Barreda acepta ahora mantener el trasvase Tajo-Segura para salvar el Estatuto
por E. Vázquez
Toledo.- El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, parado en el Congreso desde la pasada legislatura, puede comenzar a ver despejarse su camino. El Gobierno regional ha ofrecido retirar la fech
a de caducidad del trasvase Tajo-Segura, que rechaza el PP.
El consejero de Presidencia, José Valverde, explicaba que "la única base previa para el acuerdo es que el Estatuto garantice agua suficiente para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha" y añadía que los socialistas pueden aprobarlo "sin que aparezca algo que afecte a otras comunidades para que nadie se sienta atacado".
Aludía así a la referencia a la caducidad del trasvase en 2015, a la que se oponían Murcia y la Comunidad Valenciana. Era un cambio radical en la actitud que ha venido manteniendo el ejecutivo de José María Barreda hasta la fecha, que piensa ahora en fórmulas como la del Estatuto de Aragón, aprobado por unanimidad y en el que la comunidad se reserva 6.000 hectómetros cúbicos de agua para su uso exclusivo (cada hectómetro cúbico equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu).
En la práctica ese pacto es papel mojado y el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dicho al Ejecutivo aragonés que no puede aplicarlo porque los grandes embalses están fuera de la comunidad y la cuenca del Ebro incluye a nueve comunidades autónomas.
En Castilla-La Mancha sería más fácil aplicarlo ya que está en la cabecera de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar y se podría asignar alguna cantidad a los embalses de cabecera. En 1999, José María Aznar pactó con el de José Bono una reserva de 240 hectómetros para la comunidad en los de la cabecera del Tajo.
El Gobierno regional considera que si aumenta esa reserva estratégica, se duplica el caudal ecológico en Aranjuez y aumenta el caudal destinado a abastecimiento a Madrid y la llanura manchega (en la cuenca del Guadiana) quedará poca agua para trasv
asar sin necesidad de incluir la caducidad en 2015 en el Estatuto.
La revisión de las demandas y caudales del Tajo se tramitan en el plan de cuenca. Sólo duplicar el caudal ecológico en Aranjuez -como estudia la Confederación del Tajo- y aumentar el abastecimiento a Madrid y a la cuenca del Guadiana detraería 200 hectómetros del trasvase. La ley permite trasvasar hasta 600 hectómetros al año, pero esa cifra es irreal. Sólo una vez, en 2000, se alcanzó. La entrada de agua en los embalses de los que parte el trasvase se ha desplomado en las últimas décadas y las previsiones dicen que caerán aún más por el cambio climático.
"Creemos que el trasvase es insostenible porque hay poca agua y hay que reforzar el caudal ecológico", comentaba Valverde, que critica que Murcia apruebe desarrollos urbanísticos enormes "a costa del agua de otra comunidad que, además, la necesita". "El trasvase debe limitarse a agua para beber", no para regadío, ha dicho el consejero castellano manchego.
Con esta postura, el Ejecutivo de Barreda también da una salida al Gobierno central, que no quer
ía fijar por ley una fecha de caducidad del trasvase aunque sí acepta aumentar la dotación del Tajo para Castilla-La Mancha y Madrid. Los socialistas de Murcia y la Comunidad Valenciana se oponían frontalmente a poner una fecha límite al trasvase.
En Toledo el PP ha eludido comentar la oferta. El diputado toledano Arturo García Tizón aseguró que opinará cuando se reciba una propuesta formal. El Estatuto suponía un embrollo para la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, candidata a presidenta de Castilla-La Mancha.
En las Cortes regionales, Cospedal apoyó el texto que incluía la caducidad del trasvase pero en el partido se impusieron las tesis de los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, y los populares se opusieron a poner fin al trasvase. Cospedal procura eludir la cuestión de cómo el partido del que ella es número dos se opone a lo que ella misma votó en su región.
En la región valenciana la propuesta de los socialistas manchegos ha sido bien acogida por los portavoces parlamentarios del PP y del PSPV en las Cortes. Tanto Rafael Maluenda, del PP, como Ángel Luna, del PSPV, celebraron el cambio de actitud de los socialistas manchegos, pero ambos expresaron las mismas cautelas.
Maluenda alertó sobre la "trampa" que implicaría renunciar a mencionar una fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura y mantener la garantía de "una reserva ecoló
gica de 600 hectómetros cúbicos" en la cuenca alta del Tajo, "lo que impediría que el agua llegara a las comarcas del sur de Alicante".
Luna también apuntó que era preciso "leer la letra pequeña" de la nueva redacción del proyecto de estatuto propuesta por los socialistas manchegos antes de echar las campanas al vuelo.
Alejandro Alonso, diputado socialista por Toledo y negociador del Estatuto, espera que el PP acepte la nueva propuesta y cree que todo está a expensas de que Cospedal acepte reunirse con Barreda para dar nuevo impulso al texto. Alonso asegura que quieren un Estatuto como el del Aragón y que la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos no iría sólo a costa del Tajo, sino de otros ríos.
a de caducidad del trasvase Tajo-Segura, que rechaza el PP.El consejero de Presidencia, José Valverde, explicaba que "la única base previa para el acuerdo es que el Estatuto garantice agua suficiente para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha" y añadía que los socialistas pueden aprobarlo "sin que aparezca algo que afecte a otras comunidades para que nadie se sienta atacado".
Aludía así a la referencia a la caducidad del trasvase en 2015, a la que se oponían Murcia y la Comunidad Valenciana. Era un cambio radical en la actitud que ha venido manteniendo el ejecutivo de José María Barreda hasta la fecha, que piensa ahora en fórmulas como la del Estatuto de Aragón, aprobado por unanimidad y en el que la comunidad se reserva 6.000 hectómetros cúbicos de agua para su uso exclusivo (cada hectómetro cúbico equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu).
En la práctica ese pacto es papel mojado y el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dicho al Ejecutivo aragonés que no puede aplicarlo porque los grandes embalses están fuera de la comunidad y la cuenca del Ebro incluye a nueve comunidades autónomas.
En Castilla-La Mancha sería más fácil aplicarlo ya que está en la cabecera de los ríos Tajo, Guadiana y Júcar y se podría asignar alguna cantidad a los embalses de cabecera. En 1999, José María Aznar pactó con el de José Bono una reserva de 240 hectómetros para la comunidad en los de la cabecera del Tajo.
El Gobierno regional considera que si aumenta esa reserva estratégica, se duplica el caudal ecológico en Aranjuez y aumenta el caudal destinado a abastecimiento a Madrid y la llanura manchega (en la cuenca del Guadiana) quedará poca agua para trasv
asar sin necesidad de incluir la caducidad en 2015 en el Estatuto.La revisión de las demandas y caudales del Tajo se tramitan en el plan de cuenca. Sólo duplicar el caudal ecológico en Aranjuez -como estudia la Confederación del Tajo- y aumentar el abastecimiento a Madrid y a la cuenca del Guadiana detraería 200 hectómetros del trasvase. La ley permite trasvasar hasta 600 hectómetros al año, pero esa cifra es irreal. Sólo una vez, en 2000, se alcanzó. La entrada de agua en los embalses de los que parte el trasvase se ha desplomado en las últimas décadas y las previsiones dicen que caerán aún más por el cambio climático.
"Creemos que el trasvase es insostenible porque hay poca agua y hay que reforzar el caudal ecológico", comentaba Valverde, que critica que Murcia apruebe desarrollos urbanísticos enormes "a costa del agua de otra comunidad que, además, la necesita". "El trasvase debe limitarse a agua para beber", no para regadío, ha dicho el consejero castellano manchego.
Con esta postura, el Ejecutivo de Barreda también da una salida al Gobierno central, que no quer
ía fijar por ley una fecha de caducidad del trasvase aunque sí acepta aumentar la dotación del Tajo para Castilla-La Mancha y Madrid. Los socialistas de Murcia y la Comunidad Valenciana se oponían frontalmente a poner una fecha límite al trasvase.En Toledo el PP ha eludido comentar la oferta. El diputado toledano Arturo García Tizón aseguró que opinará cuando se reciba una propuesta formal. El Estatuto suponía un embrollo para la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, candidata a presidenta de Castilla-La Mancha.
En las Cortes regionales, Cospedal apoyó el texto que incluía la caducidad del trasvase pero en el partido se impusieron las tesis de los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, y los populares se opusieron a poner fin al trasvase. Cospedal procura eludir la cuestión de cómo el partido del que ella es número dos se opone a lo que ella misma votó en su región.
En la región valenciana la propuesta de los socialistas manchegos ha sido bien acogida por los portavoces parlamentarios del PP y del PSPV en las Cortes. Tanto Rafael Maluenda, del PP, como Ángel Luna, del PSPV, celebraron el cambio de actitud de los socialistas manchegos, pero ambos expresaron las mismas cautelas.
Maluenda alertó sobre la "trampa" que implicaría renunciar a mencionar una fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura y mantener la garantía de "una reserva ecoló
gica de 600 hectómetros cúbicos" en la cuenca alta del Tajo, "lo que impediría que el agua llegara a las comarcas del sur de Alicante".Luna también apuntó que era preciso "leer la letra pequeña" de la nueva redacción del proyecto de estatuto propuesta por los socialistas manchegos antes de echar las campanas al vuelo.
Alejandro Alonso, diputado socialista por Toledo y negociador del Estatuto, espera que el PP acepte la nueva propuesta y cree que todo está a expensas de que Cospedal acepte reunirse con Barreda para dar nuevo impulso al texto. Alonso asegura que quieren un Estatuto como el del Aragón y que la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos no iría sólo a costa del Tajo, sino de otros ríos.
