigador de la ofensiva inspectora contra estos instrumentos en 2005.
fortunas. En vez de eso, el citado plan pretende aumentar la presión sobre el pequeño contribuyente, como han denunciado los inspectores de Hacienda.Este colectivo y también el de técnicos de Hacienda han pedido a la Agencia "mano dura" con las sicav, puesto que consideran que este instrumento goza de un trato fiscal privilegiado que rompe la igualdad de los contribuyentes. Pero sus peticiones no han sido escuchadas pese a que el Gobierno prometió estudiarlo e incluso lanzó varios globos sonda el año pasado en el sentido de que podría incluir un endurecimiento de su tratamiento fiscal dentro de la subida de impuestos actual (IVA, plusvalías, etc.) como medida para contentar a sus socios parlamentarios de izquierdas.
La alarma entre los propietarios de sicav, gestoras y bancos privados que las comercializan ante esos globos sonda, hasta el punto de que comenzó un, aún incipiente movimiento para llevarse esos mecanismos financieros a Luxemburgo aprovechando una posibilidad abierta por la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009, y poner así fin a la incertidumbre.
Ahora todos ellos podrán respirar tranquilos, puesto que el Ejecutivo de Zapatero no va a meter mano en ese mundo en lo que queda de legislatura (salvo sorpresa que nunca se puede descartar en la situación actual del Gobierno). Ni siquiera va a meterse con la fórmula de sacar el dinero sin tributar mediante reducciones de capital.
Otras fuentes conocedoras del plan descartan otras medidas solicitadas por los profesionales, como la creación de una policía fiscal o la reforma del régimen de módulos, uno de los principales foco
s de fraude según los inspectores. Lo más llamativo del plan será el aumento de las penas para el delito fiscal, que subirán de uno a seis años, y el alargamiento del plazo de prescripción de cinco a 10 años. Para ello, se reformarán el Código Penal y la Ley General Tributaria.Miles de pequeños defraudadores del IVA y otros tributos van a ser, si se mantiene la actual redacción, quienes paguen los platos rotos, puesto que el principal redactor del plan y director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, se ha convertido en el principal defensor de la fiscalidad de las sicav, pese a que fue el instigador de la ofensiva inspectora contra estos instrumentos en 2005.
