El nuevo ministro de Trabajo denunciaba el lunes que se invierte poco en políticas de empleo
Madrid.- Valeriano Gómez, nuevo ministro de Trabajo, sostenía esta misma semana que en España se invierte poco en políticas de empleo. Este jienense, ex secretario general de Empleo, sustituirá al desastroso Celestino Corbacho, que vuelve a la 
política catalana.
Gómez, que según José Luis Rodríguez Zapatero le ha “pasado papeles” y colaboró con él en Moncloa, figuraba hace semanas en las quinielas sobre quién iba a ocupar la cartera de Corbacho, al que se ha facilitado el “puente de plata” de las listas para las autonómicas catalanas como “refuerzo” para José Montilla.
El nuevo ministro conoce muy bien el funcionamiento del Ministerio, pues estuvo más de dos años al frente de la Secretaría General de Empleo cuando Jesús Caldera ocupaba el cargo (se marchó en noviembre de 2006, alegando razones personales) y el pasado día 29 de septiembre se manifestó en Madrid contra las reformas que ahora deberá gestionar.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, durante esos dos años como responsable de Empleo, Gómez consiguió importantes acuerdos con sindicatos y empresarios, siendo el de la reforma laboral de 2006 el de más calado. Antes, Gómez fue asesor ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde 1988 hasta 1994, en que fue nombrado administrador único de la PSV.
Entre otros puestos, ha trabajado como economista en el Gabinete técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y director general de Fondo de Promoción de Empleo del Sector Siderúrgico Integral.
Gómez, que hasta ahora ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Financiera de la Fundación Ortega y Gasset, fue uno de los responsables del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales de 2004.
Defensor del diálogo social, el nuevo ministro de Trabajo, aunque participó en la manifestación del 29-S (no secundó la huelga), ha acabado por defender públicamente la reforma laboral que causó el paro general, al menos algunos de sus aspectos. En una reciente intervención ante la prensa, Gómez pidió paciencia y tiempo para valorar los efectos de dicha reforma.
En el horizonte, hay serias reformas, como la de las pensiones, que esperan al nuevo ministro. En función de las conclusiones del Pacto de Toledo, tendrá que abrir una negociación con los agentes sociales para sacar adelante una reforma que, de entrada, cuenta con el rechazo sindical en uno de sus aspectos más significativos: el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años.
También están en espera la reforma de las políticas activas de empleo, uno de los principales objetivos de Zapatero en esta nueva etapa, y el desarrollo reglamentario de la reforma laboral, que el Gobierno quería pactar con los sindicatos y que, de momento, no contará con su concurso si no hay una rectificación previa.
En su última intervención pública, el pasado lunes y en el marco de un seminario organizado por la Embajada holandesa, Gómez llamó la atención sobre el hecho de que sólo se invierten en políticas activas seis décimas del PIB, frente a los 3 puntos del PIB que se destinan a protección por desempleo. "Invertimos poco en políticas activas y el tamaño de los servicios públicos de empleo es muy limitado, con sólo 8.000 efectivos, por los 30.000 de Francia, los 75.000 de Reino Unido o los 70.000 de Alemania", apuntó Gómez.
política catalana.Gómez, que según José Luis Rodríguez Zapatero le ha “pasado papeles” y colaboró con él en Moncloa, figuraba hace semanas en las quinielas sobre quién iba a ocupar la cartera de Corbacho, al que se ha facilitado el “puente de plata” de las listas para las autonómicas catalanas como “refuerzo” para José Montilla.
El nuevo ministro conoce muy bien el funcionamiento del Ministerio, pues estuvo más de dos años al frente de la Secretaría General de Empleo cuando Jesús Caldera ocupaba el cargo (se marchó en noviembre de 2006, alegando razones personales) y el pasado día 29 de septiembre se manifestó en Madrid contra las reformas que ahora deberá gestionar.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, durante esos dos años como responsable de Empleo, Gómez consiguió importantes acuerdos con sindicatos y empresarios, siendo el de la reforma laboral de 2006 el de más calado. Antes, Gómez fue asesor ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde 1988 hasta 1994, en que fue nombrado administrador único de la PSV.
Entre otros puestos, ha trabajado como economista en el Gabinete técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y director general de Fondo de Promoción de Empleo del Sector Siderúrgico Integral.
Gómez, que hasta ahora ocupaba el cargo de presidente de la Comisión Financiera de la Fundación Ortega y Gasset, fue uno de los responsables del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las elecciones generales de 2004.
Defensor del diálogo social, el nuevo ministro de Trabajo, aunque participó en la manifestación del 29-S (no secundó la huelga), ha acabado por defender públicamente la reforma laboral que causó el paro general, al menos algunos de sus aspectos. En una reciente intervención ante la prensa, Gómez pidió paciencia y tiempo para valorar los efectos de dicha reforma.
En el horizonte, hay serias reformas, como la de las pensiones, que esperan al nuevo ministro. En función de las conclusiones del Pacto de Toledo, tendrá que abrir una negociación con los agentes sociales para sacar adelante una reforma que, de entrada, cuenta con el rechazo sindical en uno de sus aspectos más significativos: el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años.
También están en espera la reforma de las políticas activas de empleo, uno de los principales objetivos de Zapatero en esta nueva etapa, y el desarrollo reglamentario de la reforma laboral, que el Gobierno quería pactar con los sindicatos y que, de momento, no contará con su concurso si no hay una rectificación previa.
En su última intervención pública, el pasado lunes y en el marco de un seminario organizado por la Embajada holandesa, Gómez llamó la atención sobre el hecho de que sólo se invierten en políticas activas seis décimas del PIB, frente a los 3 puntos del PIB que se destinan a protección por desempleo. "Invertimos poco en políticas activas y el tamaño de los servicios públicos de empleo es muy limitado, con sólo 8.000 efectivos, por los 30.000 de Francia, los 75.000 de Reino Unido o los 70.000 de Alemania", apuntó Gómez.
