El motín en la red fuerza al Gobierno a iniciar desde cero el plan antipiratería
Por E. Vázquez
Madrid.- Un paso adelante, otro paso atrás y vuelta a empezar. Un día después de que el Gobierno lanzase mensajes contradictorios sobre su plan antidescargas y de que su máximo responsable rectificase a la ministra de Cultura, la vicepresidenta de la Vega desvela que los intentos para frenar el intercambio de archivos
protegidos en internet comienzan de cero. María Teresa Fernández de la Vega no ha concretado el nuevo camino, pero ahora, al menos, se sabe que el recorrido hasta el momento, que preveía el cierre administrativo de las webs piratas sin autorización judicial y ha generado un inusitado motín en la red, ya no se seguirá. La pelota está en juego. La tan criticada disposición final del anteproyecto de la ley de economía sostenible, señaló la vicepresidenta, será modificada. A los cuatro motivos existentes que justifican el corte del acceso a la red –la salvaguardia del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona, y la protección de la juventud y de la infancia–, la embrionaria norma añadía uno nuevo, la salvaguarda de los derechos de protección intelectual, y con esa cobertura jurídica la titular de Cultura, Ángeles González–Sinde, anunció el martes que una comisión administrativa, dependiente de su ministerio, perseguiría a las webs que facilitan las descargas.Pero todo eso es pasado. Más allá de la correctiva declaración del jueves de José Luis Rodríguez Zapatero –«no se van a cerrar webs», dijo–, el futuro es incierto. Sin embargo, según explicó de la Vega, que se esforzó en arropar a la criticada y desautorizada González Sinde, pasará por abrir un debate previo entre los implicados –internautas y creadores– y por impulsar una normativa común en la UE.
Ambas fórmulas pueden hacer que la solución, si tal cosa existe, al enrevesado problema de la defensa de la propiedad intelectual y los derechos de los usuarios sea menos traumática y no desgaste tanto al Gobierno.En primer lugar, porque una de las críticas de los internautas al Ejecutivo residía en el hecho de que ellos ni habían sido informados. El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, por ejemplo, explicaba hace unos días que
el pasado 19 de noviembre, justo después de que el Parlamento Europeo autorizase a los estados miembros a cortar internet sin necesidad de un control judicial previo, durante una reunión con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le preguntó qué iba a ocurrir en España. Esta, según Pérez Subías, fue la respuesta de Ros: «Todavía es muy pronto para eso». Dos semanas después, se incluía la disposición final primera en la ley de economía sostenible. En segundo lugar, porque si el Ejecutivo logra aprobar una normativa común europea, aprovechando su presidencia de turno durante el primer semestre del 2010, puede decir en este asunto que no es solo España, sino toda la UE, la que ha emprendido una senda que, sea como sea, siempre acabará siendo impopular y supondrá un coste electoral.
De ahí que el jueves, ante el revuelo creado –con todas las fuerzas políticas menos el PSOE arremetiendo contra la iniciativa y el movimiento internauta furioso–, saliese el presidente del Gobierno a decir que «bajo ningún concepto» se iban a cerrar webs y que «si hay que aclararlo, se aclarará».Son palabras que han descolocado a casi todos. A la titular de Cultura, que vio cómo Zapatero decía lo contrario de lo que ella estaba diciendo. «La ministra ha actuado acertadamente –dijo sobre ella De la Vega–. No ha habido desautorización».
Al PP, que sabe que puede erosionar al Ejecutivo en este tema, y ahora, tras la marcha atrás presidencial, se centra en la «desautorización» a González-Sinde y exige que la ministra dimita. A los internautas, que siguen manteniendo las movilizaciones porque, según dijeron representantes del colectivo, «de momento son solo palabras». Y a la industria cultural, que tras celebrar la medida inicial del Ejecutivo, ahora no sabe muy bien a qué atenerse.
Madrid.- Un paso adelante, otro paso atrás y vuelta a empezar. Un día después de que el Gobierno lanzase mensajes contradictorios sobre su plan antidescargas y de que su máximo responsable rectificase a la ministra de Cultura, la vicepresidenta de la Vega desvela que los intentos para frenar el intercambio de archivos
protegidos en internet comienzan de cero. María Teresa Fernández de la Vega no ha concretado el nuevo camino, pero ahora, al menos, se sabe que el recorrido hasta el momento, que preveía el cierre administrativo de las webs piratas sin autorización judicial y ha generado un inusitado motín en la red, ya no se seguirá. La pelota está en juego. La tan criticada disposición final del anteproyecto de la ley de economía sostenible, señaló la vicepresidenta, será modificada. A los cuatro motivos existentes que justifican el corte del acceso a la red –la salvaguardia del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona, y la protección de la juventud y de la infancia–, la embrionaria norma añadía uno nuevo, la salvaguarda de los derechos de protección intelectual, y con esa cobertura jurídica la titular de Cultura, Ángeles González–Sinde, anunció el martes que una comisión administrativa, dependiente de su ministerio, perseguiría a las webs que facilitan las descargas.Pero todo eso es pasado. Más allá de la correctiva declaración del jueves de José Luis Rodríguez Zapatero –«no se van a cerrar webs», dijo–, el futuro es incierto. Sin embargo, según explicó de la Vega, que se esforzó en arropar a la criticada y desautorizada González Sinde, pasará por abrir un debate previo entre los implicados –internautas y creadores– y por impulsar una normativa común en la UE.Ambas fórmulas pueden hacer que la solución, si tal cosa existe, al enrevesado problema de la defensa de la propiedad intelectual y los derechos de los usuarios sea menos traumática y no desgaste tanto al Gobierno.En primer lugar, porque una de las críticas de los internautas al Ejecutivo residía en el hecho de que ellos ni habían sido informados. El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, por ejemplo, explicaba hace unos días que
el pasado 19 de noviembre, justo después de que el Parlamento Europeo autorizase a los estados miembros a cortar internet sin necesidad de un control judicial previo, durante una reunión con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le preguntó qué iba a ocurrir en España. Esta, según Pérez Subías, fue la respuesta de Ros: «Todavía es muy pronto para eso». Dos semanas después, se incluía la disposición final primera en la ley de economía sostenible. En segundo lugar, porque si el Ejecutivo logra aprobar una normativa común europea, aprovechando su presidencia de turno durante el primer semestre del 2010, puede decir en este asunto que no es solo España, sino toda la UE, la que ha emprendido una senda que, sea como sea, siempre acabará siendo impopular y supondrá un coste electoral.De ahí que el jueves, ante el revuelo creado –con todas las fuerzas políticas menos el PSOE arremetiendo contra la iniciativa y el movimiento internauta furioso–, saliese el presidente del Gobierno a decir que «bajo ningún concepto» se iban a cerrar webs y que «si hay que aclararlo, se aclarará».Son palabras que han descolocado a casi todos. A la titular de Cultura, que vio cómo Zapatero decía lo contrario de lo que ella estaba diciendo. «La ministra ha actuado acertadamente –dijo sobre ella De la Vega–. No ha habido desautorización».
Al PP, que sabe que puede erosionar al Ejecutivo en este tema, y ahora, tras la marcha atrás presidencial, se centra en la «desautorización» a González-Sinde y exige que la ministra dimita. A los internautas, que siguen manteniendo las movilizaciones porque, según dijeron representantes del colectivo, «de momento son solo palabras». Y a la industria cultural, que tras celebrar la medida inicial del Ejecutivo, ahora no sabe muy bien a qué atenerse.
