Editorial

Restablecer el respeto, la autoridad y los buenos modales en la escuela y en la calle

Independientemente de quién haya tomado la decisión de empezar a restablecer el principio de autoridad de los docentes en la escuela, como camino para recuperar el respeto a los enseñantes, perdido desde hace tiempo por una serie de desafortunadas decisiones e indecisiones, la medida merece un aplauso.
Y aún más, sería deseable y conveniente que el ejemplo fuese seguido en el territorio español y se hiciese extensivo a la calle. Hay que recuperar el respeto y los buenos modales como norma general.
También sería oportuno invertir algunos caudales públicos en dar cursillos de formación a padres y madres sobre el modo de educar –en vez de malcriar- a sus retoños, así como fijar por ley algunas exigencias mínimas de responsabilidad en esta materia. No estaría mal de paso reponer asignaturas que antaño se impartían, como la de la urbanidad.
Como hemos señalado en alguna ocasión, la educación comienza en los hogares y debe hacerlo no consintiendo al “nene” o la “nena” todo lo que se le antoja, sino más bien enseñando desde la infancia que el respeto a los demás –incluidos padres y profesores- y el esfuerzo personal, son las claves para ser un buen ciudadano.
Pero ocurre que desde hace algún tiempo y por causas que corresponde más bien analizar a los sociólogos y a los historiadores, nada de eso es la norma, sino más bien la excepción.
Es verdad que los jóvenes han sido a lo largo de la historia rebeldes, que han tratado de crear sus propias normas al margen de los mayores y por qué no decirlo, hasta de cambiar las costumbres que no les gustaban. Y es también cierto que gracias a ese inconformismo juvenil, nuestra sociedad ha evolucionado en ocasiones hacia mejores parámetros.
Las luchas juveniles tuvieron gran sentido, por ejemplo, a la hora de oponerse a una dictadura y buscar las libertades conculcadas. Las protestas contra la guerra de Vietnam o el fascismo fueron recibidas con la simpatía de los más. Como también ha ocurrido más recientemente con las acciones contra la globalización de lo inhumano y el consumismo que distribuye veneno en forma de alimentos o drogas. O en defensa del medio ambiente. Muchos hemos deseado tener menos años para sumarnos a esos movimientos.
Nada merece más respeto que la protesta pacífica y para muchos Mahatma Gandhi sigue siendo el mejor ejemplo del triunfo de las ideas sobre la fuerza, del diálogo sobre la represión.
Pero, desgraciadamente, en ninguno de esos capítulos cabe incardinar lo que vivimos últimamente y se traduce en hechos como los de Pozuelo, la vejaciones a profesores y a otros alumnos, y más que nada en los delitos que incluyen asesinatos, violaciones y todo tipo de agresiones por razón del sexo, la raza, el origen o cualquier circunstancia diferenciadora.
La sociedad en su conjunto y los responsables políticos en particular deben asumir la responsabilidad de poner coto a esos desmanes, corregirlos e impedirlos. Cualquier dejación de responsabilidades en ese terreno entraña un elevado grado de complicidad. Los ciudadanos pagamos impuestos para que los políticos actúen y resuelvan los problemas, no para que miren a otro lado y dejen seguir las cosas sin más.
Pero hay una extendida idea entre los ciudadanos de que, pasados los primeros momentos y la primera impresión ante los hechos irregulares, la tendencia de nuestros políticos a todos los niveles es la de evitarse problemas. Llama la atención por la gravedad que a fecha de hoy, tras muchos meses, siga sin obtenerse de los asesinos de Marta del Castillo la información que permita dar con el cadáver de la víctima. Por ejemplo.
O que en las áreas periféricas de Madrid y otras ciudades crezca sin freno el fenómeno del pandillerismo, ahora impulsado por grupúsculos sudamericanos o de Europa oriental, hasta el punto de convertir en una jungla algunos lugares de nuestro país. Por no hablar del tráfico de drogas, que ya no se circunscribe a las grandes ciudades, sino que campa por sus fueros en cualquier pueblo sin que se tomen medidas eficaces para controlarlo y erradicarlo.
Las organizaciones de jóvenes, incluso las vinculadas a partidos, deberían participar más activamente en la búsqueda de ese tipo de soluciones, en vez de ser meras sucursales de sus mayores.
De poco vale inventar leyes penalizadoras del consumo de drogas o de la contaminación acústica, si a la hora de aplicarlas se quedan en agua de borrajas. Sólo sirven para engañar a quien desea dejarse engañar.
Detrás de todo eso se esconde, en última instancia, el fracaso educativo de nuestra sociedad. Hemos creado un modelo social que encumbra al que se enriquece, pero nos hemos olvidado de pregonar debidamente que no vale hacerse rico a cualquier precio. En España, al contrario que en otros muchos países europeos, no señalamos con el dedo al que se corrompe; le convertimos en modelo. Y al honrado le llamamos tonto. ¡Ya ven ustedes!
En cambio, los españoles no ponemos como ejemplo al sabio, al investigador, al filósofo o al intelectual. Les consideramos una especie de aves raras. Y pocos padres a nuestro alrededor alientan a sus hijos para convertirse en artistas, creadores u hombres de ciencia. Les cargan bien los biberones con arrogancia y les inculcan esas chulescas frases que aluden a la testosterona que son capaces de almacenar sus genitales. Y a la pasta que puedan guardar en el banco.
Hay elementos que contribuyen a que eso sea así y no como debería gustarnos. Por ejemplo la publicidad consumista y por ejemplo los vehículos de ésta, como sucede con algunos medios de comunicación. Hemos sustituido en nuestro imaginario la moralidad ultra católica por una inmoralidad ultra consumista. Y para hacerse con los bienes que nos meten hasta en la sopa y que nos dicen que equivalen a ser felices, muchos jóvenes se apartan del recto camino y son capaces de cualquier cosa para obtenerlos. De alguna manera, consumismo y dependencias a drogas de todo género –incluido el alcohol- son un moderno modo de esclavizar a los seres humanos.
Pero lo peor es que empieza a haber una generación de padres –y hasta de educadores- que ha crecido ya con ese “veneno” en el cuerpo y resulta incapaz de dar otra orientación a las nuevas generaciones. Por eso, el Estado y sus distintos gestores tienen la obligación de empezar a actuar para corregir el rumbo. Y no será tarea fácil, pero cuanto más se tarde, más difícil será encontrar las soluciones.
La decisión de intimidar a quienes se atrevan a faltar el respeto a los enseñantes, debería ser seguida por otras para que se respete igualmente a médicos, enfermeras y cualquier otro profesional en el ejercicio de sus funciones, pero sobre todo a cualquier ciudadano por el hecho de serlo. Cuando España deje de ser el país de la chulería, estaremos en el buen camino para figurar entre las naciones más prósperas.