El sistema de control de los delincuentes puede pinchar las llamadas de todos los ciudadanos
Por Roberto R. Ballesteros
Madrid.- El Gobierno utiliza un software para interceptar llamadas telefónicas de presuntos delincuentes capaz de pinchar al mismo tiempo todas las conversaciones de España: el Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel).
La Ley /2007, de 18 de octubre, de conservación de datos autoriza el pinchazo de llamadas siempre que haya una orden judi
cial previa. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 33 hace una excepción cuando se trata de los datos personales referentes a los contratos que las operadoras están obligadas a proporcionar a los agentes facultados que lo soliciten (DNI, CIF, dirección postal, tráfico de llamadas, etc). Les permite acceder a ellos sin orden del juez, a pesar de ser considerados datos personales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sitel, propiedad del Ministerio del Interior, cuenta con tres servidores centrales, situados en las dependencias de la Guardia Civil, de la Policía Nacional (en el Complejo Policial de Canillas —Madrid—, en la foto) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El ordenador central de cada una de estas tres sedes —protegido con el máximo nivel de seguridad— se encarga de almacenar la información —que proporcionan las operadoras telefónicas— y distribuirla hacia los puntos de acceso periféricos de la red Sitel. Desde cada uno de estos puntos —ordenadores de enlace situados en las unidades encargadas de la investigación y r
esponsables de la interceptación—, los agentes facultados acceden con su clave personal al sistema. La moderna aplicación permite interceptar comunicaciones de forma rápida, eficaz y segura. Reduce costes y espacio de almacenamiento.
Sitel aporta la información en dos grandes bloques: la conversación en sí misma (audio y sms) y los datos asociados (IRI, información relativa a la interceptación). Sobre el segundo bloque, según fuentes policiales, en estos momentos Sitel no está en condiciones de aportar al agente toda la información que, según el artículo 88 del RD 424/2005, tendría que poder proporcionar.
Los policías facultados sí tienen acceso, sin embargo, al número de móvil de la intervención, a su número de identificación internacional, al tráfico de llamadas por día (con quién ha hablado, cuándo y durante cuánto tiempo), la localización geográfica del dueño del teléfono móvil tanto cuando éste está hablando con otro usuario como en el momento en que no utiliza el terminal. Sobre este último punto, explican las fuentes consultadas, "basta con que tenga el código SIM introducido y esté encendido". Sitel no discrimina, entrega todos estos datos o no entrega ninguno.
Respecto al bloque de la comunicación entre dos usuarios, Sitel intercepta tanto la conversación (audio) como los mensajes (sms). En ningún caso, y por el momento, según explican las mismas fuentes, se intercepta el correo electrónico ni las imágenes que se envíen entre los dos terminales. Asimismo, aunque el artículo 95 del RD 424/2005 permite que la interceptación se realice y se escuche en tiempo real, en la práctica esto no ocurre exactamente así.
Aunque el pinchazo sí se lleve a cabo en tiempo real y en ese momento la conversación se almacene en el servidor del centro de interceptación competente, por una cuestión técnica el agente aún no la puede escuchar hasta que finalice la llamada.
Cuando un agente facultado solicita una interceptación, pide tener acceso a la conversación, los sms y el IRI (datos de tráfico), pero no explica en qué consiste el IRI ni
qué tipo de información quiere. El magistrado examina la solicitud, realiza una valoración jurídica y un juicio de proporcionalidad (estudia si está justificada la necesidad de sacrificar la intimidad del sospechoso y hasta qué punto).
Sin embargo, nunca es informado sobre Sitel y su capacidad. Según fuentes jurídicas consultadas, el nombre de Sitel no aparece en ninguno de los informes que argumentan la orden. Por lo tanto, el juez autoriza el 'pinchazo' sin haber sido informado sobre qué tipo de datos van a conocer los agentes, que acceden a todos porque el juez no discrimina y Sitel tampoco. En la práctica, el magistrado pierde el control efectivo de la interceptación.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de octubre de 2007 publica que la Dirección General de Policía y Guardia Civil ha adjudicado el mantenimiento de la “plataforma de almacenamiento/archivado/back up” de Sitel a la compañía Fujitsu España. El final del título del principal anuncio asegura que Sitel está “ubicado en el Complejo Policial de Canillas”, en Madrid. El concurso, según el propio texto del BOE, ha sido realizado “sin publicidad” y se ha adjudicado a la citada multinacional por 854.000 euros. Se refiere, por lo tanto, a que Fujitsu es el encargado de realizar el mantenimiento del servidor central del Sitel que utiliza el Cuerpo Nacional de Policía.
La Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuentan con otros dos servidores en sus respectivas instalaciones. Cada uno de los tres ordenadores centrales es un centro de interceptación, aunque no reconocido jurídicamente (no tienen regulación ni están en organigrama alguno conocido). Funcionan como almacenes del contenido de todas las interceptaciones realizadas y fedatarios de las mismas, por lo que son responsables de garantizar que, cuando el juez ordena la destrucción de una conversación o concluye la investigación, no queda vestigio alguno de esa comunicación, tal y como exige el artículo 35.b) la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.
La Ley /2007, de 18 de octubre, de conservación de datos autoriza el pinchazo de llamadas siempre que haya una orden judi
cial previa. Sin embargo, el apartado 8 del artículo 33 hace una excepción cuando se trata de los datos personales referentes a los contratos que las operadoras están obligadas a proporcionar a los agentes facultados que lo soliciten (DNI, CIF, dirección postal, tráfico de llamadas, etc). Les permite acceder a ellos sin orden del juez, a pesar de ser considerados datos personales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Sitel, propiedad del Ministerio del Interior, cuenta con tres servidores centrales, situados en las dependencias de la Guardia Civil, de la Policía Nacional (en el Complejo Policial de Canillas —Madrid—, en la foto) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El ordenador central de cada una de estas tres sedes —protegido con el máximo nivel de seguridad— se encarga de almacenar la información —que proporcionan las operadoras telefónicas— y distribuirla hacia los puntos de acceso periféricos de la red Sitel. Desde cada uno de estos puntos —ordenadores de enlace situados en las unidades encargadas de la investigación y r
esponsables de la interceptación—, los agentes facultados acceden con su clave personal al sistema. La moderna aplicación permite interceptar comunicaciones de forma rápida, eficaz y segura. Reduce costes y espacio de almacenamiento.Sitel aporta la información en dos grandes bloques: la conversación en sí misma (audio y sms) y los datos asociados (IRI, información relativa a la interceptación). Sobre el segundo bloque, según fuentes policiales, en estos momentos Sitel no está en condiciones de aportar al agente toda la información que, según el artículo 88 del RD 424/2005, tendría que poder proporcionar.
Los policías facultados sí tienen acceso, sin embargo, al número de móvil de la intervención, a su número de identificación internacional, al tráfico de llamadas por día (con quién ha hablado, cuándo y durante cuánto tiempo), la localización geográfica del dueño del teléfono móvil tanto cuando éste está hablando con otro usuario como en el momento en que no utiliza el terminal. Sobre este último punto, explican las fuentes consultadas, "basta con que tenga el código SIM introducido y esté encendido". Sitel no discrimina, entrega todos estos datos o no entrega ninguno.
Respecto al bloque de la comunicación entre dos usuarios, Sitel intercepta tanto la conversación (audio) como los mensajes (sms). En ningún caso, y por el momento, según explican las mismas fuentes, se intercepta el correo electrónico ni las imágenes que se envíen entre los dos terminales. Asimismo, aunque el artículo 95 del RD 424/2005 permite que la interceptación se realice y se escuche en tiempo real, en la práctica esto no ocurre exactamente así.
Aunque el pinchazo sí se lleve a cabo en tiempo real y en ese momento la conversación se almacene en el servidor del centro de interceptación competente, por una cuestión técnica el agente aún no la puede escuchar hasta que finalice la llamada.
Cuando un agente facultado solicita una interceptación, pide tener acceso a la conversación, los sms y el IRI (datos de tráfico), pero no explica en qué consiste el IRI ni
qué tipo de información quiere. El magistrado examina la solicitud, realiza una valoración jurídica y un juicio de proporcionalidad (estudia si está justificada la necesidad de sacrificar la intimidad del sospechoso y hasta qué punto).Sin embargo, nunca es informado sobre Sitel y su capacidad. Según fuentes jurídicas consultadas, el nombre de Sitel no aparece en ninguno de los informes que argumentan la orden. Por lo tanto, el juez autoriza el 'pinchazo' sin haber sido informado sobre qué tipo de datos van a conocer los agentes, que acceden a todos porque el juez no discrimina y Sitel tampoco. En la práctica, el magistrado pierde el control efectivo de la interceptación.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de octubre de 2007 publica que la Dirección General de Policía y Guardia Civil ha adjudicado el mantenimiento de la “plataforma de almacenamiento/archivado/back up” de Sitel a la compañía Fujitsu España. El final del título del principal anuncio asegura que Sitel está “ubicado en el Complejo Policial de Canillas”, en Madrid. El concurso, según el propio texto del BOE, ha sido realizado “sin publicidad” y se ha adjudicado a la citada multinacional por 854.000 euros. Se refiere, por lo tanto, a que Fujitsu es el encargado de realizar el mantenimiento del servidor central del Sitel que utiliza el Cuerpo Nacional de Policía.
La Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuentan con otros dos servidores en sus respectivas instalaciones. Cada uno de los tres ordenadores centrales es un centro de interceptación, aunque no reconocido jurídicamente (no tienen regulación ni están en organigrama alguno conocido). Funcionan como almacenes del contenido de todas las interceptaciones realizadas y fedatarios de las mismas, por lo que son responsables de garantizar que, cuando el juez ordena la destrucción de una conversación o concluye la investigación, no queda vestigio alguno de esa comunicación, tal y como exige el artículo 35.b) la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones.
