El Congreso critica con dureza la gestión económica de Zapatero
Madrid.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha obtenido esta mañana en el Congreso de los Diputados una censura general a su política económica, que le ha llegado por todos los es
tratos del arco parlamentario.
El presidente ya daba pie a la polémica al introducir el dato, en su discurso de primera hora de la mañana, de que la subida de impuestos no estaría por encima del 1,5% del PIB (por lo que podría llegar a este 1,5%, unos 15.000 millones de euros), además de otras frases controvertidas de su discurso como «controlar el gasto no es una prioridad» o «el Fondo de Inversión Local ha mejorado las expectativas de creación de empleo».
Esta despreocupación respecto al aumento de la deuda llevó a Mariano Rajoy, presidente del PP, a volver a recordar al presidente que su política de gasto es la gran responsable de que ahora haya que subir los impuestos. Rajoy criticó las medidas del Gobierno y que en siete meses el Estado haya gastado 100.000 millones y «sólo haya recaudado la mitad».
En una línea similar se expresó el portavoz de CiU. Josep Antoni Duran i Lleida también criticó la subida de impuestos y apuntó que sería «mucho más productiva la autoridad del gasto y bajar impuestos para estimular la actividad y mejorar la situación». El portavoz catalán aseguró que el presidente «no domina la situación» y le exigió más control en el gasto, «que no significa menos inversión», por ejemplo eliminando los ministerios y altos cargos que ha creado Zapatero.
Pero ni siquiera obtuvo el presidente buenas palabras de sus aliados naturales estos últimos tiempos, como son los partidos de izquierda y el Grupo Mixto. Desde ICV-IU, Joan Herrera aseguró que «ningún Gobierno ha dado más por menos» a los bancos, y
que es injusto que plantee una subida de impuestos sin hacer lo propio con las sicav o con la «Ley Beckham» por la cual los multimillonarios tributan a un tipo mucho menor que el IRPF normal. Herrera se mostró convencido de que «con una presión fiscal del 32,8%, hay margen» para subir impuestos.
Desde ERC, por su parte, Joan Ridao consideró que el Gobierno «lo ha hecho mal, va dando puñetazos al aire», a la vez que alertó de que una subida fiscal a las rentas del capital no servirá para contrarrestar el déficit.
Además, el debate económico ha representado un relevante punto de inflexión en el tratamiento político de la crisis. Por primera vez, frente al discurso gubernamental, el principal partido de la oposición no se ha limitado a realizar una descalificación global. Por primera vez, Mariano Rajoy ha ofrecido una opción alternativa y ha brindado su implicación personal.
El tiempo dirá qué parte de esta oferta era retórica, pero es justo reconocer que la gravedad del problema -con el paro como principal exponente- ha generado una controversia constructiva que es necesario aprovechar.
El presidente del Gobierno, en una exposición escueta, ha desgranado su proyecto a corto plazo que se basa en la ley de Economía Sostenible -que sin duda acierta en el impulso a la productividad y al cambio del modelo de desarrollo- y en unos Presupuestos para 2010 en que el ga
sto no financiero del Estado se reducirá un 4,5% -el gasto medio de los ministerios bajará el 6%-, con una presión fiscal que se incrementará un 1,5% (la actual es del 32,6%).
Es decir, unos 15.000 millones de euros. Como novedad, ha anunciado un plan de apoyo al sector inmobiliario para acelerar su recuperación hasta la dimensión óptima -unas 400.000 viviendas al año- y, quizá temiendo el exabrupto del adversario, ha descartado un acuerdo global para combatir la crisis pero ha insistido en la conveniencia de lograr acuerdos con el PP en educación y energía.
La respuesta de Mariano Rajoy ha sido sobria y apropiada. El líder de la oposición embridado sus propensiones irónicas y, en tono serio y solvente, ha criticado como es natural el optimista diagnóstico del Gobierno, las vacilaciones de sus medidas paliativas y la orientación de sus recetas, pero -y esto es lo gratamente novedoso- ha formulado una propuesta de pacto de austeridad.
A su juicio, que no parece desencaminado, una subida de impuestos de la magnitud de la anunciada, lejos de incrementar la recaudación, derivará en menos inversión, menos consumo, menos empleo y menos confianza. Lo que habría que hacer -ha añadido- es racionalizar el gasto público mediante una reestructuración a la baja de las administraciones públicas. Rajoy estaría dispuesto a sentarse a negociar esta reforma con la única condición de que no suban los impuestos.
Si se piensa que el PP gobierna en siete comunidades autónomas y se considera que el despilfarro burocrático no sólo existe la administración central sino también y sobre todo en los entes descentralizados, se entenderá el alcance del acuerdo que ofrece el PP.
Además, Rajoy ha explicado con claridad que el 'cambio del modelo de crecimiento' no debe impulsarse con ánimo planificador sino con el objetivo -liberal, ortodoxo- d
e crear condiciones favorables al desarrollo empresarial. Lo urgente es, pues, remover obstáculos, flexibilizar el mercado laboral -Zapatero ha expuesto después sus conocidas objeciones-, impulsar la espontaneidad del propio mercado para que sean los empresarios quienes llenen el vacío creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Zapatero le ha objetado después, en una disquisición ideológica, que la preferencia de este Gobierno es mantener la protección social, lo que limita evidentemente la reducción posible del gasto.
Probablemente, lo que habría de hacerse es aprovechar ambas propuestas: ajustar levemente al alza la presión fiscal y acometer este plan de austeridad sugerido por la oposición, que respondería además a la evidencia de que no es sostenible un aparato público tan sobredimensionado como el que hemos construido en época de opulencia.
Rajoy ha puesto el dedo en la llaga al insinuar que Zapatero no ofrece un gran pacto de Estado, un acuerdo global, porque prefiere apoyarse en las minorías para sacar adelante unos Presupuestos basados en sus propios criterios (aunque el discurso de algunas minorías ha provocado hoy escalofríos). También es cierto que el presidente del Gobierno no podía prever que, después de meses de una oposición sistemática y sin matices, Rajoy iba a brindarle tal posibilidad, que, por el discurso de Duran Lleida, también tendría las simpatías de CiU. El asunto quedó abierto y Rajoy será convocado en Moncloa para hablar del gasto público, incluida la deuda de Gallardón.
Rajoy, en su nuevo papel sobrio y moderado, ha concluido su primera intervención rechazando las acusaciones de no querer arrimar el hombro y aceptando la búsqueda de consensos en educación y energía. No sin aprovechar la oportunidad para reprochar a Zapatero su papel escorado en el diálogo social. Y para instarle a reformar cuanto antes el mercado laboral aunque los agentes sociales no consigan el anhelado pacto.
Con debates como el de hoy, se construye país. Quizá ha sido necesario atravesar una coyuntura muy grave para lograr que los políticos traten de situarse a la altura de su responsabilidad.
Madrid.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha obtenido esta mañana en el Congreso de los Diputados una censura general a su política económica, que le ha llegado por todos los es
tratos del arco parlamentario.El presidente ya daba pie a la polémica al introducir el dato, en su discurso de primera hora de la mañana, de que la subida de impuestos no estaría por encima del 1,5% del PIB (por lo que podría llegar a este 1,5%, unos 15.000 millones de euros), además de otras frases controvertidas de su discurso como «controlar el gasto no es una prioridad» o «el Fondo de Inversión Local ha mejorado las expectativas de creación de empleo».
Esta despreocupación respecto al aumento de la deuda llevó a Mariano Rajoy, presidente del PP, a volver a recordar al presidente que su política de gasto es la gran responsable de que ahora haya que subir los impuestos. Rajoy criticó las medidas del Gobierno y que en siete meses el Estado haya gastado 100.000 millones y «sólo haya recaudado la mitad».
En una línea similar se expresó el portavoz de CiU. Josep Antoni Duran i Lleida también criticó la subida de impuestos y apuntó que sería «mucho más productiva la autoridad del gasto y bajar impuestos para estimular la actividad y mejorar la situación». El portavoz catalán aseguró que el presidente «no domina la situación» y le exigió más control en el gasto, «que no significa menos inversión», por ejemplo eliminando los ministerios y altos cargos que ha creado Zapatero.
Pero ni siquiera obtuvo el presidente buenas palabras de sus aliados naturales estos últimos tiempos, como son los partidos de izquierda y el Grupo Mixto. Desde ICV-IU, Joan Herrera aseguró que «ningún Gobierno ha dado más por menos» a los bancos, y
que es injusto que plantee una subida de impuestos sin hacer lo propio con las sicav o con la «Ley Beckham» por la cual los multimillonarios tributan a un tipo mucho menor que el IRPF normal. Herrera se mostró convencido de que «con una presión fiscal del 32,8%, hay margen» para subir impuestos.Desde ERC, por su parte, Joan Ridao consideró que el Gobierno «lo ha hecho mal, va dando puñetazos al aire», a la vez que alertó de que una subida fiscal a las rentas del capital no servirá para contrarrestar el déficit.
Además, el debate económico ha representado un relevante punto de inflexión en el tratamiento político de la crisis. Por primera vez, frente al discurso gubernamental, el principal partido de la oposición no se ha limitado a realizar una descalificación global. Por primera vez, Mariano Rajoy ha ofrecido una opción alternativa y ha brindado su implicación personal.
El tiempo dirá qué parte de esta oferta era retórica, pero es justo reconocer que la gravedad del problema -con el paro como principal exponente- ha generado una controversia constructiva que es necesario aprovechar.
El presidente del Gobierno, en una exposición escueta, ha desgranado su proyecto a corto plazo que se basa en la ley de Economía Sostenible -que sin duda acierta en el impulso a la productividad y al cambio del modelo de desarrollo- y en unos Presupuestos para 2010 en que el ga
sto no financiero del Estado se reducirá un 4,5% -el gasto medio de los ministerios bajará el 6%-, con una presión fiscal que se incrementará un 1,5% (la actual es del 32,6%).Es decir, unos 15.000 millones de euros. Como novedad, ha anunciado un plan de apoyo al sector inmobiliario para acelerar su recuperación hasta la dimensión óptima -unas 400.000 viviendas al año- y, quizá temiendo el exabrupto del adversario, ha descartado un acuerdo global para combatir la crisis pero ha insistido en la conveniencia de lograr acuerdos con el PP en educación y energía.
La respuesta de Mariano Rajoy ha sido sobria y apropiada. El líder de la oposición embridado sus propensiones irónicas y, en tono serio y solvente, ha criticado como es natural el optimista diagnóstico del Gobierno, las vacilaciones de sus medidas paliativas y la orientación de sus recetas, pero -y esto es lo gratamente novedoso- ha formulado una propuesta de pacto de austeridad.
A su juicio, que no parece desencaminado, una subida de impuestos de la magnitud de la anunciada, lejos de incrementar la recaudación, derivará en menos inversión, menos consumo, menos empleo y menos confianza. Lo que habría que hacer -ha añadido- es racionalizar el gasto público mediante una reestructuración a la baja de las administraciones públicas. Rajoy estaría dispuesto a sentarse a negociar esta reforma con la única condición de que no suban los impuestos.
Si se piensa que el PP gobierna en siete comunidades autónomas y se considera que el despilfarro burocrático no sólo existe la administración central sino también y sobre todo en los entes descentralizados, se entenderá el alcance del acuerdo que ofrece el PP.
Además, Rajoy ha explicado con claridad que el 'cambio del modelo de crecimiento' no debe impulsarse con ánimo planificador sino con el objetivo -liberal, ortodoxo- d
e crear condiciones favorables al desarrollo empresarial. Lo urgente es, pues, remover obstáculos, flexibilizar el mercado laboral -Zapatero ha expuesto después sus conocidas objeciones-, impulsar la espontaneidad del propio mercado para que sean los empresarios quienes llenen el vacío creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.Zapatero le ha objetado después, en una disquisición ideológica, que la preferencia de este Gobierno es mantener la protección social, lo que limita evidentemente la reducción posible del gasto.
Probablemente, lo que habría de hacerse es aprovechar ambas propuestas: ajustar levemente al alza la presión fiscal y acometer este plan de austeridad sugerido por la oposición, que respondería además a la evidencia de que no es sostenible un aparato público tan sobredimensionado como el que hemos construido en época de opulencia.
Rajoy ha puesto el dedo en la llaga al insinuar que Zapatero no ofrece un gran pacto de Estado, un acuerdo global, porque prefiere apoyarse en las minorías para sacar adelante unos Presupuestos basados en sus propios criterios (aunque el discurso de algunas minorías ha provocado hoy escalofríos). También es cierto que el presidente del Gobierno no podía prever que, después de meses de una oposición sistemática y sin matices, Rajoy iba a brindarle tal posibilidad, que, por el discurso de Duran Lleida, también tendría las simpatías de CiU. El asunto quedó abierto y Rajoy será convocado en Moncloa para hablar del gasto público, incluida la deuda de Gallardón.
Rajoy, en su nuevo papel sobrio y moderado, ha concluido su primera intervención rechazando las acusaciones de no querer arrimar el hombro y aceptando la búsqueda de consensos en educación y energía. No sin aprovechar la oportunidad para reprochar a Zapatero su papel escorado en el diálogo social. Y para instarle a reformar cuanto antes el mercado laboral aunque los agentes sociales no consigan el anhelado pacto.
Con debates como el de hoy, se construye país. Quizá ha sido necesario atravesar una coyuntura muy grave para lograr que los políticos traten de situarse a la altura de su responsabilidad.
