Madrid.- El Gobierno ha aprobado hoy por decreto ley una reforma laboral con la que supuestamente busca dinamizar el mercado de trabajo y "reducir la excesiva temporalidad" en un país en el que la crisis ha dejado más de 4 millones y medio de desempleados, pero en la práctica abar
ata el despido más de lo que se esperaba.La reforma reclamada por la patronal y organismos internacionales, es rechazada por los sindicatos que creen que lesiona los derechos de los trabajadores y han convocado en su contra, para el 29 de septiembre, la primera huelga general de la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo no logró alcanzar un acuerdo con los empresarios y los sindicatos para consensuar la reforma, que hoy sacó adelante en solitario en forma de decreto ley, aprobado en el Consejo de Ministros, y que entrará en vigor mañana.
Pero el Gobierno, según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pedirá su tramitación en el Parlamento como proyecto de ley con el fin de que los demás grupos políticos puedan presentar sus enmiendas y recoger de esa manera el máximo consenso posible.
La reforma es la más importante acometida en España en los últimos veinte años, según De la Vega, que la definió como "buena, ambiciosa y de calado".
Con ella se busca "reducir la temporalidad excesiva" en el empleo y una mayor estabilidad y flexibilidad que redunde en un aumento de la productividad, agregó.
De la Vega reconoció que se aprueba sin el acuerdo de la patronal y de los sindicatos, pero insistió en que con ella se busca "atajar algunos de los problemas más acuciantes" que vive España.
Algunos organismos internacionales habían aconsejado también llevar a cabo cambios por considerar el mercado de trabajo español demasiado rígido.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dice que se trata de "una reforma estructural", pensada no solo para el momento actual sino para que sirva de marco y referencia durante años y con la que se pretende "cambiar la cultura, que cuando hay problemas no empecemos ajustando la plantilla, sino ajustando la producción".
Los puntos claves de la reforma aprobada por el Gobierno son los siguientes:
Ampliación del contrato de Fomento del Empleo. Este es el eje de la reforma y el contrato cuyo uso se pretende generalizar. El Gobierno ha ampliado su aplicación a los trabajadores fijos de entre 31 y 44 años que hayan sido despedidos. Este contrato tendrá una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado.
· El Estado pagará 8 días del despido del trabajador. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagará ocho días de la indemnización por despido al trabajador. De este modo, si un trabajador con el nuevo contrato es despedido de forma improcedente, la empresa sólo tendrá que pagar 25 días; el resto, hasta los 33, los paga el Estado.
· La empresa sólo deberá acreditar pérdidas para justificar despidos objetivos. Según el texto de la reforma, se podrá recurrir al despido objetivo por causas económicas —cuya indemnización es de 20 días— cuando "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa". No obstante, establece el texto, las causas objetivas de un despido "siempre debe determinarlas un juez" por lo que se mantiene la tutela judicial efectiva.
· Se retrasa el modelo austríaco. La implantación del modelo austríaco —basado en crear para cada trabajador un fondo que viajará con él durante su vida laboral—, del que se venía hablando en los últimos meses en el diálogo social, no se hará de inmediato: habrá que esperar un año. El Gobierno presentará un proyecto de ley independiente para crear este fondo de capitalización de la vida laboral los trabajadores y que debe servir para abonar una parte de los despidos.
· No hay carácter retroactivo. La reforma no tiene carácter retroactivo. Aquellos trabajadores que tengan ahora un contrato indefinido conservan la indeminización de 45 días por año si su despido es considerado improcedente.
· Por lo pronto, los dirigentes sindicales rechazan la reforma porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo al tiempo que facilita el despido, mientras que las organizaciones empresariales la ven "tibia" y consideran que el Ejecutivo se ha quedado corto.
El derrumbe del sector inmobiliario, que fue el motor económico en los últimos diez años, unido a la crisis económica, se ha traducido en una gran perdida de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo de más del 20 por ciento de la población activa (4,6 millones de personas), según las últimas cifras oficiales.
Pero los sindicatos no creen que las medidas aprobadas hoy por el Gobierno sean la medicina apropiada para superar la grave crisis que vive España.La aprobación de la reforma se produjo en la víspera de la cumbre que los jefes de estado o de gobierno de la Unión Europea celebrarán mañana jueves en Bruselas, lo que permitirá a Zapatero esgrimirla entre sus medidas anticrisis, junto al plan de choque de reducción del déficit público aprobado en mayo para dejarlo en el 3 por ciento del PIB en 2013, como exige la UE.
