Sigue la voracidad de los políticos murcianos con el agua
Toledo.- Los políticos murcianos dan muestras, una vez más, de su voracidad en relación con el agua. Lejos de comprender la preocupación de Castilla-La Mancha, muestran su cara más ansiosa y sostienen, por boca del gobierno de esa región, que los castellano manche
gos no pueden “apropiarse” de una cuarta parte del consumo de agua en España.
Esa es la cuantificación que hace el gobierno regional murciano sobre la propuesta socialista de una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos que pretende el Gobierno castellano manchego, que califican de “disparate” y que a su entender “debe descartarse”, porque “es técnicamente insostenible”.
“La consecuencia de ejecutar realmente esa reserva sería que todos los ríos que salen de Castilla-La Mancha quedarían secos ‘en la frontera’”, según el consejero de Agricultura y Agua murciano, Antonio Cerdá, que realizó estas declaraciones junto con la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El titular de Agricultura y Agua explicó que por los ríos de España discurren al año 110.000 hectómetros cúbicos, y que la demanda anual de la población española “para todos los usos” es de 24.000 hectómetros cúbicos, por lo que indicó que “no se entiende cómo una comunidad pretende asignarse la cuarta parte de esta cantidad”.
El consejero de Agricultura y Agua explicó, en base a los estudios desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente en el Libro Blanco del Agua, que los recursos hídricos naturales de Castilla-La Mancha son de 7.000 hectómetros cúbicos y sus demandas actuales de 2.290 hectómetros cúbicos, por lo que quedarían 4.700 hectómetros cúbicos. Si además se añaden las asignaciones ya consolidadas aguas abajo, que ascienden a 2.000 hectómetros cúbicos, los recursos disponibles serí
an de 2.700, “cantidad notablemente inferior a los 6.000 que reclaman”.
Para Cerdá, la fijación de esta reserva además “asignaría a Castilla-La Mancha incluso más agua de la totalidad de sus recursos naturales, detrayendo los de otras comunidades vecinas. Si se llegara a ejecutar esa propuesta supondría el secado de los ríos Tajo, Guadiana, Segura y Júcar”.
El consejero murciano señaló que “toda el agua existente en estos ríos quedaría retenida en Castilla-La Mancha” y, a su juicio, en el caso de Murcia y Alicante, supondría “la total desaparición de las tres vegas del Segura”, que “perdería unos 250 hectómetros cúbicos de recursos propios, además de renunciar a los aportes del Tajo-Segura”.
La reserva afectaría a la Comunidad de Madrid, en la cuenca del Tajo, que vería disminuidos sus recursos. La Comunidad Valenciana perdería casi 1.000 hectómetros cúbicos de la demarcación del Júcar, mientras que la cuenca del Guadalquivir en Andalucía reduciría sus recursos a 500 hectómetros cúbicos. Extremadura quedaría sin sus recursos externos actuales procedentes del Tajo y el Guadiana.
Cerdá subrayó además que “no pueden establecerse reservas indeterminadas sin concretar los fines a los que se destinan ni sus plazos de materialización”.
El responsable de Agua del Gobierno regional mantuvo anoche una reunión c
on el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, en la que le reiteró la “férrea defensa” del Gobierno regional para mantener “en las mismas condiciones en las que está” el trasvase Tajo-Segura.
Cerdá manifestó que el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha “no se sostiene ni desde el punto de vista jurídico ni técnico”, y señaló que “lo más sensato es que se devuelva a las cortes castellano-manchegas y se elabore otro texto que deje de lado las competencias al agua, que son exclusivas del Estado”.
Lo que no mencionan nunca los políticos murcianos es que ni siquiera desean considerar otras opciones, como la construcción de plantas potabilizadoras del agua marina, y mucho menos restringir el uso del agua que reciben generosamente de Castilla-La Mancha y la solidaridad de los españoles para los usos agrícolas.
En lugar de eso, buena parte de los caudales que reciben van destinados al abastecimiento de los riegos de campos de golf y urbanizaciones de lujo, como la que se ha construido en Rojales.
La solidaridad inter regional, sobre todo en materia de aguas, que es un bien común de todos los españoles tiene que ser respetada, pero no puede suponer abusos.
Toledo.- Los políticos murcianos dan muestras, una vez más, de su voracidad en relación con el agua. Lejos de comprender la preocupación de Castilla-La Mancha, muestran su cara más ansiosa y sostienen, por boca del gobierno de esa región, que los castellano manche
gos no pueden “apropiarse” de una cuarta parte del consumo de agua en España.Esa es la cuantificación que hace el gobierno regional murciano sobre la propuesta socialista de una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos que pretende el Gobierno castellano manchego, que califican de “disparate” y que a su entender “debe descartarse”, porque “es técnicamente insostenible”.
“La consecuencia de ejecutar realmente esa reserva sería que todos los ríos que salen de Castilla-La Mancha quedarían secos ‘en la frontera’”, según el consejero de Agricultura y Agua murciano, Antonio Cerdá, que realizó estas declaraciones junto con la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El titular de Agricultura y Agua explicó que por los ríos de España discurren al año 110.000 hectómetros cúbicos, y que la demanda anual de la población española “para todos los usos” es de 24.000 hectómetros cúbicos, por lo que indicó que “no se entiende cómo una comunidad pretende asignarse la cuarta parte de esta cantidad”.
El consejero de Agricultura y Agua explicó, en base a los estudios desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente en el Libro Blanco del Agua, que los recursos hídricos naturales de Castilla-La Mancha son de 7.000 hectómetros cúbicos y sus demandas actuales de 2.290 hectómetros cúbicos, por lo que quedarían 4.700 hectómetros cúbicos. Si además se añaden las asignaciones ya consolidadas aguas abajo, que ascienden a 2.000 hectómetros cúbicos, los recursos disponibles serí
an de 2.700, “cantidad notablemente inferior a los 6.000 que reclaman”.Para Cerdá, la fijación de esta reserva además “asignaría a Castilla-La Mancha incluso más agua de la totalidad de sus recursos naturales, detrayendo los de otras comunidades vecinas. Si se llegara a ejecutar esa propuesta supondría el secado de los ríos Tajo, Guadiana, Segura y Júcar”.
El consejero murciano señaló que “toda el agua existente en estos ríos quedaría retenida en Castilla-La Mancha” y, a su juicio, en el caso de Murcia y Alicante, supondría “la total desaparición de las tres vegas del Segura”, que “perdería unos 250 hectómetros cúbicos de recursos propios, además de renunciar a los aportes del Tajo-Segura”.
La reserva afectaría a la Comunidad de Madrid, en la cuenca del Tajo, que vería disminuidos sus recursos. La Comunidad Valenciana perdería casi 1.000 hectómetros cúbicos de la demarcación del Júcar, mientras que la cuenca del Guadalquivir en Andalucía reduciría sus recursos a 500 hectómetros cúbicos. Extremadura quedaría sin sus recursos externos actuales procedentes del Tajo y el Guadiana.
Cerdá subrayó además que “no pueden establecerse reservas indeterminadas sin concretar los fines a los que se destinan ni sus plazos de materialización”.
El responsable de Agua del Gobierno regional mantuvo anoche una reunión c
on el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, en la que le reiteró la “férrea defensa” del Gobierno regional para mantener “en las mismas condiciones en las que está” el trasvase Tajo-Segura.Cerdá manifestó que el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha “no se sostiene ni desde el punto de vista jurídico ni técnico”, y señaló que “lo más sensato es que se devuelva a las cortes castellano-manchegas y se elabore otro texto que deje de lado las competencias al agua, que son exclusivas del Estado”.
Lo que no mencionan nunca los políticos murcianos es que ni siquiera desean considerar otras opciones, como la construcción de plantas potabilizadoras del agua marina, y mucho menos restringir el uso del agua que reciben generosamente de Castilla-La Mancha y la solidaridad de los españoles para los usos agrícolas.
En lugar de eso, buena parte de los caudales que reciben van destinados al abastecimiento de los riegos de campos de golf y urbanizaciones de lujo, como la que se ha construido en Rojales.
La solidaridad inter regional, sobre todo en materia de aguas, que es un bien común de todos los españoles tiene que ser respetada, pero no puede suponer abusos.
